La transnacional canadiense Cooke Aquaculture acusó a cuatro ONG's ambentalistas de "falta de rigurosidad" y de "sostener falsamente" que la firma tiene operaciones dentro de un parque nacional y de que estaría "más allá de su biomasa autorizada".
Todo partió con una carta a El Mercurio que representantes de Greenpeace, Clima AIDA, ONG FIMA y Codesa firmaron ayer. En esa misiva se refirieron a la recriminación que Cooke hizo a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) por supuestamente incumplir un acuerdo al que la firma había llegado el año pasado con el Gobierno, para relocalizar sus operaciones.
"Que Cooke Aquaculture acuse a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) de incurrir en un 'grave incumplimiento' por ejercer sus funciones demuestra una profunda falta de respeto a los territorios y a la institucionalidad, considerando el enorme historial de infracciones con el que carga la empresa", señalaron desde las ONG's.
"Cabe recordar que en 2020, Sernapesca informó a la SMA que el centro Huillines 3 (operado por Cooke en el Parque Nacional Laguna San Rafael) alcanzó una producción total de 5.163 toneladas de salmones, 5.038 toneladas por sobre lo autorizado (más de 4.000%). Y esta no fue la primera vez: ya se habían detectado importantes sobreproducciones en 2012, 2014 y 2016, lo que evidencia un historial de infracciones reiteradas dentro de un Parque Nacional", agregaron.
En esa línea, apuntaron a que "lejos de asumir responsabilidad y enfocarse en tomar medidas correctivas para cumplir con la normativa, la empresa ha respondido acusando persecución, animadversión y conspiración, por parte de las organizaciones que han denunciado las irregularidades".
Agregaron, a ello, que "en este contexto, la SMA, cumpliendo con su rol fiscalizador, inició un procedimiento sancionatorio solicitando al Tercer Tribunal Ambiental la paralización de las operaciones del centro mientras se resuelve el proceso, considerando que la empresa no solo sobreproduce, sino que también elude nuestro sistema de evaluación ambiental".
Hoy Cooke contestó. "La carta de ayer, suscrita por representantes de cuatro ONGs especializadas en obstruir proyectos privados y alejados de la realidad técnica, nos dan una tremenda oportunidad para que los lectores aprecien la falta de rigurosidad con que estas entidades operan en Chile", comenzó diciendo Andrés Parodi, CEO Latam Cooke Chile.
"Los representantes de las ONGs sostienen falsamente que Cooke tendría operaciones dentro de un Parque Nacional y que estaría produciendo más allá de su biomasa autorizada. Nada de ello es cierto. Cooke no tiene operaciones en parques nacionales ni áreas protegidas y su producción se ha sometido siempre a los límites máximos establecidos por la Subsecretaría de Pesca, organismo que autoriza el número exacto de siembra", continuó argumentando.
Luego, expuso que "hace un año, suscribimos un compromiso voluntario de relocalización, porque una de nuestras operaciones se encuentra 'cerca' y no 'en' un parque nacional. Lo hicimos de buena fe y con espíritu colaborativo, en un acuerdo firmado con los ministros de Economía y Medio Ambiente, además de los subsecretarios de Pesca y de las Fuerzas Armadas, en representación del Estado de Chile".
"Allí -indicó asimismo- el Estado se comprometió a coordinar sus organismos para que se respetaran los derechos adquiridos de las dos empresas participantes, mientras se tramitan los permisos para la relocalización, desde los lugares en que producimos hace casi 14 años, sin causar daño alguno al ecosistema".
"Pero hace unos días, la SMA, incumpliendo el acuerdo, pidió que se prohibiera a Cooke sembrar para la próxima temporada, lo que equivale, en la práctica, a una expropiación encubierta, a la muerte de la faena y a la pérdida de empleos en el sur del país. Esa es la verdad de nuestra empresa", añadió.
Concluyó señalando que "Solo nos resta creer, como inversionistas extranjeros que confían en la certeza jurídica del país, que los ministros Nicolás Grau y Maisa Rojas y los subsecretarios Julio Salas y Galo Eidelstein harán cumplir lo que acordaron con su firma, en representación del Gobierno y del Estado de Chile".
