Cuando el 9 de diciembre del presente año el Tribunal Ambiental de Antofagasta anuló el fallo del Comité de Ministros, revirtiendo el rechazo a la ejecución del bullado proyecto minero-portuario Dominga, entregó un plazo de 15 días hábiles a los secretarios de Estado para volver a sesionar y deliberar sobre la iniciativa que busca emplazarse en La Higuera, región de Coquimbo.
A juicio del tribunal, los ministros transgredieron el principio de imparcialidad al haber manifestado con anterioridad y de manera pública su rechazo a Dominga, propiedad de Andes Iron.
"El principio de imparcialidad ha sido infringido de manera sustantiva, debido a que las autoridades indicadas se manifestaron previamente sobre la materia, como consta en el Informe de la Comisión Investigadora y en la nota de prensa de 11 de agosto de 2021", dictó el fallo.
A 14 días del dictamen y a una semana de cumplirse el plazo para que vuelva a sesionar el Comité de Ministros, el Gobierno de Gabriel Boric ejecutó ayer acciones antes de que el Comité de Ministros vuelva a sesionar para tomar una decisión sobre Dominga, lo que debería ocurrir a más tardar el próximo martes 31 de diciembre, según el plazo dado por el Tribunal.
Ahora bien, el Gobierno aún no entrega luces respecto a si la instancia sesionará dentro del plazo ordenado, y es que probablemente está a la espera de un pronunciamiento de la Corte Suprema antes de ejecutar cualquier decisión.
De hecho, durante el transcurso de la mañana, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) anunció la presentación de un recurso de casación ante el máximo tribunal con el fin de anular el fallo del Tribunal Ambiental antofagastino y respaldar la resolución del Comité de Ministros que sesionó el 18 de enero de 2023.
Además, el SEA pidió al mismo tribunal que suspenda los efectos de la sentencia mientras el recurso se resuelve en la Corte Suprema, instancia que no cuenta con plazo para deliberar y que dentro de sus facultades puede dictaminar una orden de no innovar durante los próximos días. Con esto, la determinación de Dominga podría recaer incluso en el próximo Gobierno.
Al respecto, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, aseveró que "que estos recursos son parte de nuestra institucionalidad jurídica, son recursos que se pueden utilizar y estamos ejerciendo el derecho para utilizarlos para defender la decisión del Comité de Ministros del año 2023, una decisión que fue fundada y apegada a la institucionalidad".
"Recordemos que en dicha sesión el Comité de Ministros estuvo a la vista los informes de los órganos técnicos con competencia ambiental de la evaluación del servicio ambiental y de una manera unánime resolvió acoger las 12 reclamaciones que se nos presentaron y de esa manera y en consecuencia calificar de manera desfavorable el proyecto", agregó.
El SAE considera que el tribunal antofagastino "excede sus competencias legales al especificar en detalle cómo debe estructurarse el acto administrativo de reemplazo.
Posteriormente, fue la propia Maisa Rojas quien informó que los ministros que participaron del Comité que rechazó el proyecto Dominga se inhabilitarán del próximo proceso. "Nos marginamos porque ya nos pronunciamos con nuestro voto", justificó la secretaria de Estado.
Pero la marginación de los titulares de Medio Ambiente, Salud, Energía, Minería, Economía y Agricultura no fue lo único. El Gobierno envió un ofició a la Contraloría para "que nos ayude a resolver tanto la composición como la presidencia de un nuevo comité que deba resolver este fallo".
En relación a esto, Maisa Rojas comentó que "durante el año 2023 hubo dos solicitudes a Contraloría para que se pronunciara respecto a si yo estaba o no estaba inhabilitada en el Comité de Ministros del año 2023 y, en agosto del 2023, la Contraloría publicó su dictamen en la cual deja claro de que yo no estaba inhabilitada":
Por tal razón, desde el Ejecutivo buscan lineamientos para la conformación del Comité de Ministros. Al respecto, al ser consultado por Emol, desde el órgano liderado por Dorothy Pérez indicaron que no hay fechas para emitir un pronunciamiento al respecto, sembrando aún más la incertidumbre sobre cuándo se zanjará la discusión por el proyecto Dominga.