Desde el mundo empresarial valoraron, pero también expusieron ciertos reparos tras la profunda reforma al sistema de pensiones que despachó a ley ayer el Congreso.
En concreto, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), la Cámara Nacional de Comercio (CNC) y la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) manifestaron algunos efectos que la normativa podría generar, sobre todo en el mercado del trabajo y la inversión.
Desde la CPC, su presidenta,
Susana Jiménez, destacó la importancia del acuerdo alcanzado en el Congreso.
"El hecho que aumenten las pensiones actuales y futuras de los chilenos hace de esta reforma un hito importante en materia previsional, fruto del acuerdo entre los distintos sectores políticos".
Asimismo, valoró que la ley incentive el ahorro previsional mediante el aumento de la cotización individual. "Entre lo positivo, destacamos que la ley busque aumentar el ahorro subiendo la cotización destinada a las cuentas de capitalización individual de los trabajadores. Se mantiene así el sistema que ha demostrado ser efectivo a la hora de resguardar y multiplicar el ahorro, junto con darle la necesaria mayor profundidad al mercado de capitales", añadió.
No obstante, Jiménez advirtió sobre aspectos que generan incertidumbre para el sector privado.
"Sin embargo, hay puntos que siguen preocupándonos y exigen mucha responsabilidad por parte de los actores del sistema, como es el efecto de la reforma en el mercado laboral formal, el rol que pueda tomar el Estado y el efecto de la licitación de stock, entre otros".
En esa línea, llamó a priorizar el crecimiento económico. "Ya aprobada la reforma, se hace muy necesario volver a focalizarnos en medidas de fomento de la inversión y el crecimiento, de manera de lograr que aumente el empleo y las oportunidades para las personas", finalizó.
En tanto, la presidenta de la Sofofa, Rosario Navarro, si bien también valoró que el Congreso haya despachado la reforma, subrayó la necesidad de medidas complementarias.
"Valoramos la aprobación de la Reforma de Pensiones tras más de una década de discusiones, lo que permite mejorar las condiciones de jubilación y aumentar el ahorro en Chile", dijo. Sin embargo, enfatizó que el empresariado asumirá un rol central en el financiamiento de la reforma.
"Es necesario enfatizar que el sector empresarial será el principal contribuyente de los cambios propuestos y en este sentido se hace urgente el impulso de una agenda mucho más ambiciosa para recuperar la competitividad, reducir la carga tributaria y fomentar un mercado laboral dinámico", aseveró.
Además, advirtió sobre los desafíos tecnológicos y la necesidad de preparación ante nuevas disrupciones.
"También es urgente una agenda para la adaptación tecnológica ante disrupciones como la inteligencia artificial. Llamamos a crear un clima propicio para el crecimiento, la inversión y la generación de empleos de calidad", concluyó.
En una misma línea, José Pakomio, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC), manifestó que "sin dejar de destacar el consenso político que se logró sobre la reforma de pensiones y el haber destrabado una discusión de más de una década, es clave que ese entusiasmo no se diluya, porque viene lo más difícil: implementarla de manera efectiva, asegurando que empleadores y trabajadores reciban la información, capacitación y asesoría adecuada".
Para Pakomio, este es un desafío tanto para el sector público como para el privado.
En ese sentido, aseveró que "las empresas, sobre todo las de menor tamaño, necesitarán apoyo en la adaptación a los nuevos requerimientos, no solo en lo técnico, sino también en los costos asociados. La reforma debe aplicarse sin afectar la sostenibilidad del empleo formal, el crecimiento económico ni la inversión".
"Es fundamental estar alerta para que los mayores costos no terminen deteriorando la viabilidad de las empresas, considerando además que la discusión sobre políticas laborales no termina aquí y debemos recordar estos desafíos en los futuros debates, asegurando que cada reforma fortalezca el desarrollo del país sin poner en riesgo su competitividad", añadió.
Asimismo, menciono que "este cambio puede tener profundas consecuencias en la formalización laboral, una preocupación transversal para todos los sectores y que requiere un foco de trabajo conjunto, que incentive más y mejores empleos en Chile".
Por eso, sostuvo que ven con preocupación, por ejemplo, que "las autoridades de gobierno, incluso antes de aprobarse esta ley, ya estén hablando de presentar un proyecto de ley para aumentar la participación del estado en el mercado de las AFP, pudiendo deshacer lo recientemente acordado".
"El incremento de cotización representa un factor de riesgo significativo"
Desde la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), en tanto, expresaron su preocupación por los efectos que tendrá la reforma en el empleo, los salarios y la formalidad laboral.
Si bien la CCS valora los esfuerzos por mejorar las pensiones, advierte que el aumento de la cotización en 7 puntos para los empleadores podría reducir el empleo formal hasta en un 3,4% y disminuir los salarios en torno al 5%.
Además, el gremio alertó sobre mayores costos para las empresas, especialmente las pymes, y un alza en la informalidad.
"La reforma tiene elementos positivos en términos de aumentar el ahorro previsional y mejorar las pensiones de los trabajadores, pero es fundamental considerar los impactos que podrían comprometer esos mismos objetivos. Se deben además mitigar los impactos con una agenda laboral que simplifique la inversión y cree incentivos importantes a la generación de empleo formal", señaló María Teresa Vial, presidenta de la CCS.
El gremio también hizo hincapié en el impacto del aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU), alertando sobre el incentivo que podría generar hacia la informalidad. "Si bien es un avance positivo en términos de protección social, el incentivo que genera hacia la informalidad debe ser analizado con mayor profundidad, considerando los umbrales adecuados para su aplicación", dijo vial.
Otro punto crítico señalado es la cotización adicional de 1,5% destinada a compensar la mayor expectativa de vida de las mujeres.
"Esta medida genera un precedente que podría intensificarse en el futuro y refuerza los efectos negativos sobre el empleo, los salarios y la formalidad. En vez de parches, se requiere una discusión estructural sobre la sostenibilidad del sistema previsional", agregó Vial.
En cuanto a financiamiento, advirtió sobre el mecanismo de "aporte diferido con rentabilidad protegida", que implica un préstamo de los cotizantes al Estado, señalando la necesidad de mayor claridad en su aplicación.