La empresa acuícola Cooke Chile,
reiteró su rechazo al "animo persecutorio" por parte de las autoridades ambientales con apoyo ambientalista.
Esto, luego de que el Juzgado de Garantía y Familia de Puerto Aysén condenara a la firma al pago de una multa de 500 UTM ($32 millones) y la suspensión de operaciones en nueve centros de cultivo, la semana pasada.
La sanción responde a la entrega tardía de información sobre mortalidades generadas entre las semanas 26 y 29 de 2023 en los centros de cultivo, presuntamente infringiendo la Ley de Pesca.
Desde la firma aseguraron que la multa implica la suspensión de operaciones por 24 meses de nueve de sus centros de cultivo que representan casi la totalidad de su producción.
Ante esto, la empresa acuícola con capitales canadienses señaló su rechazo categórico a la aplicación de sanciones "desproporcionadas" por un presunto retraso y aclaró que se cumplió con la entrega semanal de los datos requeridos por la autoridad.
"¿En qué país civilizado, que promueve el funcionamiento normal de las actividades productivas, es concebible que el Estado ordene el cierre de una empresa por un atraso de dos días en la entrega de un formulario? Es de público conocimiento que existen organismos estatales que se retrasan más de 10 años en otorgar un permiso y nadie ha solicitado que sean cerrados por esta razón. Sin ir más lejos, el Estado demoró más de trece años en tramitar la relocalización de nuestras concesiones", indicó la empresa.
Además, expresó nuevamente su preocupación por lo que considera un trato "injusto" por parte de la autoridad. "Si alguien tenía dudas del ensañamiento que debemos enfrentar en contra de Cooke, este último episodio retrata de cuerpo entero el ánimo persecutorio en contra de nuestra empresa. Tampoco es aceptable que las ONG’s ambientalistas, contrarias a la salmonicultura, tengan como patrón de conducta atacar comunicacionalmente, tergiversando la realidad, para hacer aparecer a las empresas como infractoras de la normativa ambiental, en circunstancias que nuestro compromiso permanente es respetar siempre el entorno natural".
Estas declaraciones se suman a las realizadas por su gerente general, Andrés Parodi, quien a fines de febrero acusó a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) de mantener una "conducta obstructiva" contra el sector empresarial y de incumplir acuerdos alcanzados con la compañía acuícola y más tarde, cuestionó el financiamiento de algunas ONG ambientalistas.
"¿Cómo es posible que en los procedimientos sancionatorios la SMA actúe en tándem con ONG ambientalistas que reciben financiamiento internacional para destruir empresas, trabajo, aportes tributarios y oportunidades para localidades vulnerables?", sostuvo en esa oportunidad en una carta a El Mercurio.
Por último, Cooke informó que "esta sanción no es definitiva y ha sido impugnada judicialmente por la empresa, porque es desproporcionada y expropiatoria. Además, la medida contradice los plazos establecidos en el reglamento realmente aplicable, los cuales siempre y en todo momento han sido cumplidos por Cooke".
