Cada año, entre marzo y abril, las pymes chilenas enfrentan uno de los trámites más engorrosos del calendario tributario. La Operación Renta, se trata de un compromiso clave para mantenerse dentro del marco legal y proyectar el crecimiento empresarial. Sin embargo, aún son muchas las pequeñas y medianas empresas que descuidan este proceso, sin dimensionar las consecuencias que puede acarrear.
Según cifras del Ministerio de Economía, las pymes representan cerca del 98% del total de empresas del país. Para ellas, cumplir con la entrega del Formulario 22 —que detalla ingresos, egresos, utilidades y pagos provisionales del año anterior— es tanto una obligación como una oportunidad para transparentar su situación ante el Servicio de Impuestos Internos (SII).
“Hay una expectativa constante de estar disponibles, de no fallar, de cumplir con exactitud, y eso termina por pasar la cuenta. La autoexigencia y la presión externa se retroalimentan en estos períodos”, comenta la psicóloga Bárbara Kübler, CHRO en Talana.
La informalidad, muchas veces asumida como una forma de ahorrar tiempo o dinero, termina siendo una trampa. “Hay una falsa percepción de que no declarar significa no pagar, cuando en realidad el costo de no cumplir puede ser mucho más alto”, advierte Andrea Filipini, socia de Tax & Legal en BDO Chile. Y es que los efectos de no presentar el Formulario 22 (F22), corazón de la Operación Renta, no se limitan a sanciones económicas.
Las expertas en finanzas destacan las cinco consecuencias a las que se arriesgan las pymes si no cumplen con esta obligación a tiempo y en forma:
1. Multas e intereses que afectan el flujo de caja
El SII puede aplicar una multa base del 10% del impuesto adeudado, que aumenta un 2% por cada mes de retraso, con un tope del 30%. A esto se suman intereses mensuales del 1,5%. “Cuando no conocen sus números reales, las empresas terminan recibiendo sorpresas desagradables”, señala Blanca Vives, especialista en asesoría tributaria. Estas cargas imprevistas pueden comprometer la liquidez del negocio.
2. Registro como “no declarante” ante el SII
Al no presentar la declaración, la empresa es clasificada como “no declarante F22”, lo que le impide acceder a certificados tributarios esenciales y puede cerrar puertas en licitaciones, alianzas comerciales y procesos bancarios. Esta etiqueta debilita la credibilidad y formalidad de la pyme frente a terceros.
3. Fiscalización intensiva y auditorías
El incumplimiento puede activar procesos de fiscalización más exhaustivos por parte del SII, lo que incluye citaciones, requerimientos de información y auditorías. Por eso, Filipini recomienda mantener consistencia entre las declaraciones juradas y el F22, respaldar toda la información con documentación y cumplir rigurosamente los plazos.
4. Riesgos con la nueva Ley Antievasión
A partir de 2025, los bancos deberán reportar movimientos inusuales, como recibir más de 50 abonos de distintos RUT en un mes o más de 100 en un semestre. Si la empresa no tiene respaldos tributarios, estos reportes podrían desencadenar fiscalizaciones. La informalidad digital ya no pasa desapercibida.
5. Pérdida de oportunidades y acceso limitado a beneficios
Una empresa que no está al día con sus obligaciones tributarias queda fuera de muchas convocatorias públicas, fondos concursables, rondas de inversión y plataformas que exigen cumplimiento normativo. En un mercado cada vez más trazable y regulado, operar sin una base tributaria sólida es quedarse rezagado.
