Después de un amplio respaldo en la Cámara de Diputados, el Gobierno valoró el avance legislativo del proyecto que reforma el corazón de la actual Ley de Pesca, particularmente en lo relativo al fraccionamiento de los recursos marítimos.
Desde el Ejecutivo, destacaron el "claro apoyo" al sector artesanal y subrayaron que se trata de una corrección estructural al modelo vigente.
"Primero, quiero resaltar que hemos tenido prácticamente unanimidad, solo una abstención, apoyando este proyecto que va a permitir tener, primero, una legislación pesquera en materia de fraccionamiento, es decir, cómo se distribuyen los recursos marítimos entre el sector industrial y artesanal, con un claro apoyo al desarrollo de la pesca artesanal", señaló el ministro de Economía, Nicolás Grau.
La iniciativa busca redefinir la asignación de cuotas pesqueras y reforzar la equidad entre sectores. En ese sentido, el ministro remarcó que "los peces son de los chilenos y lo razonable es que se distribuyan de manera justa, y eso es lo que hemos avanzado de manera decidida el día de hoy".
La iniciativa ha sido objeto de un amplio debate, pero también ha cosechado importantes consensos políticos.
Grau agradeció el respaldo del Congreso y valoró la forma en que se ha discutido la iniciativa. "Creemos que estamos logrando tener una distribución de los recursos marinos discutida de manera transparente. Y en última instancia, a pesar de todos los debates que han existido, con grandes apoyos y grandes consensos".
Pese al respaldo, algunos artículos deberán resolverse en Comisión Mixta, debido a discrepancias entre ambas cámaras. Según explicó el titular de Economía, esto representa una oportunidad para fortalecer el proyecto. "Nos va a permitir lograr acuerdos relevantes, por ejemplo, en el caso de la merluza, por ejemplo, también en el caso de las licitaciones", señaló.
Cabe recordar que el proyecto original fue dividido en dos partes: por un lado, el proyecto de fraccionamiento, y por otro, el resto del articulado correspondiente a la nueva Ley de Pesca, cuyo objetivo es derogar la normativa vigente.
