SANTIAGO.- Los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, miembros del Grupo de Lima, condenaron la detención del diputado opositor venezolano Juan Requesens y la orden de captura de su par Julio Borges, por parte de la administración de Nicolás Maduro.
Requensens declaró bajo arresto haber tenido contacto con uno de los implicados en el supuesto atentado contra Maduro. Mientras que Borges, quien se encuentra en Colombia, fue acusado de estar detrás de los hechos.
A través de una declaración pública, el Grupo de Lima indicó que "hacen un exhorto urgente al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para que se conduzca una investigación independiente, exhaustiva y transparente sobre el evento que tuvo lugar el 4 de agosto, durante los actos de celebración del 81 aniversario de la creación de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, con objeto de esclarecer los hechos de manera imparcial, con pleno respeto del estado de derecho y de los derechos humanos".
Asimismo, dijeron que "repudian cualquier intento de manipulación que se haga del incidente ocurrido el 4 de agosto para perseguir y reprimir a la disidencia política".
Y aseguraron que "condenan y rechazan firmemente la violación del debido proceso penal y de las normas internacionales en materia de procuración de justicia y respeto de los derechos humanos, durante la detención arbitraria, ilegal y sin investigación previa, del diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Carlos Requesens, así como la orden de captura emitida contra el diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, Julio Borges, en abierta violación a sus fueros parlamentarios y a las garantías e inmunidades previstas en la Constitución".
Con ello, expresaron "su profunda inquietud por la utilización de las instituciones de seguridad y procuración de justicia del Estado venezolano para perseguir a los opositores políticos, lo que evidencia una vez más la ruptura del orden democrático y el quebrantamiento de la Constitución de ese país, contraria a la voluntad del pueblo venezolano".
Junto a ello, reiteraron "su profunda preocupación por la situación de todos los presos políticos en Venezuela y exigen su inmediata liberación, haciendo un urgente llamado a las autoridades venezolanas para que se respeten las garantías y libertades políticas de todos los ciudadanos venezolanos, así como la convocatoria de elecciones libres, transparentes y democráticas".
"Sólo los venezolanos pueden encontrar la solución para la grave crisis que afecta a ese país hermano", señalaron y reafirmaron “su compromiso de seguir tomando acciones e iniciativas dirigidas a contribuir a la restauración de la institucionalidad democrática, el respeto de los derechos humanos y la plena vigencia del estado de derecho en Venezuela", remataron.
Posición que también fue expresada por el canciller Roberto Ampuero, a través de su cuenta de Twitter:
