El pasado 24 de abril, el mediático ex juez
Sergio Moro anunció que dejaba el cargo de ministro de Justicia de Brasil en rechazo a algunas medidas tomadas por el Presidente
Jair Bolsonaro. El abogado -convertido en una suerte de "rockstar" por un sector de su país debido a su rol en el caso Lava Jato- era uno de los personeros estrella del Gobierno, en el marco del discurso anticorrupción enarbolado por el Mandatario. Sin embargo,
poco más de un año después de su designación, todo quedó en nada.
El día de su renuncia, el ex magistrado convocó a los medios de prensa para comunicar su dimisión, luego de que Bolsonaro decidiera unilateralmente destituir a Mauricio Valeixo de la jefatura de la Policía Federal (PF), organismo dependiente del Ministerio de Justicia y encargado de la investigación de casos de corrupción. En su lugar fue designado Alexandre Ramagem, hombre cercano a sus hijos.
Para Moro, la salida de su hombre de confianza obedecía a la intención del Presidente brasileño de
"interferir políticamente" en la PF. Esta teoría, asegura, habría quedado demostrada en un video analizado el martes por la justicia de una reunión entre Bolsonaro y sus asesores donde, según los abogados del ex ministro de Justicia,
habría asegurado que removió al jefe de la Policía para proteger a su familia. En el Gobierno, en tanto, rechazan esa versión.
Con esta supuesta revelación, se suma un capítulo más a esta serie que tiene a todos los brasileños pendientes y que podría concluir incluso con un juicio político en contra del jefe de Estado.
Qué contendría el video
La denuncia de Moro y el nombramiento de Ramagem como jefe de la Policía, obviamente que dio que hablar: el organismo está a cargo de los operativos anticorrupción en Brasil y ahora debía investigar a dos hijos del jefe de Estado: el senador Flavio Bolsonaro y su hermano Carlos. El primero está acusado de presunto fraude y blanqueo de capitales, mientras que el segundo estaría involucrado en la divulgación de noticias falsas a través de redes sociales, trama que estaría conectada directamente con el Gobierno.
Y este escándalo tuvo sus consecuencias:
Bolsonaro revocó la designación de Ramagem tras la negativa del Tribunal Federal Supremo, que aseguró que en este nombramiento hubo "incumplimiento de los principios constitucionales de impersonalidad, moralidad e interés público".
Asimismo, la justicia inició una investigación donde ya se interrogó a Moro y a tres ministros de Bolsonaro. En el marco de la indagatoria, los investigadores accedieron el martes al video de una reunión ministerial del 22 de abril en la que, según reportes, el Presidente defiende el cambio en puestos clave en la policía para proteger a familiares y amigos de una supuesta "persecución".
Fuentes próximas a la investigación citadas por medios locales han considerado que el video podría realmente poner en problemas al Mandatario.
De acuerdo con la prensa, Bolsonaro y sus ministros
utilizan lenguaje ofensivo al referirse a otros políticos, a jueces del Tribunal Supremo e incluso a China, principal socio comercial de Brasil.
Según el abogado Rodrigo Sánchez Rios, que representa a Moro, el material "confirma integralmente" las sospechas volcadas por el ex juez de la operación Lava Jato en relación a Bolsonaro, por lo que "es de extrema relevancia" que su contenido, hasta ahora bajo secreto de sumario, sea divulgado.
La respuesta de Bolsonaro
Un día después de que se filtrara el contenido del video, Bolsonaro sacó el habla y rechazó las acusaciones. El Mandatario aseguró que la grabación no lo incrimina y, a pesar de admitir que en la reunión se refirió a amigos y familiares, alegó que estaba hablando de su seguridad y no de blindarlos ante investigaciones.
"En ningún momento digo 'Policía Federal'.
No existe esa palabra en todo el video (...) No existe la frase 'investigación sobre mis hijos'. Me refiero a la seguridad de mi familia y mis amigos.
¿O creen que no existe interés en perjudicar a alguno de mis hijos?", afirmó el gobernante a la salida de su residencia oficial en Brasilia.
En esa línea, Bolsonaro defendió que ese fragmento de la grabación se haga público, pero advirtió que otras partes de la reunión no deberían ser reveladas porque tratan de asuntos comerciales, diplomáticos o de "asuntos personales" reservados.
Ahora, falta la voz de la justicia. La
Fiscalía General decidirá si acusa al Presidente por obstrucción de la justicia o abuso de poder. Si el Supremo Tribunal Federal y dos tercios de la Cámara baja del Congreso ven mérito en algún cargo, sería suspendido de su cargo y sometido a juicio ante la máxima corte.
El caso, no obstante, también podría tener consecuencias judiciales para Moro, que podría responder por delitos como calumnia o prevaricación.
