Sede de la Fiscalía afectada por la detonación de un explosivo este lunes, en la ciudad de Trujillo (Perú).
EFE
Un nuevo hecho de violencia sacude a Perú. La madrugada del lunes 20 de enero se produjo un atentado con explosivos en la sede del Ministerio Público en la ciudad de Trujillo, dejando al menos dos personas heridas e importantes daños estructurales, encendiendo las alarmas en las autoridades, que anunciaron nuevas medidas.
De acuerdo con la investigación policial, dos sujetos en motocicleta habrían dejado un artefacto que detonó frente al edificio de ocho pisos, hiriendo a un vigilante del lugar y un conductor de taxi que se encontraba en la zona, además de causar importantes daños tanto en el edificio de la Fiscalía como en negocios y casas cercanas.
El gobierno de
Dina Boluarte condenó el incidente ocurrido en la tercera ciudad más grande del país, calificándolo de
"terrorismo urbano" y anunció medidas inmediatas con el fin de restablecer la seguridad en la región.
"Ante el cobarde acto de terrorismo urbano ocurrido en Trujillo, el Gobierno, con el objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía, anuncia que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Perú (PNP) tomarán el control de la ciudad en el marco del estado de emergencia", señaló el canal de X de la Presidencia de la República del Perú.
Esta acción se suma a la extensión del estado de emergencia que ya se había implementado en la región nortina de La Libertad (cuya capital es Trujillo) y en otras zonas del país, como parte de los esfuerzos del gobierno peruano para frenar la delincuencia y el crimen organizado. En el caso del norte, este problema está relacionado principalmente con actividades mineras ilegales.
"Ante el cobarde acto de terrorismo urbano ocurrido en Trujillo, el Gobierno, con el objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía, anuncia que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Perú (PNP) tomarán el control de la ciudad en el marco del estado de emergencia"
Gobierno de Perú
En la zona de Pataz, también en la región de La Libertad, la violencia por parte de mineros ilegales no cesa. En noviembre de 2024 un atentado dejó 4 fallecidos y un herido en una mina de la provincia y en las últimas dos semanas la empresa minera "Poderosa" reportó al menos dos ataques contra torres de alta tensión que abastecen de energía a sus operaciones.
El presidente del Consejo de Ministros del Perú, Gustavo Adrianzén, advirtió que los explosivos utilizados en el atentado del lunes en Truji podrían tener su origen en la minería ilegal, la cual estaría abasteciendo a las organizaciones criminales.
Según Adrianzén, materiales como dinamita estarían llegando al mercado negro a través del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), herramienta que algunos sectores estarían utilizando de manera irregular.
"La minería ilegal no solo afecta nuestras zonas andinas, sino que también financia actos delictivos en las ciudades", añadió el primer ministro, sugiriendo que el atentado podría estar relacionado con las recientes detenciones de bandas criminales en la región.
Además, el político peruano señaló que una de las fiscales de Trujillo que investiga a organizaciones criminales en esa ciudad recibió amenazas luego del ataque en la sede del Ministerio Público, y que, por este motivo, se le va a "brindar protección a todos los jueces y fiscales".
El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, coincidió en que la Policía Nacional brindará seguridad a los jueces y fiscales que tienen a su cargo el juzgamiento de organizaciones criminales en el norte del país. Esta medida ha sido tomada para que los magistrados y fiscales "tengan la tranquilidad de acusar y juzgar" a los responsables de las bandas del crimen organizado en esta parte del país.
