El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
EFE
El régimen de Nicolás Maduro rechazó este viernes lo que calificó como una "ridícula maniobra" de Chile de entregar a la Corte Penal Internacional (CPI) información sobre el crimen del exmilitar venezolano Ronald Ojeda.
El homicidio y secuestro del exteniente opositor al régimen, ocurrido en febrero de 2024 en ese país, es considerado por Caracas como un "caso aislado" que ha sido "alimentado de patrañas".
A través de un comunicado, el chavismo expresó su categórico rechazo a la "absurda farsa" que el "decadente" gobierno chileno pretende "montar" en el tribunal de La Haya.
El comunicado asegura que la información entregada está "basada en mentiras y falsedades que solo existen en la imaginación de quienes han decidido hacer de la política exterior un espectáculo de mala calidad".
El documento dado a conocer por el ministro de Exteriores de Venezuela, Yván Gil, consignó que "la CPI no es un tribunal que ventila las fábulas fantasiosas de imberbes politiqueros ni un escenario para montajes mediáticos".
Esa acción, según Caracas, "no solo carece de fundamentos jurídicos, sino que se sostiene en un odio vicioso contra Venezuela, evidenciando la desesperación por complacer agendas que les ordenan desde los EE.UU. que buscan erosionar la soberanía de los Estados".
"Chile, en lugar de prestarse para maniobras vergonzosas, debería enfocarse en sus propios y graves problemas internos, incluyendo la sistemática violación de los derechos humanos del pueblo mapuche y la represión de la protesta social", agregó el comunicado.
La crítica desde Venezuela ocurre mientras que el ministro de Relaciones Exteriores chileno, Alberto van Klaveren, y el fiscal nacional de Chile, Ángel Valencia, se reúnen en La Haya con autoridades de la CPI para entregar información sobre el crimen y sus sospechas de una posible "motivación política".
Según Valencia, los antecedentes "más que contundentes" van a "compartirlos con las autoridades de la CPI para que puedan sumarlos en la investigación que ya están llevando a cabo por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela".
Ojeda, disidente del chavismo y asilado político en Chile, fue secuestrado el 21 de febrero de 2024 desde su domicilio en Santiago por un grupo de hombres vestidos como agentes de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI).
Sus restos fueron hallados diez días después en una localidad periférica de la ciudad, en un campamento, y sepultados bajo un bloque de concreto.
Hasta ahora, se han identificado, al menos, 16 personas como participantes del asesinato, siete de las cuales se encuentran detenidas en el país.
Otros dos sospechosos están en Colombia y dos más en Estados Unidos, todos ellos en proceso de extradición a Chile.
