SANTIAGO.- Hasta el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago se dirigió esta mañana el ex candidato presidencial,
Marco Enríquez - Ominami, quien junto a su ex asesor
Cristián Warner, fueron formalizados en el marco del caso OAS.
La fiscal de alta complejidad de la fiscalía Metropolitana Centro Norte, Ximena Chong, le imputó a ambos cargos por delitos tributarios en razón de una presunta facilitación de facturas ideológicamente falsas. Pero además al ex líder del Partido Progresista lo acusó por ilícitos relacionados con un supuesto fraude al fisco.
El tribunal decretó la medida cautelar de
firma mensual para ambos y fijó un plazo de
90 días para investigar los delitos eventualmente cometidos entre los años 2013 y 2014.
"Se formalizó al imputado Marco Enríquez Ominami y además al imputados Cristián Warner tanto por delitos tributarios como además, en el caso de Enríquez Ominami, por delito de fraude al fisco, a nuestro juicio, ocasionado a raíz de la rendición al Servicio Electoral (Servel) de antecedentes falsos para efectos de obtención de reembolso por el gasto público electoral" que efectuó ME-O en su candidatura presidencial durante las eleccione del 2013, precisó Chong tras la audiencia.
Y continuó: "Esto dice relación por la emisión por parte de Cono Sur Research SPA -firma perteneciente a Warner- de dos facturas, una emitida a nombre del candidato y otra al Partido Progresista, amparadas en un supuesto contrato de prestación de servicios publicitarios".
"En definitiva, se ha logrado establecer en la investigación que tales prestaciones de servicios no fueron realizadas por el señor Warner" y que solo una parte de éstas habrían sido hechas por un publicista brasileño, "habiéndose realizado la transferencia de fondos recién en junio del 2014".
Lo anterior, "por un monto muy inferior a aquel monto que fue percibido en definitiva por el concepto de devolución por parte del Estado producto del gasto electoral realizado", agregó la persecutora.
Chong detalló que ME-O habrían entregado al Servel dos facturas por concepto de devolución por gasto electoral: "una de $170 millones y la otra es de $180 millones rendida por el Partido Progresista".
"La afirmación que hace el Ministerio Público en la formalización es que efectivamente se trata de la obtención de una subvención estatal, en este caso como es el reembolso por gasto electoral con antecedentes falsos", recalcó la fiscal.
Asimismo, Chong afirmó que este supuesto fraude al fisco "se trata de un delito cometido una vez. Sin perjuicio de aquello, el Servicio Electoral ha realizado una denuncia que está en investigación actual, pero que dice relación con la última de las campañas, pero por un hecho diverso".
Finalmente, la persecutora indicó que "la estimación del perjuicio fiscal dice relación con los monto que fueron aprobados en la devolución (por gasto electoral)", sumado al perjuicio fiscal asociado a "la contabilización de las facturas falsas que facilitó el candidato y el señor Warner a la empresa OAS Chile".
