VALPARAÍSO.- Desde el Gobierno lamentaron la aprobación a la acusación constitucional que hoy se dio en la Cámara de Diputados en contra del intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara. Libelo que avanzó gracias a que la oposición se cuadró y lo respaldó con 74 votos a favor, frente a los 71 de rechazo y una abstención.
Según aseguraron los ministros de Interior, Gonzalo Blumel, y Segpres, Felipe Ward, si esta acción logra pasar la barrera en el Senado, significaría "un riesgo" para la seguridad y orden público, ya que a su juicio podría inhibir a que otras autoridades actúen ante la posibilidad de una acusación constitucional (que tiene como consecuencia el ser destituido del cargo y la imposibilidad de ejercer cargos públicos por cinco años).
"Se ha cometido una injusticia, se ha tomado una decisión muy equivocada. La defensa ha sido muy contundente y categórica en demostrar que el intendente Felipe Guevara no ha cometido ninguna infracción constitucional. No solo eso, el intendente ha estado permanentemente haciendo su máximo esfuerzo por recuperar los espacios públicos, por recuperar la ciudad y por devolverle el derecho a vivir una vida tranquila a todos los ciudadanos de la Región Metropolitana, especialmente a quienes viven en el entorno de Plaza Italia. Por eso es lamentable esta decisión, no solo es una injusticia, sino que es una decisión muy equivocada", planteó el titular de Interior.
En ese sentido aseguró que "si esta acusación constitucional prospera, lo que se va a hacer es que se va a causar un grave daño a todas las autoridades que tienen la obligación de cautelar el orden público". Blumel planteó que "¿cómo usted le va a pedir a los intendentes de todo el país que tomen decisiones en materia de orden público, si por esas decisiones en definitiva, se les acusa constitucionalmente y sin ningún fundamento?".
Así el ministro dijo tener la "confianza y convicción" de que en el Senado, cuando la acción se vote el próximo 3 de febrero, la situación se revierta y advirtió que "si esta acusación prospera, y lo quiero decir como ministro del Interior y Seguridad Pública, se le causa un grave golpe a la capacidad de nuestras autoridades que tienen un mandato constitucional y legal para resguardar el orden público. Eso es lo que está en juego: la posibilidades que lo intendentes y autoridades que tienen responsabilidades puedan resguardar el orden público y defender los derechos de todos los ciudadanos".
Reemplazantes
Con él coincidió el titular de la cartera de Segpres, Felipe Ward, quien cuestionó que se "juzgue" a las autoridades por lo que él considera es "cumplir con su función y contribuir para que los vecinos recuperen la paz ciudadana"
"Cuando una autoridad está llamada a defenderlos (a los vecinos), los defiende y luego es acusada y eventualmente separada de su cargo por cumplir con la Ley, bueno, creo que la lista de reemplazantes no va a ser muy larga", sostuvo.
Según el ministro la acción se aprobó hoy en la Cámara por que "faltó que (los diputados) comprendieran y leyeran el contenido de la acusación. Lo digo con mucho respeto. No hay causas en virtud de lo que establece la Consitución para poder acusar en justicia al intendente; cumplió con la ley, tomó una determinación de apoyar a los ciudadanos, de jugársela por su gente. Eso fue lo que hizo el intendente, que se le acusa de cumplir con algo que están pidiendo a todas las autoridades, todos los chilenos en distintas ciudades".
Manifestación pacífica
En tanto, el diputado Diego Ibáñez (CS), quien es uno de los impulsores del libelo, integró la comisión encargada de revisarlo y ahora será además uno de los diputados encargados de presentar la acción ante el Senado, apuntó a la administración del Presidente Sebastián Piñera asegurando que lo ocurrido "constata que lamentablemente este Gobierno no está escuchando a las mayorías".
"Cuando se aprueban leyes sobre el antisaqueo, que la verdad son leyes antiprotestas, parece que el Gobienro ve en los problemas sociales la manifestación pública y no el sistema de AFP, el sistema de salud y no la desigualdad. Si sigue con es objetivo entre los ojos, lamentablemente va a terminar la profundización del problema de gobernabilidad", indicó el frenteamplista.
Asimismo la diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS), quien cumplirá el mismo rol que Ibáñez, insistió en la crítica a la estrategia de copamiento realizada por Carabineros bajo la administración de Guevara en la Región Metropolitana, y dijo lamentar el análisis del Gobierno respecto a la procedencia de la acusación.
"Lamento las palabras del ministro Blumel, yo creo que no ha entendido lo que nosotros hemos querido decir. Aquí lo que existe es un derecho fundamental de poder reunirse, de protestar pacíficamente. Sin embargo, todo lo que tiene que ver con la violencia que está alrededor o que pueda nacer de una manifestación pacífica no corresponde, y ahí sin duda puede haber delito, no corresponde que sean en forma violenta", declaró.
