Para fines de junio quedó la audiencia de preparación de juicio oral del ex fiscal del Ministerio de Obras Públicas (MOP) en La Araucanía, Cristian Ríos y otras dos personas acusadas del delito de cohecho reiterado.
La fecha de la cita debió ser postergada ante la pandemia del covid-19.
En el marco de las indagatorias que se siguen en la región por supuestas coimas en la cartera, la fiscalía regional pidió la pena de 7 años de reclusión mayor en su grado máximo y una multa de $99 millones para Ríos, a quien se acusa de haber solicitado dinero para concretar adjudicaciones o destrabar pagos.
A los otros indagados, Oscar Vicencio y Yarela Almonacid, se solicitaron 5 años y $38.500.000, y 818 días y $7.500.000, respectivamente.
"Atendida la alerta sanitaria, el tribunal garantía de Temuco reprogramó la audiencia de preparación de juicio oral que se había fijado para el lunes 13 de abril por la causa de fraude al fisco (...) el tribunal fijó la referida audiencia para el día 30 de junio", indicó el persecutor de la Unidad de Delitos de Corrupción, Cristian Crisosto.
Los hechos, según la fiscalía
De acuerdo a la acusación del Ministerio Público, Ríos era el encargado, entre otras cosas, de asesorar legal y jurídicamente a la Secretaría Regional del MOP, aplicar sanciones, controlar la legalidad de los actos y procedimientos administrativos, fiscalizar reparticiones, entre ellas la Dirección Regional de Vialidad, y verificar la legalidad de las decisiones de las comisiones de evaluación.
En dichas circunstancias, el "acusado incumplió los deberes de su cargo, solicitando dinero a diversos usuarios y contratistas del MOP para, entre otras gestiones, tramitar procedimientos administrativos, acelerar la dictación de actos trámite para cursar estados de pago, para aprobación de liquidaciones finales, aprobación de liquidaciones provisorias, modificaciones de contratos, aumentos de plazos de contratos, adjudicaciones de contratos, sin atender a los requisitos legales o reglamentarios que para cada procedimiento administrativo correspondía aplicar".
Para ello, sostiene el ente persecutor, Ríos
solicitaba dinero personalmente y a través de Vicencio, mientras Almonacid colaboró facilitando su cuenta corriente.
Entre los hechos, destaca uno de 2017, año en que Ríos -dice la fiscalía- le solicitó al empresario Bruno Fulgeri -quien también denunció al ex diputado Gustavo Hasbún- $10 millones por asegurarle la adjudicación de contratos "sin atender a los requisitos establecidos en la licitación, pago al cual el señor Fulgeri Sagredo se negó con diversas evasivas".
$99 milloneses la multa que la fiscalía solicita para el ex fiscal del MOP.
En 2018, añade la acusación, volvió a solicitarle en reiteradas oportunidades a Fulgeri el pago "por haber hecho gestiones anteriores para conseguir la efectiva adjudicación de los contratos".
"El acusado de esta manera incumplió sus deberes funcionarios puesto que solicitó dinero por ejercer desviadamente sus funciones de control de legalidad y de fiscalización como Fiscal Regional del Ministerio de Obras Públicas, en cuanto a la legalidad de los contratos y su eficiente adjudicación", sostiene el documento.
Las multas solicitadas, en el caso del ex fiscal del MOP de $99 millones, son por los montos que los acusados habrían solicitado.
