Las autoridades suspendieron la entrega del beneficio mientras se aclara la situación.
El Mercurio.
La Contraloría General de la República instruyó la realización de un sumario administrativo en la Intendencia y el Gobierno Regional de Arica y Parinacota, luego de declarar ilegal la compra de 22.500 cajas de alimentos por parte del Ejecutivo, la cual se hizo de manera directa a una empresa que no tiene que ver con ese rubro.
El objetivo, según señaló el ente fiscalizador, es "determinar la existencia de eventuales responsabilidades administrativas en los hechos a que se refiere el considerando de esta resolución, así como respecto de cualquier otro hecho irregular que se advierta durante el curso de su tramitación".
La decisión fue adoptada luego de constatar que la operación realizada con la empresa
Tobar y Tobar Ltda. no se ajustó a derecho, dado que el objeto social de esa compañía está dirigido a actividades de asesoría empresarial y jurídica, intermediación financiera, fabricación y reparación de componentes electrónicos y de iluminación, reciclaje de desperdicios y venta de artículos usados.
Asimismo, destacaron que en el portal del Servicio de Impuestos Internos, dicho contratista declara como giro otras actividades de impresión; consultoría de gestión; alquiler de otros efectos personales y enseres domésticos; organización de convenciones y de exposiciones comerciales, y otras actividades.
"En consecuencia, ni el objeto social ni el giro declarado ante el SII de la empresa Tobar y Tobar Ltda. tienen relación con el objeto del contrato, sin que en el acto administrativo se señalen los motivos para, primero, requerirle una cotización, y luego subscribir un contrato con la modalidad de trato directo", explicaron.
Cabe destacar que la investigación se inició luego de que el pasado 5 de junio, el senador José Miguel Insulza (PS) junto al diputado Luis Rocafull (PS) denunciaran que se estaban cometiendo irregularidades en el suministro de las canastas familiares creadas con la finalidad de mitigar los efectos económicos de la propagación del covid-19 en la región.
Ante esta situación, este sábado, la intendencia decidió suspender la entrega del beneficio y ordenó un sumario interno para determinar las responsabilidades correspondientes.
