Juan Francisco Galli, subsecretario del Interior.
La Segunda (archivo)
Con rechazo reaccionaron en el Gobierno después de que esta semana representantes del Frente Amplio (FA) presentaran un requerimiento ante el Tribunal Constitucional, para impugnar al menos 13 artículos de la ley de migraciones, despachada a principios de este mes.
Fue el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, quien manifestó sus cuestionamientos al recurso interpuesto ante el TC, y que fue impulsado por Revolución Democrática y organizaciones migrantes.
Los puntos puestos en duda por la tienda son aquellos relativos a la afectación al derecho de libre circulación, como aquel que menciona las facultades que tendría la PDI para frenar el ingreso a personas exportadas de otros países o con antecedentes por Interpol. También mencionan las normas de expulsión y aquella referida al acceso a derechos sociales que generaría una "disminución arbitraria" ya que se contempla que en el mes 24 residencia en Chile de manera legal se puede acceder a beneficios no contributivos (como bono marzo). También se apunta en contra del retorno asistido de niños, niñas y adolescentes.
Al respecto, Galli manifestó que "después de 8 años de tramitación, de discusión parlamentaria, el Frente Amplio recurre al Tribunal Constitucional para poder imponer aquellos puntos donde ellos no estuvieron de acuerdo y perdieron las votaciones en el Congreso Nacional".
"Este proyecto de ley es completamente constitucional, y es más, aquellas normas que están siendo impugnadas van a tener efectos que pueden ser dramáticos para la migración", subrayó.
A juicio del subsecretario, si las normas son declaradas inconstitucionales "no podríamos tener visado para los turistas que vengan de Venezuela, de Haití o de Colombia, impidiendo un adecuado orden y control en el ingreso a nuestro país".
Asimismo, afirmó que se restringirían "las facultades de la PDI de controlar el ingreso de aquellas personas que hayan sido previamente expulsadas o se les haya prohibido el ingreso a nuestro país, obligándonos a recibirlo para recién iniciar con un proceso de expulsión".
"Creo que aquí tenemos diferencias sustantivas, creemos nosotros y lo hemos dicho desde un principio como Gobierno, que para tener una migración regular, ordenada y segura, es necesaria esta regulación migratoria. Hay otros que al parecer lo que quieren es abolir las fronteras y permitir la entrada de cualquier persona sin ningún control", finalizó Galli.
