Tras meses de negociaciones, los partidos políticos con representación parlamentaria alcanzaron ayer lunes un acuerdo para iniciar un nuevo proceso constituyente en el país.
A diferencia del frustrado primer periodo del ciclo constitucional que inició Chile el 15 de noviembre de 2019, la segunda parte contará con una nueva instancia, más acotada que la Convención Constitucional y que estará acompañada por un panel de expertos, encargado de velar por el cumplimiento de las bases institucionales.
A continuación te explicamos las tres instancias que protagonizarán la redacción de la nueva propuesta del texto fundamental.
Consejo Constitucional
Reemplazará a la extinta Convención Constitucional, aunque su tamaño será bastante más acotado pero manteniendo el principio de paridad. Estará compuesto por 50 personas que serán elegidas mediante votación directa, en elecciones de carácter universal y obligatorias.
El sistema electoral será aplicable a las circunscripciones senatoriales. Esto quiere decir, por ejemplo, que la Región Metropolitana y de Valparaíso elegirán cinco consejeros, mientras que Tarapacá y Ñuble elegirán dos integrantes.
Además, el Consejo estará integrado por escaños reservados indígenas suprarnumerarios, que serán asignados de acuerdo al porcentaje de votación efectiva que tenga la elección de abril próximo.
Su labor: Discutir y aprobar una propuesta de texto de una nueva Constitución. Una vez terminada su tarea se disolverá. Para aprobar cada norma constitucional necesitará de 3/5 partes de los consejeros en ejercicios, y cuya propuesta final también requerirá una aprobación del mismo quórum.
Comisión Experta
Esta instancia es nueva. Estará conformada por 24 personas que deberán tener una "indicustible trayectoria profesional, técnica y académica", como suscribe el acuerdo.
Al igual que el Consejo Constitucional, será paritaria, aunque sus integrantes serán designados por el Congreso Nacional, 12 por la Cámara Baja y 12 por el Senado, "en proporción a la representación de las distintas fuerzas políticas y aprobada por 4/7 de los miembros en ejercicio de las respectivas Cámaras.
"No podrán ser parte de la Comisión personas que tengan inhabilidad para ser candidatos a cargos de elección popular", aclara el acuerdo.
Su labor: Redactar un anteproyecto que servirá de base para la discusión y redacción del nuevo texto constitucional que realice el Consejo. Cada decisión deberá contar con un quórum de 3/5 de sus miembros.
La Comisión Experta iniciará su labor en enero de 2023 y luego se incorporará al Consejo, donde sus integrantes podrán hacer uso de la palabra en cada ocasión.
Una vez que se presente la propuesta de Constitución, previa armonización, los expertos entregarán un informe al Consejo donde podrán formular propuestas para mejorar la redacción y comprensión de las normas.
Las sugerencias serán aprobadas por el Consejo Constitucional si cumplen con el quórum de 3/5 de sus miembros. "Por el contrario, las propuestas de normas se entenderán rechazadas cada una por las 2/3 partes de los miembros en ejercicio", indica el acuerdo.
Toda propuesta que no sea ni aprobada ni rechazada pasará a una Comisión Mixta, integrada por doce personas, entre expertos y consejeros por partes iguales, que deberán resolver el debate con el voto del 60% (3/5 partes) de la instancia. "En caso de no lograr dicho quórum, la Comisión Experta, dentro del plazo de 5 días, por 3/5 partes de sus miembros, presentará una nueva propuesta al Consejo Constitucional para que se conforme a las reglas generales", dice el pacto.
Comité Técnico de Admisibilidad
Esta instancia estará integrada por 14 personas, que deberán ser juristas "de destacada trayectoria profesional y académica".
Éstas serán elegidas por el Senado en base a un listado previo elaborado por la Cámara Baja. "Ambas votaciones deberán contar con el apoyo de 4/7 de los miembros en ejercicio", aclara el texto firmado este lunes por los partidos.
Su labor:
Revisar las normas aprobadas por el Consejo Constitucional y la Comisión de Expertos, a fin de establecer cuándo una propuesta viola o no las bases institucionales establecidas en las negociaciones.
Podrá pronunciarse si es que una quinta parte del Consejo o dos quintas partes de la Comisión lo requiera.
"El Comité resolverá conociendo los antecedentes de derecho, aplicando las bases constitucionales, conforme a las normas e interpretación constitucional", consigna el acuerdo.
Sus resoluciones deberán ser adoptadas dentro de tres días, ampliándose a cinco para incorporar los fundamentos. Su decisión no podrá ser modificada por ningún órgano alguno, tanto nacional como internacional.
De declarar inadmisible una norma, esta no podrá ingresar al texto constitucional. En caso de que la vulneración sea la omisión de algunas de las bases institucionales, el Comité notificará a la Comisión Experta la redacción de una propuesta que será deliberada por el Consejo Constitucional.
