Un oficio de Contraloría complica a la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler. Y es que el ente fiscalizador le pide a la autoridad comunal transparentar la compra de un inmueble que utilizaba la ex Clínica Sierra Bella, para utilizarla como la primera clínica municipal de Chile.
Tras obtener el visto bueno del concejo municipal la semana pasada, la municipalidad se dispuso a pagar la suma de $8.200 millones por las dependencias, sin embargo, según acusó la concejala independiente Rosario Carvajal, esto sería un sobreprecio ya que el avalúo fiscal del inmueble es de $1.940 millones.
Esta jornada la alcaldesa aseguró que, de todas maneras, responderán a Contraloría. "Nos han pedido entregar antecedentes sobre la compra de un inmueble tan importante para la comuna de Santiago, una inversión comprando la primera clínica municipal, y por tanto vamos a entregar los antecedentes".
Y agregó "particularmente nos pidieron las tasaciones, que es justamente el proceso que orienta la Contraloría, y, por tanto, los vamos a poner a disposición para mostrar que este procedimiento ha sido todo con el cumplimiento de la normativa, con probidad y además con un sentido público muy relevante de poder fortalecer la salud de todas las personas".
La ex Clínica Sierra Bella, ubicada en la calle homónima, inició recientemente una batalla judicial en contra de la corredora LarraínVial y dos de sus ex ejecutivos, acusando una eventual participación de lavado de activos por "negligencia inexcusable".
Pero esa no es la única polémica que envuelve a Sierra Bella, pues, mientras la clínica se encontraba activa, acumuló un largo historial de querellas en su contra por negligencias médicas, apuntando a millonarios montos por indemnizaciones.
Las querellas
El 21 de septiembre de 2010, Isabel Margarita Gómez (42) se sometió a una liposucción y lipoinyección. Cuando estaban suturándola, la paciente presentó bradicardia, pérdida de conciencia y la muestra de sangre en el corazón confirmó presencia de grasa.
Momentos después murió en el lugar por una embolia grasa pulmonar. La familia se querelló en 2014 y acusa que hubo omisiones respecto a los riesgos del procedimiento y la inexistencia de instalaciones y especialistas en reanimación. La familia pide una indemnización de $200 millones.
Adela Lagos Urrea tuvo a su hijo en la Sociedad Médica y Maternidad Sierra Bella. Tras el parto, el doctor tratando le habría comentado que vio un mioma en el procedimiento y que era mejor sacarle el útero, sin realizar biopsia. También le propuso ponerle una malla que va en la vejiga, para evitar una leve incontinencia urinaria.
Así, el 27 de julio de 2010 el doctor habría llegado con influenza a hacer la operación, se le olvidó poner la malla. Debieron alcanzarlo en el estacionamiento para recordárselo. La paciente en el postoperatorio ya había perdido el control de la orina, pero le dieron el alta. En los meses siguientes siguió con incontinencia total.
En marzo de 2011 volvió por la incontinencia y dolores. Un examen en otro reciento de salud reveló que la malla estaba mal puesta. El 20 de marzo fue operado nuevamente y se le quitó la malla para ponerle otra que se adheriría "en 8 meses".
Tras el alta de esa intervención sufrió hemorragias y siguió con incontinencia que no le permitía hacer vida normal. El 25 de septiembre de 2012 llegó al Hospital Padre Hurtado por hemorragia y notaron que le habían puesto la segunda malla sobre la otra, sin quitar la primera, que se habían adherido y que tenía Litiasis vesical y cólico renal.
Los cuatro años de incontinencia y un examen forzoso dejaron a Lagos Urrea con secuelas en el esfínter y terapia psicológica, por lo que pide una indemnización de cerca de $400 millones.
Otra querella en contra del recinto es la de la familia de Ana Tello Pardo, quien el 7 de agosto acudió a la clínica por dolor abdominal. El médico le hizo una ecotomografía, diagnosticó cálculos biliares y le recomendó operarse en la Clínica Sierra Bella.
El 27 de agosto la paciente se somete a la cirugía, donde el médico aseguró que le sacó una parte de la vesícula para biopsia y la dio de alta. En las siguientes visitar la mujer expresó dolor. De hecho, el 14 de febrero ella insiste y el doctor la mandó "al psiquiatra".
El 11 de marzo de 2013 un médico de la posta advierte que Ana tiene evidencias de cáncer, lo que es confirmado el 14 de marzo de 2013 en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Tenía cáncer de la vesícula biliar.
En ese recinto aseguraron no entender el procedimiento que se le hizo en Sierra Bella. 10 días después,
Ana falleció. Debido al caso el marido de Ana demandó al médico tratante por
$450 millones por daño emergente y daño moral.
Por otro lado, Verónica Cesiver Cevallos está demandando a la clínica pidiendo una indemnización de $112 millones. Esto ya que tras realizarse un PAP en abril de 2013, un doctor del recinto detectó un quiste y miomas, por lo que le recomendó la extracción del útero.
El 27 de mayo de 2013 se sometió a la cirugía, por lo que estuvo hospitalizada cinco días con dolor, hinchazón y estado de sopor.
El 3 de junio acudió nuevamente y se determinó que le habían dejado la cúpula vaginal cerrada y debían abrirla. Le dieron antibióticos y transfusión de sangre. Días después Cesiver no mejoraba por lo que su familia la trasladó al Hospital Borja Arriarán el 12 de junio, donde le diagnosticaron peritonitis a causa de una perforación en el colon que había derivado en septicemia. Debido a esto estuvo 27 días con riesgo vital.
Otro caso es el de María Elisa Mera Matus. quien el 6 de julio de 2016 concurrió a la clínica en cuestión a sacarse el dispositivo intra uterino (DIU) anticonceptivo.
Tras la operación ella comenzó a tener fiebre. Tras eso estuvo hospitalizada dos días, con mala reacción a los antibióticos. Luego del alta, que fue dado por un médico interno, ella continuó con malestares, por lo que fue a ver al mismo doctor que la trató a Integramédica, pero este no la atendió, indicándole que debía esperar su control, el que fue una semana después. Sobre los dolores, le dijo que era "alharaca" y le dio el alta definitiva el 28 de julio.
Siempre con dolor, el 23 de septiembre consulta con un doctor del Hospital del Profesor, quien le pide un scanner urgente. El 6 de octubre la operaron y le sacaron tres compresas que quedaron adheridas al útero, intestino y trompa de falopio. La afectada demandó en dos ocasiones al recinto de salud. En la primera, en 2018, pide una indemnización de $100 millones, mientras que en la segunda, de 2020, $120 millones.
Cirugías estéticas mal realizadas
En 2015 y en 2016 Evangelina Quezada Jiménez demandó a la Clínica Sierra Bella y al médico Mario Rodríguez del Rey por quedar en coma luego de someterse a un bypass gástrico.
La operación se realizó el 4 de diciembre de 2012. Tras el post operatorio la trasladaron a una pieza sin equipamiento médico. Al día siguiente mencionó sentirse muy mal y le dijeron que era normal. Al segundo día, comenzó a perder el conocimiento.
Al tercero empeoró y su hija pidió su traslado, a lo que le sugirieron Clínica Cordillera. Allí llegó el 7 de diciembre a la UCI en extrema gravedad. El diagnóstico fue "derrame pleural y atelectasia bilateral, imágenes compatibles con colecciones intraabdominales".
Como debían operarla nuevamente, la hija pidió llevarla a la Clínica Alemana donde le informaron que la lesión fue provocada por uno de los corchetes de la cirugía bariátrica. Quezada Jiménez estuvo 14 días en coma inducido, lo que le conllevó problemas motores. En consecuencia pide una indemnización de $43 millones por gastos médicos y $80 millones por daño moral.
Debido a una abdominoplastía y una extracción de hernia umbilical,
Rafaela Almonte Alvarado se querelló contra la clínica y contra el médico Hugo Bosch. La cirugía se realizó el 18 de mayo de 2013, sin embargo el doctor habría llegado una hora tarde, por lo que la mujer expresó que se había pasado el efecto de la anestesia y sintió mucho dolor, especialmente durante la sutura.
Además, la mujer acusa que Bosch le sacó más piel de lo necesario, por lo cual su abdomen resultó tenso que ocasionó que la piel se abriera y generara necrosis.
Sobre eso, le cobraron una malla quirúrgica que no le implantaron. También acusa haberle quitado el drenaje antes de tiempo, atención displicente y resultados peores que al inicio. La mujer exige una indemnización de $97 millones.
El 14 de octubre de 2015 Daniela Jeria Castillo acudió a una consulta con el médico Jorge Torres –querellado- gracias a un Grupón que había obtenido para realizarse cirugía estética.
Este -según la querella- le sugirió ponerse implantes mamarios, levantamiento de senos (mastoplexia), abdominoplastía y lipoaspiración de tronco y piernas, sin embargo la especialidad del médico era obstetricia y ginecología, no cirujano plástico.
El pabellón, acusó la mujer, era un box médico donde la paciente fue sometida a anestesia "combinada" y no general, por lo que relató que sintió todo por seis horas. En un punto pidió terminar el procedimiento y le habrían respondido que debía "aguantarse".
Al primer control, la joven habría detectado el ombligo desplazado hacia un costado, la cicatriz de la abdominoplastía casi al centro del abdomen y el implante izquierdo más alto. El médico le habría dicho que eso cambiaría en un lapso de seis meses.
Daniela, debió someterse a otras de tipo reconstructivas. Por esto demanda a la clínica y al médico con una indemnización de
$22 millones por daño emergente y
$34 millones por daño moral.
Silvia Touzeri Uribe habría sufrido una situación similar en el centro de salud, con el mismo médico y a través de Grupón. El 4 de agosto de 2014 la paciente se realizó una lipoaspiración grado II abdominal y una mini abdominoplastía. Los resultados fueron un retroceso al estado inicial, con deformidades en el abdomen y dolores.
El 5 de mayo de 2017 un cirujano plástico la evaluó, certificando varios problemas, siendo la deformidad del ombligo uno de ellos. Todo esto le habría generado a Silvia varios problemas del ánimo. Torres no asistió a ninguna de las cuatro audiencias de mediación, mientras que la afectada pide una indemnización de $41,5 millones.
Fallecimiento de neonatos
Una trágica situación vivió Jennifer Pérez quien viajó desde Chañaral a Santiago a tener a su hijo. Desde el 26 de febrero de 2015 se encontraba hinchada en extremo, sin dormir, con dolor pélvico y orinando rosado.
Se programó una cesárea para el 5 de marzo, día en que se le ingresó a las 16:30 en la clínica. Tras dos horas y media de espera, nadie la habría atendido o revisado y le pidieron que regresara a las 21:00 porque la clínica estaban "colapsada". A las 21:45 la recibe un funcionaria y, luego, la matrona no habría encontrado los latidos del bebé.
La matrona habría dicho que"su bebé tanto pidió salir y ahora estaba muerto" y el doctor, ante la desesperación de la madre habría afirmado "¡está muerto y no hay más que hacer!".
Hicieron cesárea de urgencia y se constató que
el niño murió por hipoxia Fetal Circular Irreductible al Cuello dos horas antes de la cesárea (20:00). Al día siguiente el doctor le habría dicho que fue una negligencia y que eso pondría en el certificado. En la Ficha Médica se acredita que ella ingresó a las 17:13 por lo tanto ella era responsabilidad de la clínica. Pérez demanda al centro de salud por
$150 millones de indemnización.
Camila Pérez pasó por una situación semejante. Ella acudió a su último control prenatal el 17 de julio de 2019, cuando tenía ya 40 semanas de gestación. Tenían en consideración que su primer hijo nació por cesárea ya que ella no dilató más de 4 cm por lo que, si eso pasaba, debía repetirse.
Ese día, a las 21:00 horas comenzó con contracciones por lo que acudió, sin embargo, a las 00:34 la matrona -Marta Mujica- le habría dicho que no hacían cesáreas en la noche y que solo tenía un centímetro de dilatación, por lo que debía regresar a la casa.
A las 7:00 horas y tras hablar con la matrona, Camila volvió a la clínica con contracciones cada tres minutos pidiendo cesárea, por lo que una hora y 15 minutos más le habrían puesto anestesia.
Pérez asegura que el monitoreo fetal no fue constante porque la clínica estaba "colapsada". A las 9:00 llegó el doctor –Esteban Alwane- y le comunicó que podría haber parto normal en 5 o 6 horas. Pasadas bastantes horas, a las 13:00 la matrona rompe la bolsa y se percata de que los latidos del bebé comienzan a bajar drásticamente, sin embargo el médico estaba atendiendo otro parto a 21 kms y no había otro médico de turno.
A las 13:30 la frecuencia cardiaca de la guagua era anormal y pidieron pabellón para una cesárea que comenzó a las 14:35. El nacimiento ocurre una hora después del aviso al médico con el niño ya fallecido. El pediatra Francisco Oda lo trató de reanimar sin éxito. Su causa de muerte fue aspiración por meconio.
Debido a esto, Pérez demanda a la clínica, al médico, a la matrona y a la pediatra, y pide una indemnización de $150 millones por cada padre.
