Durante los alegatos en el Tribunal Constitucional (TC) la semana pasada, el Gobierno adelantó que había una nueva solicitud de indulto en trámite, que correspondía a un condenado por delitos cometidos en el contexto del estallido social.
El ministro de Justicia, Luis Cordero, posteriormente puntualizó que la persona estaba cumpliendo pena por el lanzamiento de artefactos incendiarios, pero no entregó mayores detalles, ya que —dijo— el expediente todavía no llegaba a su oficina.
Se trata de M.I.G.V., quien cumple una pena de cinco años y un día por tres delitos consumados de lanzamiento de artefactos incendiarios —dos dirigidos contra una sucursal del Banco BCI y otro contra un carro lanza agua de Carabineros—, cometidos entre enero y febrero de 2020, en Iquique.
La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral de Iquique en mayo de 2021 y desde entonces el joven se encuentra privado de libertad. Primero, en el penal de Alto Hospicio y, luego, en el de La Serena.
Ello, porque según informó Gendarmería en abril del año pasado al Juzgado de Garantía de esa ciudad, donde está radicada la causa de M.I.G.V., el sentenciado había presentado un "mal comportamiento" y "liderazgo negativo", por lo que acabó resolviéndose su traslado.
Según los registros del portal del Poder Judicial entre 2020, cuando estaba en prisión preventiva como imputado, y hasta 2022, cuando ya se encontraba cumpliendo su condena, hay al menos cuatro causas abiertas por solicitudes de Gendarmería para la aplicación de medidas disciplinarias —con sus correspondientes autorizaciones— y la descripción de los hechos que se atribuyen.
En general, se le imputa el porte de armas cortopunzantes de fabricación artesanal, participación junto con otros internos en riñas y agresiones a otros reos.
Por ejemplo, en una de las últimas solicitudes de Gendarmería, de febrero de 2022, se lee: "Al revisar el registro de video, logra identificar a los internos (cuatro y entre ellos está en condenado M.I.G.V.), quienes comenzaron a seguir a otro interno, por diferentes sectores del patio, hasta que le dan alcance y lo agreden con elementos contundentes, también con golpes de pies y puño, de igual forma es atacado con un termo con agua caliente, por ende como fueron todos reconocidos por el funcionario, concurre al módulo donde aparta a los agresores y los conduce al hospital penal, para la respectiva constatación de lesiones, donde se indica que no presentan lesiones visibles, luego son derivados al hospital penal, donde la totalidad de los internos se niegan a prestar declaración".
Por este hecho, el Juzgado de Garantía de Alto Hospicio accedió a la petición de la institución penitenciaria y resolvió: "Se autoriza la aplicación de la sanción disciplinaria de 10 días en celda de aislamiento".
Antes de ser condenado por los delitos del estallido, M.I.G.V. registraba en el portal del Poder Judicial una causa por conducción en estado de ebriedad (2019), que acabó con una multa, y otra por robo con violencia (del mismo año). En esta última se le detuvo y avanzó la tramitación del proceso, pero finalmente el Ministerio Público comunicó que no perseveraría en la investigación penal.
