El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), declaró este martes inadmisible la solicitud de renuncia de
Aldo Sanhueza, a su cargo como consejeros constitucional por la región del Biobío, por "carecer de competencia" para pronunciarse sobre el tema, pues esté aún no está ejerciendo su cargo.
Fue el pasado viernes, cuando a través de un comunicado, Sanhueza anunció su decisión de dar un paso al costado, tras la polémica generada luego de que se conociera que fue formalizado por graves ofensas al pudor. Situación que previamente además lo llevó a renunciar a su militancia en el Partido Republicano.
Tras analizar esta tarde su petición, el Tricel emitió una resolución en que señala que si bien "las causales de cesación como la renuncia del cargo de consejero constitucional, serán conocidas y calificadas por el Tribunal Calificador de Elecciones", le "corresponde a esta judicatura conocer solo de las renuncias presentadas por quienes se encuentran ejerciendo el cargo de consejero o consejera constitucional y calificar si los hechos puestos en conocimiento del Tribunal son de tal gravedad que afecten severamente el desempeño o pongan en riesgo el funcionamiento del Consejo".
Por ello, establecen que "se declara inadmisible la presentación de fojas 1, de don Aldo Sebastián Sanhueza Cabrera, por la que solicita se declare la renuncia a su candidatura a Consejero Constitucional por la 10° Circunscripción de la Región del Bío Bío, por carecer de competencia".
Sobre la resolución, la secretaria relatora del Tricel, Carmen Gloria Valladares, explicó "el señor Sanhueza no es un consejero electo, el Tribunal Calificador de Elecciones el día 2 de junio próximo va a firmar la sentencia de proclamación en que se van a convertir estos candidatos en consejeros constitucionales electos. Y el día lunes 5 de junio próximo, a las 12 horas se darán las comunicaciones constitucionales a su excelencia del Presidente de la República, y al presidente del Senado y de la Cámara".
Respecto a la presentación Sanhueza, Valladares recordó que "la institución de la renuncia que se pidió a este tribunal, no está consagrada en las normas constitucionales ni legales que son de orden público", pues acotó que "la renuncia es para los consejeros y consejeras".