Restan exactamente 14 días para la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, hecho histórico que no ha estado ajeno a duros emplazamientos en el mundo político, tanto al interior de las almas oficialistas como en la oposición.
Uno de esos debates ha puesto sobre la mesa la idea de establecer una verdad, casi unívoca, de lo que ocurrió antes, durante y después del 11 de septiembre de 1973. El principal impulsor de esta exigencia hacia el Gobierno del Presidente Gabriel Boric -encargado de llevar adelante el proceso conmemorativo desde el Estado- ha sido el Partido Comunista.
La tienda fue la primera en salir a condenar los dichos que el ex asesor presidencial para la conmemoración de los 50 años, Patricio Fernández, emitió en un programa radial donde dejaba en manos de historiadores y politólogos la discusión de "por qué y cómo se llegó a eso". De inmediato, desde el PC, surgieron acusaciones de
negacionismo, revisionismo y relativismo. Tal fue la presión, que Fernández renunció a inicios de julio.
"No estoy pretendiendo, como un sector del país, imponer la mirada que nosotros tenemos", pero que el debate se sustente "bajo el máximo rigor histórico", dijo por esos días el secretario general del PC, Lautaro Carmona. Su compañera de tienda, la diputada Carmen Hertz, también ha salido a condenar duramente lo que ha llamado "una escalada del fenómeno negacionista", presentando incluso un proyecto que tipifica el negacionismo a las violaciones a los derechos humanos como un delito.
"Es una obligación que el Estado tiene, de dar a conocer a la sociedad chilena lo que ocurrió, de dar a conocer la verdad, que el Golpe fue un crimen", dijo la también vicepresidenta de la Cámara de Diputados el pasado 20 de agosto en entrevista con Radio Nuevo Mundo. Y agregó sobre el revisionismo: "respecto del golpe de Estado no hay que consensuar nada, el golpe fue un crimen de lesa humanidad".
Pero a distintas almas, distintas voces. La senadora Isabel Allende (PS), hija del ex Presidente Salvador Allende, discrepa de la idea de plantear una verdad única respecto a lo ocurrido. En entrevista con La Tercera, planteó que "no va a haber nunca -ni tiene por qué haberla, sería absurdo- "la" versión, no va a haber nunca "la" verdad oficial. Cada uno va a tener su interpretación, cada uno lo vive como lo vivió. Y es perfectamente respetable, más allá de que hay hechos probados como la intervención de Estados Unidos".
Allende apunta a que lo que sí debe existir es un compromiso, para siempre, de "nunca más romper una democracia"; misma consigna a la que apuntan el PC con el llamado a la "no repetición". Por su parte, el Presidente Gabriel Boric, durante su gira en España, llamó a los partidos a firmar un acuerdo respecto al quiebre democrático de 1973 y rechazo hacia la dictadura. La oposición, en respuesta, salió a rechazar la petición acusando al Mandatario de querer imponer una "versión oficial" de los acontecimientos.
En conversación con Emol, historiadores y académicos analizan, el debate sobre la búsqueda de la verdad "oficial", los inevitables matices, y su visión sobre la "condena" que reciben quienes se distancian de una versión para dejar paso a interpretaciones y re-interpretaciones de los hechos; tal como lo hace la propia historia en su esencia como disciplina.
El "libre debate" versus "la verdad oficial"
Hay una distinción que plantean los analistas, entre la obligatoriedad del Estado por esclarecer la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos, y otra, relacionada con "establecer" una verdad, o convertirse en un "faro" de una versión que, incluso, anularía el debate posible y, dicen algunos, podría comprometer la libre expresión.
"No me parece en absoluto que el Estado se deba erigir en un referente de lo que es o no verdad; es en el libre intercambio de ideas, en el debate vigoroso, donde las posiciones de la ciudadanía se deben exponer y ser vividas".
Alfredo Sepúlveda, académico UDP
, profundiza en esta distinción. "Una cosa es la obligación que tiene el Estado de establecer la verdad sobre los casos de violaciones de derechos humanos, y las políticas públicas relacionadas con memoria histórica, que apuntan a cumplir esa obligación. En ese sentido, el Estado chileno tiene un larguísimo camino recorrido, y en buena hora", comenta.
Pero subraya que "otra cosa es solicitar que el Estado se haga cargo de la "verdad" en el plano filosófico, que parece ser el caso aquí, con una exigencia semántica: que el Estado oficialmente sostenga que el golpe fue un crimen. Si bien yo personalmente puedo tengo afinidad con esa idea, sobre todo porque la evidencia nos dice que la represión y la política de exterminio fue inmediata; no me parece en absoluto que el Estado se deba erigir en un referente de lo que es o no verdad: es en el libre intercambio de ideas, en el debate vigoroso, donde las posiciones de la ciudadanía se deben exponer y ser vividas".
"Cuando el Estado es un 'faro' de la verdad, de inmediato afloran los problemas para la libertad de expresión, pues comienzan las etiquetas. Quien difiera de lo que dice lo 'oficial' es un 'negacionista' o un 'revisionista': palabrejas que, simplemente, cancelan el debate y lo pueden llegar a transformar en delito", sentencia.
En la misma línea, Alejandro San Francisco, académico de la Universidad San Sebastián y director de Formación del Instituto Res Publica, comenta que "'verdad oficial' es un concepto que suele estar presente en los regímenes totalitarios. En las sociedades más libres o democrática suele haber visiones discordantes, tanto a nivel de memoria (como cada persona vivió y recuerda) o de historia (las preguntas que se hacen al pasado, las fuentes que se consultan, los énfasis que se ponen)".
Si bien a su juicio es legítimo que un gobierno procure tener una visión histórica sobre determinados temas, "lo que es más complejo -y suele ser inaceptable- es que dicho gobierno pretenda que exista la visión unánime en una sociedad libre y plural".
"No ha ocurrido en otras experiencias históricas"
Los analistas también ponen el énfasis en la complejidad de encontrar una verdad oficial a la luz de varios factores relacionados precisamente con los hechos históricos asociados y abogan más bien con poner a disposición de la ciudadanía los antecedentes que permitan una mejor comprensión de la ruptura de la democracia de 1973. Aunque también hay contrastes respecto a lo que para algunos son "hechos históricos acreditados".
Octavio Avendaño, analista apolítico de la Universidad de Chile, comenta que esa complejidad radica en que "la situación previa al golpe de Estado era bastante controversial, en un marco de polarización, donde se reconoce a un sector contrario a la presencia de la Unidad Popular; luego, hay que considerar que el Golpe cuenta con ciertos niveles de colaboración de apoyo de civiles, incluso se sectores de clase media y populares; y en tercer lugar, porque el pasado siempre se interpreta a la luz del presente, condición muy propia del análisis histórico, y en ello encontraremos interpretaciones muy diversas en función de cada experiencia".
"Obviamente se pueden rechazar (las causas posibles) y llegar a un consenso sobre mínimos civilizatorios, pero eso no significa que al analizar las causas exista una interpretación más o menos similar. Eso no ocurre, no ha ocurrido con otras experiencias históricas tampoco y con mayor razón, no va a ocurrir en el caso de nuestro país".
Octavio Avendaño, analista político U. de Chile
Por eso, complementa el analista, "no ha habido verdades oficiales sobre las causas, y tampoco sobre lo ocurrido posteriormente. Obviamente se pueden rechazar (las causas posibles) y llegar a un consenso sobre mínimos civilizatorios, pero eso no significa que al analizar las causas exista una interpretación más o menos similar. Eso no ocurre, no ha ocurrido con otras experiencias históricas tampoco y con mayor razón, no va a ocurrir en el caso de nuestro país".
Alejandro San Francisco, también hace un análisis propio de esta disciplina, enfatizando que "en los problemas históricos complejos es posible contar con miradas diferentes, como distintas fueron también las visiones en el momento que se trata, sea la Revolución Bolchevique, la Segunda Guerra Mundial, los cambios culturales en la década de 1960 o el 11 de septiembre de 1973".
Entre los "hechos polémicos" en torno al "11", enumera: "el Acuerdo de la Cámara de Diputados del 22 de agosto de 1973, que enfatizaba los errores y faltas del gobierno al violar la Constitución y las leyes; o el 11 de septiembre de 1973. Sobre este último hito, en su discurso final el presidente Allende culpó al 'capital foráneo, el imperialismo unido a la reacción', que crearon las condiciones para que las Fuerzas Armadas intervinieran. Por su parte, el expresidente Eduardo Frei Montalva sostenía que la responsabilidad de lo ocurrido recaía en el propio gobierno de la Unidad Popular".
Para la historia, dice, "todos esos son antecedentes que deben estar disponibles para acercarse a un mayor conocimiento y una mejor comprensión del problema histórico de la ruptura de la democracia en Chile".
Daniel Palma, historiador y académico de la Universidad Alberto Hurtado, plantea que es "legítimo" que existan discrepancias e interpretaciones diferentes sobre los factores que llevaron al país "a la encrucijada de ese fatídico 11 de septiembre o las implicancias que éste tuvo en los años y décadas siguientes".
"Pero muy distinto es negar hechos históricos acreditados como, por ejemplo, que el gobierno de Allende fue electo por mayoría y de manera democrática; que las elecciones parlamentarias de marzo de 1973 representaron un aumento en el apoyo a la Unidad Popular; que existía un mecanismo por el cual se podía dar término anticipado al gobierno, pero que la oposición no reunió los votos necesarios para ello; o que hubo intentos previos de romper la institucionalidad vigente como el 'tanquetazo' del 29 de junio de 1973", comenta.
"Sorprende que en Chile persisten sectores reacios a considerar, y menos reflexionar, en torno a la abrumadora evidencia histórica sobre lo acontecido en el país. En particular, duele observar que se ofrezca tribuna a quienes justifican a viva voz y con argumentos de dudosa consistencia, la ruptura violenta de la institucionalidad democrática, más aun sabiéndose que Allende convocaría el mismo día 11 a un plebiscito sobre la continuidad de su gobierno", cerró.
