Lamenta que al final no se pudo generar un acuerdo más transversal en la Comisión Experta, tras las más de 600 observaciones que se presentaron esta semana al borrador constitucional, pero la integrante de esa instancia y economista Bettina Horst enfatiza que, más allá de esas diferencias, el actual texto recupera la certidumbre y resuelve las discusiones planteadas en los últimos años.
La ingeniera comercial, magíster en Economía con mención en Políticas Públicas, directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo y miembro de la Comisión Experta nominada por la UDI, admite que los últimos días fueron frenéticos y de múltiples reuniones en un intento por alcanzar acuerdos más amplios, pero que no se lograron, dice, por una falta de mayor “entendimiento” y “apertura” de sectores de la izquierda.
—¿Con qué sensación se queda de esta última etapa y cuánto afecta al borrador del texto constitucional?
—No se observó una flexibilidad en los nudos críticos, pero en términos generales considero que este es un buen texto constitucional, es un buen texto para presentárselo al país, para efectos de poder cerrar esta etapa, esta discusión constitucional y volver a recuperar la certeza y certidumbre respecto de nuestra estabilidad institucional.
"Como todo texto constitucional, como también con toda ley, siempre hay aspectos que a uno le seducen más o menos, que le gustan más o menos, pero en términos generales es un buen texto, que fortalece la democracia, que crea órganos y poderes independientes del Estado, lo cual es necesario para una democracia sana, y también establece las bases para recuperar la capacidad de crecimiento económico".
—¿Por qué a su juicio este texto contribuye a la recuperación económica?
—En esta discusión uno de los factores que ha estado en el aire es la estabilidad de nuestras instituciones y con qué instituciones vamos a contar a futuro. Si nosotros logramos cerrar ese capítulo y que se apruebe este texto, vamos a dar certezas del tipo de país que queremos tener, que es un país con instituciones sólidas después de la amenaza que vivimos con el texto rechazado en primera instancia.
—Desde una mirada económica, en líneas generales, ¿cuál sería la principal diferencia entre el borrador de la Convención y el actual proyecto?
—La propuesta de la Convención estaba inspirada en la idea del decrecimiento económico. Este proyecto lo que busca es entregar las herramientas, dar las certezas para que efectivamente los distintos sectores puedan desarrollarse y progresar.
"Un ejemplo es el Banco Central. En el primer proceso se debilitaba su autonomía, lo que finalmente nos podía llevar a un país que iba a enfrentar nuevamente episodios importantes de inflación. En cambio, hoy se mantiene básicamente lo que es: autónomo, capaz de controlar la inflación y con las herramientas de política monetaria para ello".
—En el anteproyecto se definió que el Banco Central velará por la estabilidad de precios, pero el Consejo modificó e incluyó “velar por la estabilidad de la moneda”. ¿Qué puede implicar esto?
—Tanto el texto del anteproyecto como el texto del Consejo, ambos apuntan en la misma dirección, con algunas pequeñas diferencias, pero en lo esencial, en lo sustancial, se mantienen las funciones del Banco Central.
—Entre las modificaciones sustanciales y con mayor impacto económico están aquellas referidas a derechos sociales, como salud, seguridad social, educación. La Comisión Experta avanzó en una provisión mixta, pero el Consejo explicitó, por ejemplo, la libertad de elección en salud, algo que desde el oficialismo se rechazó. ¿Por qué no se alcanzó un acuerdo más amplio?
—En el derecho de salud no estaba (en el anteproyecto) la propuesta de las cotizaciones obligatorias porque no se alcanzó un acuerdo y se reincorporó en el debate del Consejo, con libertad de elección del destino de las cotizaciones, manteniendo el espíritu de la Constitución vigente, que ha permitido múltiples reformas.
"Ahora, por qué no se logró un acuerdo más amplio con sectores de izquierda (en la revisión de la Comisión Experta), porque ellos no querían acompañar la libertad de elección con el destino de las cotizaciones".
—En la práctica, ¿qué implica esto, dadas las votaciones ya efectuadas...?
—Que hay muchos artículos que ya son prácticamente definitivos.
—Es decir, ¿en el texto va a estar entonces la libertad de elección en salud, con cotizaciones obligatorias?
—Exactamente y con libertad de elección de su destino. O sea, ahí se mantiene el texto del Consejo. Quizás algún cambio más abajo, más arriba en salud, pero en lo esencial hay libertad de elección en materia de salud, se mantiene lo que presentó el Consejo.
—En pensiones, el Consejo acordó que cada persona tendría propiedad y derecho a elegir libremente la institución, además de señalar que el Estado no podría expropiar estos recursos. ¿En qué pie quedan las AFP, la reforma de pensiones y la idea de una AFP estatal?
—Varias cosas. Nosotros tratamos en la etapa del anteproyecto de persuadir a la izquierda que apoyara algunos de estos planteamientos y tampoco fue posible. Acá no está en riesgo ni el funcionamiento del fondo de cesantía ni nada. Lo que se incorpora es que las cotizaciones que son de cargo del trabajador son de propiedad del trabajador. (...) Hoy día, con las normas que están aprobadas por el Consejo y por eventuales cambios que se pueden incorporar, no se deja en la inconstitucionalidad la reforma del Presidente Boric.
—¿Y qué pasa con las AFP?
—Tampoco se constitucionaliza el actual sistema de administración de fondos que hoy día está 100% delegado en el sector privado. Con esto, hoy día lo que se hace es que se obliga desde la Constitución crear también otras entidades de administración y también alguna que sea estatal, para aquellos que efectivamente tienen una preferencia por lo estatal.
—¿Entonces, el Estado social de derecho es compatible con la libertad de elección?
—El Estado social de derecho se fortalece y es compatible con la libertad de elección. Por ejemplo, hoy día el sistema de salud estatal que tenemos, Fonasa, en casi un 80% se financia con fondos generales de la nación. Eso es solidaridad. En el caso de pensiones, hoy día lo que se paga anualmente, más de la mitad es PGU, es decir, a través de impuestos generales. Y el resto es a través del ahorro generado por los mismos trabajadores. Entonces, eso también es solidaridad. Para aquellos que creen que la solidaridad solo se da a través de las cotizaciones y no a través de la sociedad en su conjunto, es (...) una mirada reduccionista del Estado social, es no entender que acá es necesaria la cooperación público-privada, y para eso necesitamos un sector privado que pueda desarrollarse. Y eso se logra a través de la libertad de elección.
—¿Y qué rol juega el Estado en materia de prestaciones sociales?
—Acá no hay una mirada a priori de qué es mejor, qué es peor. En este texto que se está trabajando no se está constitucionalizando ningún tipo de prestaciones sociales a través del sector privado. Lo único que se dice es que a nivel constitucional se garantiza la libertad de elección.
—Esto también aplica a la educación...
—Lo mismo también. Acá también se incorpora el concepto de que finalmente son las personas, los padres, las familias, las que eligen la educación de su hijo, ya sea en establecimientos estatales o privados.
—¿Es correcto que se haya incluido en el debate constitucional el tema de las contribuciones?
—A uno le puede gustar más o menos esa norma que está aprobada por el Consejo. Yo concuerdo que efectivamente todo lo que tiene relación más específica con política tributaria no debería ser parte de la discusión constitucional. Más bien la discusión constitucional debería ponerle bordes a la discusión tributaria, pero no necesariamente entrar en ese nivel de detalle.
—¿Qué sustenta la eliminación de las contribuciones a la primera vivienda visada por el Consejo Constitucional?
—En la Constitución se incorpora el derecho a la vivienda adecuada como nuevo derecho social. Y en ese contexto, dado que se incorpora un nuevo derecho social, quienes presentaron esa iniciativa de dejarlas exentas de contribuciones buscaban proteger que ese derecho no fuera finalmente afectado por el mismo Estado que puede rematar tu vivienda en caso de no pago de contribución.
—En su momento, en la discusión de las contribuciones algunos afirmaron que el fin del impuesto favorecería también a personas de altos ingresos. ¿Eso quedó zanjado?
—Las viviendas de altísimo valor, es decir, todas aquellas que hoy día están afectas a sobretasas de contribuciones que se legislaron hace un par de años atrás, siguen pagando contribuciones y sobretasas.
—A diferencia de lo ocurrido en la Convención, ¿el derecho a la propiedad ha generado menos fricciones en el debate actual?
—El derecho a la propiedad es un tema ancla, un elemento central y fundamental que permite a la gente generar inversiones y desarrollar nuevos proyectos. Eso queda bien resuelto en la actual discusión, a diferencia de lo que se dijo en la Convención, que ya veíamos estaba asociado a la teoría del decrecimiento, lo que llevaba consigo un menor respeto al derecho a propiedad por parte del Estado en un futuro. Eso hoy nuevamente se consagra y se fortalece.
Escenarios
—En medio del centenar de observaciones de los expertos y la distancia entre el oficialismo y la oposición en el Consejo, ¿qué puede ocurrir en uno u otro escenario después del 17 de diciembre?
—Si se aprueba o no, creo que más que el texto, la gente está cansada de este proceso. Entonces, quienes no entienden que votar “A favor” de este texto precisamente implica cerrar la discusión para que no siga, y creen que con el rechazo se va a terminar la discusión, se equivocan.
—¿Por qué?
—Si se rechaza, rige, como hasta el día de hoy, la Constitución vigente. Pero no sería extraño que ciertos sectores más radicales de la izquierda, al poco tiempo, seguramente empiecen nuevamente a levantar la discusión constitucional para ver si en esos momentos de mayoría circunstancial, tal como fue en la Convención pasada, avancen en un texto que realmente genere incertidumbre y un retroceso para el país.
—¿Pero a usted le hace sentido este borrador, más allá de las múltiples observaciones?
—Es un texto que me hace sentido, más allá de los bemoles. En su conjunto y en su forma es coherente, me parece que es un buen texto, que resuelve bien las discusiones que hemos tenido en los últimos cinco años.
—¿Cómo vislumbra el desempeño de la economía en un escenario “A favor” o “En contra” del nuevo borrador?
—Si se aprueba este proyecto, se fortalece muchísimo. O sea, se despeja la incertidumbre y le da mayor estabilidad al país. Si no se aprueba, siempre va a haber un nivel de incertidumbre dando vuelta. Porque también recordemos que hoy día la Constitución vigente, que es la que seguiría rigiendo, tiene un quorum de cambios de cuatro séptimos, que es más bajo que el proyecto que hoy día se está presentando, que es de tres quintos. Y ese es el principal argumento también para entender que, de no aprobarse este texto, hay un nivel de incertidumbre mayor que seguirá rondando nuestra economía y al país.
