El ex comisionado experto Jaime Arancibia (IND-RN).
El Mercurio/ Archivo.
Las implicancias de la aprobación de la propuesta de texto constitucional siguen generando debate. Así, un grupo de profesores de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, acusó que el documento hace "inconstitucional la penalización del narcotráfico", tesis que -sin embargo-, desestimó el ex comisionado experto
Jaime Arancibia (IND-RN).
A través de una
carta al diario El Mercurio, titulada "Nadie sabe para quién trabaja", los docentes
Antonio Bascuñán, Rodrigo Correa, Samuel Tschorne y Javier Wilenmann, señalaron que
"la 'Constitución de la seguridad' hace "inconstitucional la penalización del narcotráfico. Así de desconcertante es la falta de cordura de sus redactores".
Esto pues argumentan que en 1984, cuando se discutió el Tribunal Constitucional un proyecto de ley sobre tráfico de estupefacientes, "se planteó la cuestión de si era conforme o no a la Constitución la remisión que el proyecto hacía al reglamento para que determinara cuáles eran las sustancias estupefacientes".
Con ello, afirmaron que "el Tribunal observó que el anteproyecto que dio origen a la Constitución de 1980 exigía que la ley determinara 'expresa y completamente' el delito, pero que el texto final aprobado por la Junta de Gobierno solo exigía —como sigue haciéndolo— que lo describiera 'expresamente'".
Esto, acotaron, "permitió al Tribunal sostener que la Constitución no exige que la ley penal se baste a sí misma en todo aspecto, sino que es suficiente que describa en lo esencial la conducta delictual. Ese es el entendimiento que prima hasta el día de hoy".
Pero de aprobarse el nuevo texto, consideraron que "exigirá que la ley penal describa la conducta 'precisa y expresamente' (...) cualquier conocedor del derecho constitucional chileno advierte inmediatamente que se está transfiriendo a las multas que no son penas el estándar hasta ahora aplicable a las penas, y que se sube este último estándar al previsto por el anteproyecto de 1980".
Con ello, aseguran que impiden de paso "a las ordenanzas municipales imponer multas para mantener el orden público y terminan saboteando constitucionalmente la prohibición penal del narcotráfico".
Ex comisionado rebate argumentos
Consultado por Emol por los argumentos utilizados por los docentes, el ex comisionado experto Jaime Arancibia, consideró "la propuesta constitucional confirma la tipicidad legal de los delitos por razones de certeza jurídica y democrática".
En ese sentido, Arancibia aseguró que esto "efectivamente, es un avance que, a diferencia de lo que quería la Junta Militar, la Constitución exija ahora que la conducta delictiva debe estar determinada 'expresa y precisamente', sobre todo en el caso de delitos que merecen penas más graves como el narcotráfico".
Pese a ello, explicó que "esto no supone necesariamente menor seguridad pública, sino un presupuesto democrático para resguardarla con mayor severidad si así se quiere. No se quiere que los elementos del delito sean determinados por sujetos ajenos a los representantes de la ciudadanía en el Parlamento".
"En mi opinión, la descripción 'expresa y precisamente' de la conducta, no se opone a que ciertas palabras -distintas del verbo rector- usadas para describirla, puedan estar precisadas en cuerpos legales infralegales. Es lo que se conoce como accesoriedad o accidentalidad administrativa o remisión dinámica, que no pugna la garantía constitucional en la medida que se cumpla con determinados requisitos desarrollados por el Tribunal Constitucional", sostuvo el ex comisionado.
Además, Arancibia recordó que "este mismo Tribunal declaró en 2016 que la descripción típica acabada y plena constituye un ideal, limitado en la práctica por la (…) generalidad de la norma'. En consecuencia, ya le ha dado una interpretación a la idea de completitud".
