"Acuerdos" y "reformas" son parte del nuevo debate que se ha instalado en el espectro político
luego del triunfo del En Contra en el Plebiscito del domingo. Esto, en medio de este "cambio de eje" que obliga a los gobernantes y legisladores a pensar en las "urgencias ciudadanas", tras el punto final del proceso constitucional.
Pero ese camino ya se tornó pedregoso, porque mientras el Gobierno puja por acuerdos con la oposición que permitan avances en reformas estructurales, como salud y pensiones, algunos sectores de la oposición insisten en descartar su respaldo a ajustes que consideran un retroceso.
Poco ayudó al ambiente la frase de la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien atribuyó la postura opositora al "shock de la derrota" del A Favor, lo que reactivó la ofensiva de Chile Vamos, quienes le pidieron centrarse en las urgencias, como la seguridad del país y afirmaron que esas declaraciones, en nada contribuyen al diálogo.
Pero hay un elemento precedido por la venia de acuerdos del Consejo Constitucional y que no pocas voces han comenzado a recoger en estos últimos días: hacer cambios al sistema político. Algunos ya hablan de un "Acuerdo" por cambios; otros ya han echado a andar algunas iniciativas ciudadanas -como Chile Gobernable-, y otros, menos optimistas, dejan entrever la gran "quimera" de la autorregulación en el Parlamento.
Y es que aunque no fue el tema en que se centró la campaña, para muchos observadores los cambios al sistema político que incorporaba la propuesta de nueva Constitución eran uno de los principales avances del texto. Esto bajo la idea de terminar con la fragmentación política y la crisis de gobernabilidad de los últimos años.
Sebastián Edwards, aborda cuál sería el origen de aquel desequilibrio en el sistema político en una carta publicada a inicios de diciembre en El Mercurio: "A la pregunta vargasllosiana, '¿En qué momento se jodió Chile?', se le puede dar una respuesta precisa: el 27 de abril de 2015, cuando se reemplazó un sistema político que fomentaba entendimientos y acuerdos por uno que promovía la fragmentación y la polarización". Lo anterior en alusión a la promulgación de la ley que sustituía el sistema electoral binominal por uno de carácter proporcional.
La propuesta de la comisión experta y el Consejo Constitucional
Una de las primeras propuestas que hizo la comisión experta a lo largo de su trabajo en materia de ordenamiento del sistema político fue la del umbral del 5%, específicamente para combatir la fragmentación de los partidos políticos en el Congreso. Así, se estableció que sólo aquellas tiendas que tengan al menos, el 5% de los votos válidamente emitidos en la elecciones parlamentarias, tendrán opción a escaños.
La regla anterior no se aplicaría "al partido que tenga escaños suficientes para sumar como mínimo ocho parlamentarios en e Congreso Nacional, entre los eventualmente elegidos en dicha elección parlamentaria y los senadores que continúan en ejercicio hasta la siguiente elección". En tanto, los votos obtenidos por las tiendas que no obtengan escaños, "se asignarán a los partidos del pacto que sí cumplan con los requisitos".
En tanto, el Consejo Constitucional avanzó en otras propuestas apuntaban al redistritaje, haciendo más pequeños los distritos. Se precisaba así que la Cámara estaría compuesta por "miembros elegidos en en distritos plurinominales. En cada uno de estos distritos se elegirán entre dos y seis escaños, de acuerdo con un sistema previamente establecido por la ley electoral". Además, se eliminaban 17 cupos de los diputados, pasando de 155 a 138.
También se apuntaba a declarar insconstitucionales a aquellos partidos políticos, movimientos u otras formas de organización que no respetasen los principios básicos democráticos y utilizaren violencia o incitaran a ella. El TC sería el encargado de conocer y juzgar estas materias.
También obligaba a los partidos a instalar mecanismos de dirección y supervisión para prevenir infracciones de probidad y transparencia, y el cese de las funciones del diputado o senador que renunciara al partido político que hubiera declarado su candidatura.
¿Un acuerdo por el sistema político?
Antes del desarrollo el Plebiscito ya había quienes ponían la mirada en la importancia de avanzar en cambios al sistema político -lo que se vería facilitado, evidentemente, con el triunfo del A Favor-, o se reconocía este aspecto como uno de los pocos que podría sobrevivir, si ganara el En Contra.
En noviembre, Zarko Luksic, entonces miembro del comité constitucional de Amarillos por Chile, abogaba por el A Favor con la siguiente frase: "
Votar En contra es la continuidad, es mantener el statu quo, es mantener un sistema político inestable, ingobernable, que lo tiene trabado".
Incluso un mes antes, el investigador y fundador del Frente Amplio, Noam Titelman, había dicho a Radio Infinita que en el caso de que ganara el En Contra, "a lo más que se puede aspirar, es a una reforma del sistema político y que puede basarse de lo que salió de la Comisión de Expertos".
Pero el debate es más profundo y complejo, puesto que hay voces que apuntan a la "imposibilidad" de una reforma en esta línea, partiendo de la base de que es muy complejo que la clase política se regule a sí misma, y por otro lado, si el Gobierno interviene, podría volver a ser acusado de "perder el foco" de las urgencias ciudadanas.
Así lo plantea Gonzalo Valdés, subdirector del Instituto de Políticas Públicas de la UNAB, quien aboga por un Acuerdo por el Sistema Político. "Debemos mejorar nuestro sistema político. Si no lo hacemos arriesgamos la elección de algún populista de minoría que tensione el Estado de Derecho para ganar popularidad", comenta. Y si bien reconoce que las propuestas que planteaba el texto rechazado el domingo eran "tibias", de todas formas "mejoraban en algo el desorden actual. Ahora necesitamos buscar nuevas medidas".
"Es preciso buscar la reforma más acotada posible que logre ordenar el sistema; una reforma integral no es políticamente factible. Terminar con los pactos y subpactos, e imponer restricciones a las candidaturas presidenciales parecen ser las innovaciones menos invasivas que logran consolidar partidos grandes e impiden la aparición de líderes populistas. Otras de menor calibre son cambiar las listas de abiertas a semi-cerradas y la fecha de la elección de Diputadas y Diputados a la segunda vuelta presidencial. Necesitamos un sistema político razonable, y no existen posibilidades de refundarlo", remarca.
La "quimera" de la autorregulación
En línea con los planteamientos de Valdés, el sociólogo y ensayista Ernesto Ottone también cree necesario buscar acuerdos por cambios al sistema político. En conversación con EmolTV, planteó que pese al En Contra, "no se cerraron las puertas del templo".
"Yo creo que la actual Constitución que nos rige es una Constitución que requiere de reformas, en el sistema político, en torno a la fragmentación, en torno la toma de decisiones, y hay que hacer todo un trabajo a ver cómo esta Constitución después se vincula con el resto de las leyes. No es que se haya puesto en el refrigerador. Y esa Constitución tiene que hacer esas reformas a través de su método, que es una democracia representativa y por lo tanto, el Congreso tendrá que jugar su papel", reflexionó.
Por cierto, Ottone pone el foco en las dificultades asociadas a un proceso en esta línea, reflexionado que "no puedo partir de la base que los incumbentes solamente van a fijarse en sus propios intereses, esa pulsión va a existir, natural, somos seres humanos, no somos ángeles ni bestias, somos una mezcla de las dos cosas, y también los congresistas".
"Pero por favor, aprendan a elevar la mirada, si eso les está pidiendo el país a gritos", agregó Ottone, remarcando que luego de este contexto, y tras dos textos rechazados, los parlamentarios están obligados a entender las señales de la ciudadanía. "A entender que los acuerdos son indispensables en una democracia, también la adversariedad, pero no puede haber bloqueos".
Andrés Rosenberg, doctor y analista político, también ve una dificultad en que el sistema político se quiera reformar a si mismo, "y por eso era un ejercicio importante que se tenía que dar dentro de la propuesta constitucional, y en cierta medida fue lo que se rechazó dos veces. Pensar que se va a ocurrir en el corto plazo, es una quimera", comenta.
Junto con recordar que no fue hace mucho (2015) que se hizo la reforma que puso fin al sistema binominal, según el analista, en los próximos tres o cuatro años, sería difícil vislumbrar un gran cambio. "Será uno de los grandes temas pendientes", comenta.
