Casi un centenar de abogados integrantes -95 para 17 cortes de apelaciones-
designa anualmente el Ministerio de Justicia para todo el país, y, cada tres años, elige a 12 profesionales que cumplirán esa misma función en el máximo tribunal. Y aunque cada cierto tiempo se vuelve al debate de si se debe o no mantener la figura,
que permite completar las salas ante la ausencia o inhabilidad de alguno de sus miembros titulares, tras conocerse los nombres de este último proceso se generó una amplia discusión por algunos de los profesionales elegidos, tanto por sus cercanías con el Gobierno, por sus opiniones a favor del estallido o a favor del cambio constitucional. Este último fue el caso de la profesora de Derecho del Trabajo de la U. de Talca, Irene Rojas, quien fue designada para la Suprema. Mientras que en el caso del abogado integrante de la Corte de Punta Arenas, Carlos Alberto Abarzúa,
se ha cuestionado que fue candidato a la Convención Constitucional por la lista Apruebo Dignidad durante el primer proceso de cambio constitucional, en un cupo de Convergencia Social -el partido del Presidente Boric-, y que antes se desempeñó como seremi del Trabajo en el Gobierno de Michelle Bachelet. También fue nombrada, en la Corte de San Miguel, la ex defensora de la Niñez, Patricia Muñoz. Pero uno de los nombres que ha generado mayor polémica ha sido el del abogado integrante de la Corte de San Miguel, Fernando Monsalve (PC),
quien patrocinó varias causas contra el ex Presidente Sebastián Piñera.
