Han pasado tres años desde que se dio el vamos, esa tarde del domingo 4 de julio de 2021, al
primer intento de cambiar la Constitución luego del estallido social de 2019. Fue una ceremonia cargada de simbolismos y con varios traspié que obligaron a la suspensión, por algunos minutos, del proceso de instalación.
Pudo ser ese escenario, un preludio de lo que ocurriría: la diversidad de voces que se reunieron en el ex Congreso, en concreto, 155 chilenos a cargo de escribir una nueva Carta Magna,
no lograron darle fluidez a un proceso que rápidamente acumuló críticas, polémicas y fracturas.
Desde afuera, el Gobierno del Presidente Gabriel Boric actuó activamente: entregaban ejemplares afuera de la La Moneda con el borrador, el Mandatario "autografiaba" esos textos, y el entonces ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson, reforzaba la idea de que había cosas del programa de Gobierno que no se podrían ejecutar con la Constitución Actual.
La frase, que no se logró diluir con el avance de los nueve meses del proceso, sumado a las acciones del Gobierno -donde se puso en duda la prescindencia-, llevaron a que tras el arrollador rechazo al texto, el propio Presidente Boric saliera a hacer un mea culpa.
El 1 de junio de 2023, en su segunda cuenta pública, y cuando ya se sabía que se impulsaría un segundo proceso, el Presidente lamentó que la Convención "no hizo suya la necesidad de encuentro, unidad y de entendimiento que esperaban las chilenas y chilenos, generando un clima de intolerancias recíprocas y enfrentamientos que terminaron en el rechazo a la propuesta que de ella emanó", sostuvo.
En ese contexto, el jefe de Estado afirmó de forma tajante: "Visto en retrospectiva, debimos haber sido más firmes ante las señales de alerta, promovido y exigido mayor diálogo y consenso transversal tanto dentro de la Convención, como respecto de ella con la sociedad".
Aborto y eutanasia
No obstante los reconocimientos y el portazo a un tercer proceso constitucional que dio el Gobierno, hay algunas iniciativas que se han mantenido y han sido impulsadas por el Ejecutivo.
Una de las más recientes tiene que ver con el anuncio del aborto legal que hizo el Presidente Boric en su Cuenta Pública del pasado 1 de junio -que, en definitiva, extiende el rango de las tres causales vigentes-, y que abrió un fuerte debate valórico y respecto a las libertades individuales.
De acuerdo a lo que recoge El Mercurio, la propuesta de la ex Convención apuntaba a asegurar las condiciones para el embarazo, su interrupción voluntaria, el parto y la maternidad.
El texto señalaba que "el Estado reconoce y garantiza el derecho de las personas a beneficiarse del progreso científico para ejercer de manera libre, autónoma y no discriminatoria, sus derechos sexuales y reproductivos. La ley regulará el ejercicio de estos derechos", lo que logró 111 votos a favor, 34 en contra y 6 abstenciones.
La votación de esta última parte de la norma era relevante porque su frase final explicitaba el mandato al legislador para hacer las bajadas correspondientes del derecho. Esto, para hacerse cargo de las críticas de un sector de la Convención -y también fuera de esta- que argumentaba que, sin derivar la norma a la legislación, se podía interpretar como el derecho al aborto sin límite de tiempo.
El 1 de junio pasado, el Mandatario también anunció que se pondría urgencia a la ley de eutanasia y cuidados paliativos que está en el Senado. En retrospectiva, el texto de la primera propuesta de cambio constitucional señalaba que "la Constitución asegura el derecho de las personas a tomar decisiones libres e informadas sobre sus cuidados y tratamientos al final de su vida", y "toda persona tiene derecho a una muerte digna".
Negociación colectiva multinivel
En materia laboral, el Presidente Boric anunció en su rendición ante el Congreso y la ciudadanía la preparación de un proyecto de ley de negociación colectiva multinivel, para extender sus alcances. Se trata de una iniciativa contenida en un paquete de 10 medidas acordadas la semana pasada entre el Gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) lo que enseguida generó reparos de parte del mundo privado y la oposición dado los efectos que podría tener la negociación colectiva ramal en el mercado laboral.
La idea de una negociación colectiva ramal, sectorial y territorial, también había aparecido en la propuesta de la ex Convención. En abril de 2022, el Pleno de la Convención aprobó gran parte de un informe de la comisión de Derechos Fundamentales, donde se incorporaban estas ideas.
Entre aquellas, se dio luz verde a la
disposición que señalaba que: "corresponderá a los trabajadores y trabajadoras elegir el nivel en que se desarrollará dicha negociación, incluyendo la negociación ramal, sectorial y territorial", siendo las únicas limitaciones "los mínimos irrenunciables fijados por la ley".
Educación
En materia de Educación, el Ejecutivo ingresó a inicios de junio un proyecto sobre convivencia escolar, donde se postulan ideas clave como que los reglamentos internos de los colegios deberán incorporar la promoción "del derecho a una vida libre de violencia, respeto y conocimiento a la diversidad de identidad por pertenencia a los pueblos originarios, identidad sexoafectiva y de género...".
Entre los principios que planteaba la ex Convención en su propuesta en materia educativa, señalaban la "cooperación, no discriminación, inclusión, justicia, participación, solidaridad, interculturalidad, enfoque de género, pluralismo".
Además, la iniciativa del Gobierno releva el rol del Consejo Escolar, por ejemplo, para aprobar el plan de gestión de convivencia. En un artículo de la fallida Convención, se planteaba, en tanto, algo en el mismo tenor: "Quienes integran las comunidades educativas tienen el derecho a participar en las definiciones del proyecto educativo y en las decisiones de cada establecimiento".
Tierras indígenas
La Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento fue creada por el decreto, el 21 de junio de 2023. En su presentación y lanzamiento oficial, los 19 partidos con representación parlamentaria firmaron el compromiso para apoyar las bases de su funcionamiento.
La instancia tiene como misión asesorar al Presidente de la República para construir y consolidar una solución de largo plazo al conflicto territorial en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos y levantar información y propiciar un proceso de diálogo entre sus principales actores de dichas regiones.
También debe proponer al Primer Mandatario la creación de una vía institucional y legítima para abordar el conflicto de tierras y establecer una nueva relación entre el Estado de Chile y el pueblo Mapuche.
En retrospectiva, la ex Convención planteaba en uno de sus artículos transitorios que el Presidente debía convocar a una comisión territorial indígena, que determinaría catastros y programas en torno a la restitución de tierras indígenas.
Previsión Social
En abril de 2022, el ex órgano constituyente despachó a norma constitucional la existencia en la ley de un "Sistema de Seguridad Social público", que para algunos, daba pie a una AFP estatal.
El texto señalaba que dicho sistema otorgará protección "en caso de enfermedad, vejez, discapacidad, supervivencia, maternidad y paternidad, desempleo, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y en las demás contingencias sociales de falta o disminución de medios de subsistencia o de capacidad para el trabajo".
En tanto, en el actual debate en torno a la reforma de pensiones, la posibilidad de que un ente estatal maneje los fondos, son ideas que aún no se desvanecen del todo.
Ley de Pesca
Por estos días, el futuro de la pesca en Chile enfrenta intensas tempestades. Y es que el proyecto que impulsa el Ejecutivo -para reemplazar la denominada "Ley Longueira"- tiene en el centro de la polémica a un grupo de parlamentarios de oposición, por presentar indicaciones con contenido de un informe de una pesquera industrial; y al subsecretario de Pesca Julio Salas, por llamar a las empresas del sector a capturar recursos fuera de la zona económica exclusiva, lo que lo puso como el blanco de las críticas.
En la ex Convención, en tanto, el tema del medioambiente y sus derivados estuvo muy presente, incluso en las campañas de los convencionales.
Entre los integrantes, algunos planteaban con terminar con las actividades extractivistas, mientras otros apuntaba a la necesidad de avanzar a un proceso productivo que no generase daños medioambientales.
