Como "grave" calificaron parlamentarios de la región de Valparaíso que se les haya realizado un test sobre sexualidad a niños de quinto básico -cuya edad bordea los 10 años- en el colegio municipal España de Llolleo, ubicado en la comuna de San Antonio, en el que se les consultaba -entre otras- si tenían relaciones íntimas o si habían agredido sexualmente a otros.
Según consignó El Mercurio, el efecto que el interrogatorio tuvo sobre los alumnos llevó a los apoderados a efectuar una denuncia ante la Policía de Investigaciones (PDI), al estimar que se trató de una agresión de carácter sexual y psicológico que se realizó sin que se haya informado previamente a las familias y sin su consentimiento. La denuncia fue enviada al Ministerio Público que decidió traspasar los antecedentes al Juzgado de Familia de San Antonio, que tiene la competencia en estos casos.
Verónica Jeria, una de las denunciantes, comentó respecto a la situación que "los niños llegaron traumados porque se les preguntó si mantenían relaciones íntimas, si habían agredido sexualmente a otros y si alguna vez habrían pensado en suicidarse, entre otras cosas".
También expuso que "les hicieron preguntas sexuales como si fueran adultos y sobre sus familias, si había amantes, violencia o historias de suicidio".
Los padres señalaron que, tras la aplicación, en el colegio les informaron que se trató de la Encuesta Clap, que se hace a todos los escolares entre 10 y 19 años en los colegios y que estuvo a cargo de funcionarios del C de San Antonio, por cuanto es un programa del Ministerio de Salud.
De acuerdo con la Subsecretaría de Salud Pública, "la ficha Clap se utiliza hace más de 15 años en el control de salud integral de los y las adolescentes en la red de salud. Es un instrumento avalado por la OMS, que busca identificar aspectos como el proceso de crecimiento y desarrollo, antecedentes familiares de enfermedades, o situación psicoemocional".
Además, "los lineamientos que entrega el Ministerio de Salud indican que la ficha se debe realizar bajo el respeto de la confidencialidad, con el consentimiento y asentimiento de las y los jóvenes y siempre acompañados por un tercero".
La Superintendencia de Educación informó por su parte que una vez conocidos los hechos ingresaron "una denuncia de oficio para investigar las circunstancias del hecho y si lo realizado por el establecimiento se ajustó a la normativa educacional".
Parlamentarios de la Quinta Región
Una de las primeras diputadas en reaccionar fue Camila Flores (RN), quien dijo que le "parece de suma gravedad lo que ha ocurrido" y, por lo tanto, "voy a hacer la denuncia correspondiente a la Superintendencia de Educación, porque más allá si este test está validado o no por organismos nacionales o internacionales, no se puede realizar, desde mi punto de vista, sin el consentimiento de los padres".
"Estamos hablando de preguntas de grueso calibre, que niños de 10 años no tienen por qué saber o conocer. Son temáticas que obedecen a la educación más bien que se les entrega en la casa, que los padres deben guiar a estos niños pequeños y que no se les debe imponer en un colegio", añadió.
Además, expuso que "esto se le puede hacer a una persona que tenga un criterio formado, por último, a un adolescente, pero no a un niño de 10 años, menos, insisto, sin el consentimiento de sus padres. Si sus padres consienten, me parece que tienen todo el derecho de hacerlo, pero si los padres no saben o se oponen, no se puede realizar. Por eso voy a denunciar esta situación".
Desde el mismo partido, el diputado Andrés Celis manifestó que es "completamente inaceptable que se exponga a niños de tan corta edad a preguntas sobre sexualidad en sus evaluaciones escolares. La infancia debe ser un período protegido y libre de presiones inapropiadas. Este tipo de cuestionarios deben ser diseñados de manera que respeten el desarrollo natural de los niños y siempre deben contar con el consentimiento informado de los padres. No podemos permitir que se vulnere la inocencia y el bienestar de las y los niños bajo ninguna circunstancia. Hago un llamado a las autoridades del Ministerio de Educación (Mineduc) a revisar y regular estrictamente este tipo de prácticas para asegurarnos de que reciban una educación adecuada, respetuosa y acorde a su etapa".
El diputado Hotuiti Teao (IND-EVO) afirmó, en tanto, que "como integrante de la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados me alarma enormemente las preguntas absolutamente inapropiadas realizadas a niños del colegio municipal España de Llolleo, en San Antonio".
"Como ente fiscalizador y especialmente enfocado en resguardar la infancia, elevé un oficio fiscalizador solicitando a la ministra de Salud modificar la Encuesta Clap, que es parte del Programa de Salud Integral de Adolescentes y Jóvenes del Ministerio de Salud y que se aplica a niños entre 10 y 19 años. Todo esto, a fin de que en niños de rango de edad menor, se apliquen preguntas distintas y más acorde a su desarrollo emocional", puntualizó.
Asimismo, sostuvo que "ya elevé un documento que envíe tanto a la Comisión de Familia como a la Comisión de Salud, a fin de solicitar una sesión conjunta en donde concurra tanto la ministra Ximena Aguilera como la subsecretaria de la Niñez, el defensor de la Niñez y los padres de los menores afectados, a fin de que pueda abordarse el cambio de las preguntas acorde a la edad de cada niño encuestado".
Desde el PPD, la diputada Carolina Marzán también consideró esto como "una situación grave". "Primero, este cuestionario debería estar revisado y autorizado por los padres madres o tutores. Preguntarle a un niño o niña, cuya etapa de desarrollo no es la misma que la de un adolescente o cercano a la mayoría de edad, puede resultar muy violento y traumático, no solo en el aspecto de las preguntas de carácter sexual, sino también si se les consulta respecto a situaciones de suicidio", acotó.
También afirmó que "sabemos que la salud mental hoy es un tema sobre la mesa, que debemos abordar por las altas tasas de suicidio en jóvenes, y significa revictimizarles si uno de ellos ha estado en esta situación, lo que podría además gatillar situaciones complejas si no ha tenido el apoyo adecuado. Por ello, a cualquier edad, siendo menores de 18 años, me parece que debe existir el conocimiento y autorización por parte de los y las apoderadas".
Por la misma razón, comunicó que "oficiaré al Ministerio de Salud y a la Seremi de Salud; pero también al Ministerio de Educación y la Superintendencia de Educación, para que nos informen respecto a esta delicada situación, y se establezcan las sanciones y reparos correspondientes, de comprobarse la vulneración a la salud emocional y privacidad de los y las niñas".
Por último, el diputado Nelson Venegas (PS), indicó que "de ser efectivos los hechos que se están señalando, evidentemente estamos frente a una situación muy grave. Se atenta contra la ley de derechos y deberes del paciente, se atenta contra la intimidad de los pacientes, y si a esto le sumamos que son niños cuya edad aproximada es de 10 años, sin duda que es un hecho gravísimo".
"Ahora -añadió- lo que corresponde eso sí es no aventurarse, hay que investigar y para eso, a partir de esta información, vamos a oficiar a la Municipalidad de San Antonio, porque el Cesfam está bajo la administración de dicha municipalidad así que vamos a realizar las investigaciones, porque insisto, estamos ante una situación gravísima".
Educación afirma que no fueron consultados
Al respecto -según consignó El Mercurio- la Seremi de Educación de la Región de Valparaíso mediante una declaración pública, manifestó que como Ministerio de Educación "no fuimos consultados ni fuimos parte de la coordinación para la realización de esta encuesta".
Explicó además que "el jefe provincial de Educación de San Antonio, Sergio Baeza, sostuvo conversaciones con el director del establecimiento para esclarecer el cumplimiento de los protocolos correspondientes".
Añade la declaración que "de acuerdo al levantamiento de información realizada hasta ahora, no se solicitó consentimiento a las familias por parte del establecimiento ni por el personal de salud” y recuerda que según la normativa educacional (DFL 2 del año 2010, artículo 10, letra b).
"Las madres, padres y apoderados tienen derecho a ser informados por el sostenedor y los directivos y docentes a cargo de la educación de sus hijos de los rendimientos académicos de la convivencia escolar y del proceso educativo en su conjunto, lo que incluye talleres o actividades de capacitación gestionadas con entidades externas", añade el escrito.
A su vez, la Superintendencia de Educación ingresó una denuncia de oficio para investigar las circunstancias del hecho y si lo realizado por el establecimiento se ajustó a la normativa educacional. Tras presentar este escrito, se solicitaron los antecedentes del caso al establecimiento educacional, los cuales serán analizados, y si se identifican posibles infracciones a la normativa educacional, se realizará una fiscalización.
El comunicado asegura que "como Ministerio de Educación nuestra preocupación está en el resguardo de los derechos de niñas y niños y a la entrega oportuna de información hacia las y los apoderados en los operativos que se realizan en los establecimientos educacionales".
Paralelamente, los apoderados interpusieron una denuncia que fue derivada al Juzgado de Familia de San Antonio que debe investigar lo ocurrido.
