Presidente Gabriel Boric; ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo.
Emol.
Una seguidilla de crímenes marcaron el fin de semana en distintos puntos del país, aunque principalmente concentrados en la Región Metropolitana. Hubo un cuádruple homicidio que afectó a adolescentes en Quilicura, mientras que en Lampa se registró una masacre, donde cinco sujetos extranjeros murieron tras una balacera.
Desde la arista política hubo múltiples reacciones, con peticiones de renuncia del equipo del Interior, mientras que los aludidos, al menos el fin de semana, no salieron a dar declaraciones, pese a que para hoy se convocó una reunión en el Ministerio.
Quien
sí habló fue el Presidente Gabriel Boric, previo a su viaje a Paraguay. El Jefe de Estado tildó el hecho como "gravísimo y de la mayor consternación", y afirmó que "desde el Estado de Chile no vamos a permitir que el crimen organizado nos gane la batalla".
No obstante, el Presidente también aprovechó la instancia para emplazar a la oposición, en particular a la UDI, luego que solicitara la renuncia de la ministra Carolina Tohá a raíz de los homicidios de las últimas horas. "Ante las exigencias absurdas de renuncia que algunos parlamentarios están haciendo llegar por redes sociales o a través de comunicados, les digo no señores, acá el gobierno está trabajando", dijo Boric.
Y añadió: "Yo no les voy a pedir la renuncia a nadie porque me lo pida a la UDI y que eso les quede absolutamente claro. Así que mejor gasten sus energías en colaborar, en trabajar en conjunto, en sacar adelante el fast track de seguridad 2.0 que acordamos con el Congreso Nacional y el Ejecutivo, en sacar adelante el pacto fiscal para poder de una vez por todas, por ejemplo, levantar el secreto bancario y seguir la ruta del dinero de los narcos".
Otra reacción desde el Gobierno tuvo lugar el viernes, luego del, hasta entonces triple homicidio de adolescentes en Quilicura -la cuarta muerte se reportó el domingo-, donde la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, optó por hacer un ejercicio de comparación con otros países al ser consultada por si Chile es un país seguro para vivir. Vallejo dijo que existen "grandes desafíos en seguridad, pero no estamos al nivel que están nuestros países vecinos".
El tema ha llevado a que incluso voces del oficialismo emplacen al Gobierno a tomar medidas. Hoy, el senador José Miguel Insulza (PS), pidió estado de sitio para la RM, mientras que el senador PPD, Ricardo Lagos Weber, dijo a EmolTV que la comparación de Vallejo "respecto de los vecinos y del barrio puede que sí (aplique), pero eso no es un consuelo desde el punto de vista de lo que nos ocurre fronteras adentro".
En conversación con Emol, analistas revisan la reacción del Ejecutivo en torno a la violencia y la penetración del crimen organizado en el país, que ha dejado un alza del 22% en los delitos de homicidios en este primer semestre de 2022, respecto al mismo periodo del año pasado.
Un desfase comunicacional y "desconexión"
De acuerdo a Germán Silva, Analista Político de la U. Mayor, el Gobierno "se desfasó comunicacionalmente al enfrentar la seguidilla de asesinatos", lo que se refleja en "una reacción tardía para la magnitud de los casos, que hace recordar los enfrentamientos de pandillas en otros países o los tiroteos habituales en los colegios en Estados Unidos".
Por su parte, comenta que la
vocera Camila Vallejo, "sin duda, se equivocó al intentar minimizar la gravedad del problema comparándonos con otras realidades. Fue una reacción defensiva,
poco empática con el temor que infunden estos casos en la población. Además, se vio a un Gobierno tomándose el interferido; se extrañó a no sólo a Interior en las vocerías sino que también a la Justicia".
No obstante, el analista comenta que la oposición tampoco estuvo a la altura. "Pedir la renuncia de toda la cúpula de interior fue algo infantil, que no ayuda a enfrentar un problema que es de estado, si esa fuera una solución. Tendrían que pedir la renuncia de los jefes de las policías, del poder judicial, del fiscal nacional. Este es un momento en que hay que iniciar una reflexión , una dialogo país para enfrentar esta grave fase en la que estamos entrando".
Para Claudio Alvarado, director Ejecutivo del IES, las declaraciones del Presidente Boric y el modo en que emplaza a la oposición "sugiere más bien cierta desconexión, como si fuera incapaz de sopesar la gravedad de la situación y qué se espera del jefe de Estado en momentos tan críticos como los actuales".
Ausencia de una política estratégica y rol del Presidente
Estas muertes, dice Carlos Peña, rector de la UDP, en su columna de este miércoles en El Mercurio, "es un asunto político". El Estado, añade, es el que tiene el monopolio de la fuerza, y si "por torpeza, prejuicio ideológico, incapacidad, somnolencia o lo que fuera, el Estado pierde el monopolio de la fuerza o es incapaz de poner orden, entonces la responsabilidad recae en la autoridad política, en el jefe de Estado y en el aparato gubernamental".
"En otras palabras, en el Presidente Gabriel Boric y sus ministros y ministras", sostiene. "Si la violencia se enseñorea de las calles, ello es simplemente un fracaso de quienes conducen el Estado", subraya Peña.
"La reacción del Presidente va en una dirección contraria, cuando los equipos no funcionan y las ideas que se están plasmando en la generación de una política pública de seguridad que es a todas luces fallida, hay que corregirla, y por tanto ahí se equivoca el Presidente a no tomar decisiones".
Máximo Quitral, analista político UTEM
En la misma línea,
Máximo Quitral, analista político de la UTEM, comenta a este medio que "este es un sistema presidencialista y se le pide al Presidente acciones concretas que le transmitan seguridad a la población".
Bajo ese prisma, enfatiza que la reacción que ha tenido el Gobierno ha sido "equivocada", puesto que "hay que dar señales en el sentido de la preocupación más allá de las declaraciones rimbombantes con una política concreta y estratégica, para resolver la crisis de seguridad que se arrastra hace mucho rato".
"La reacción del Presidente va en una dirección contraria, cuando los equipos no funcionan y las ideas que se están plasmando en la generación de una política pública de seguridad que es a todas luces fallida, hay que corregirla y por tanto ahí se equivoca el Presidente a no tomar decisiones", cerró.
Alvarado, por su parte, agrega que "lo principal y más grave es que hasta ahora no se ve nada semejante a un plan u hoja de ruta a la altura de las circunstancias; un plan que convoque a las fuerzas políticas de todo el espectro y ofrezca indicios de solución, un camino a seguir que rehabilite la capacidad del Estado de poner orden".
"Mal que le pese al Presidente, la responsabilidad del orden y la seguridad pública en primer lugar es suya y del Ejecutivo. Con esa actitud, además, ciertamente no mejorará el diálogo con las fuerzas opositoras. En cualquier caso, lo único claro es que si La Moneda hablaba hace un par de meses de 'normalización', 'estabilización' y cosas similares, hoy se demuestra cuán lejos de la realidad está esa retórica", cerró.
