En mayo pasado, un grupo de diputados de oposición solicitó a la Contraloría General de la República (CGR) que evaluara la legalidad de la campaña publicitaria del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, la cual promovía el proyecto de reforma previsional en varios canales de televisión.
La petición, realizada por los parlamentarios Juan Antonio Coloma, Cristian Labbé, Henry Leal, Frank Sauerbaum, Jorge Guzmán y Silvestre Díaz, se basaba en un dictamen de 2002 que había cuestionado los gastos de una campaña similar relacionada con el Plan Auge.
En esa ocasión, la Contraloría determinó que no era apropiado que los organismos públicos incurrieran en gastos para publicitar proyectos que aún no estaban formalmente implementados.
No obstante, la resolución actual de la Contraloría difiere. El organismo concluyó que el Ministerio del Trabajo actuó conforme a la normativa y jurisprudencia administrativa vigente. El informe de la Contraloría estableció que el Ministerio actuó dentro de sus competencias y de acuerdo con el artículo 3° de la ley N° 19.896, sin que ello constituyera una intromisión en las atribuciones de la Segegob.
La Contraloría también aclaró que la propuesta legislativa para un nuevo sistema mixto de pensiones, promovida por el Ejecutivo, está pendiente de la aprobación del Congreso, como se indica en el spot publicitario. En este contexto, el organismo determinó que no había indicios de que las actividades de publicidad y difusión, ni los gastos asociados, infringieran el principio de probidad administrativa.
El contenido del video, según el dictamen de la CGR, se ajusta al objetivo de informar a la ciudadanía sobre la iniciativa gubernamental para la reforma del sistema de pensiones.
