Este 4 de septiembre -y los días posteriores- podrían resultar clave para el mundo político y empresarial. A partir de ese día, la fiscalía pondrá a disposición de Juan Pablo Hermosilla, el material con los chats de su hermano e imputado en el caso Audio, Luis Hermosilla.
El viernes, el fiscal nacional, Ángel Valencia, accedió a la solicitud de Hermosilla para entregarle los más de 700 mil mensajes de WhatsApp, además de fotos, audios y videos, que forman parte de la carpeta investigativa en el caso y las diversas aristas que hasta ahora, han emanado.
La entrega no es baladí, a raíz de las características del propio caso, con delitos imputados por soborno, lavado de activos y delitos tributarios, sumado a los nombres que hasta ahora han sido salpicados en los vínculos de Luis Hermosilla, al menos se podría predecir cierta preocupación en el ambiente. Y es que la semana pasada, tras anunciar que pediría los chats, Juan Pablo Hermosilla también advirtió que los haría públicos.
Eso sí, de acuerdo a la fiscalía, los chats que se entregarían serían solo aquellos que permitan hallar casos de corrupción, es decir, constitutivos de delito y que siguen la línea de investigación.
"El celular es de propiedad de él, se le va a entregar para que haga las denuncias pertinentes". Y dice que cree que "él (Juan Pablo) no sabe todo lo que hay en el celular, porque si no, no estaría diciendo 'abramos el celular', porque podría dañar la honra de muchas personas, aunque no sea delito", dijo el sábado a Emol la vocera y asesora jurídica de la fiscalía, Pamela Valdés.
Ante este escenario, el Gobierno ha intentado mantener cautela. Y es que la semana pasada estuvo marcado por una dura ofensiva de Juan Pablo Hermosilla hacia el Ejecutivo, luego que el Presidente Gabriel Boric se refiriera a la prisión preventiva de Luis Hermosilla: "acaban de enviar a la cárcel, a prisión preventiva, a un señor que se creía todopoderoso, al señor Hermosilla", dijo el Mandatario el martes.
Aquello dio pie para que el abogado defensor acusara de "politización" del caso, pusiera un recurso de amparo para que Luis Hermosilla fuera trasladado de Santiago 1 al anexo Capitán Yáber, y terminara con la advertencia de la revelación de chats. Su estrategia funcionó y el Gobierno bajó el tono. La duda es cuánto puede cambiar el escenario si el abogado, efectivamente, revela los chats.
Gobierno mantiene "tranquilidad", pero revisa posibles "nexos"
El fin de semana, la ministra del Interior, Carolina Tohá, aseguró que tienen "plena tranquilidad" ante la revelación de los chats del abogado Luis Hermosilla. Fue el domingo cuando le consultaron -en medio de una pauta en materia de seguridad-, si existía preocupación en La Moneda en torno a este punto.
"No, no tenemos ninguna preocupación. Creemos que la Fiscalía tiene que hacer su trabajo, la investigación tiene que seguir adelante y tenemos plena tranquilidad al respecto", subrayó la ministra.
De todas formas, dijo que en caso de que exista algún vínculo en el sector en torno a la investigación, "tendrá que operar la justicia". Añadió además que "ojalá que, si eso sucede, sea identificada y se haga lo que se deba hacer".
Esta mañana, en tanto, fue el ministro de Justicia, Luis Cordero, quien abordó el tema y dio cuenta de la suerte de "preparación" que está manteniendo el Ejecutivo ante la inminente entrega de los chats. En concreto, revisando posibles nexos de las autoridades con el abogado imputado.
En conversación con Radio Pauta, el secretario de Estado indicó que "el Gobierno ha hecho sus evaluaciones desde que estalló el caso", relativas a verificar "si hay personas que están en el gabinete que tuvieron o mantuvieron contacto con el abogado Luis Hermosilla". En ese sentido, subrayó que "el Ejecutivo no es ajeno a las contingencias de este tipo".
En su caso, el ministro reiteró que la única comunicación con el abogado fue "cuando iba a asumir el patrocinio de Miguel Crispi y tratamos de coordinar una reunión para ver antecedentes". "Yo había participado en algunas evaluaciones de antecedentes", indicó, acotando que "la conversación nunca se produjo, porque luego estalló el caso Hermosilla. De hecho, por eso el patrocinio de él nunca se llevó a cabo por lo mismo".
De todas formas, el titular de Justicia comparte el escenario que gran parte del mundo político y otros expertos han proyectado, en sus palabras: "si se van a revelar buena parte de esas informaciones, es probable que revele una gran cantidad de conversaciones con actores del sistema político en su más amplia variedad. Muchas de ellas asociadas a su desempeño profesional, otro probablemente a gestión de terceros".
Vallejo: "Hemos hecho la revisión correspondiente
En tanto, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, insistió esta mañana en la postura que ha tenido el Gobierno tras "bajar el tono" en torno al caso. "Somos los menos interesados en que casos como estos se politicen, porque lo importante es perseguir la corrupción, caiga quien caiga, tener altos estándares en este tipo de persecuciones, con buenas leyes, con buen trabajo institucional por parte de la justicia, y que la ciudadanía sepa quiénes son los responsables de los delitos de corrupción y tengan penas proporcionales a esos delitos que son graves porque dañan nuestra democracia", sostuvo.
Asimismo, afirmó que "nosotros vamos basándonos en lo que el Ministerio Público vaya dilucidando, y sobre eso, esperamos que la institucionalidad avance, que es algo que no podemos no celebrar, valorar y reconocer cuando la justicia avanza en sus investigaciones y tener resultados concretos".
Consultada por si se han revisado "otros nexos" del Ejecutivo -luego que se hiciera mención a que Luis Hermosilla fue abogado del jefe del Segundo Piso, Miguel Crispi, y de que ayer Ciper revelara que Hermosilla intentó llamar a Ana Lya Uriarte cuando formaba parte del Gobierno de Michelle Bachelet-, la ministra Vallejo insistió en que "como Gobierno estamos sumamente tranquilos, no sólo porque hemos hecho la revisión correspondiente, y porque la justicia tiene que avanzar, independientemente de militancias, de cercanía, esa es una máxima que ha puesto el Presidente desde hace tiempo, y que se reforzó con el Caso Convenios".
