Ante las advertencias de un paro indefinido por parte de los trabajadores de Dirección General de Aeronáutica Civil, el cual se depuso la noche de este viernes, la Asociación Chilena de Líneas Aéreas (ACHILA) y la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur) instaron al Gobierno a tomar medidas para evitar futuras movilizaciones que paralicen los aeropuertos.
En un comunicado, las entidades afirmaron que "
las autoridades de gobierno tienen la obligación de adoptar todas las medidas legales que correspondan para que nunca más se paralicen los aeropuertos".
Asimismo, manifestaron que la movilización efectuada esta semana causó un daño "de gran magnitud a decenas de miles de usuarios del transporte aéreo, que fueron impedidos de llegar a sus destinos y realizar sus actividades cotidianas, impactando negativamente también en la imagen del país".
Carolina Simonetti, gerente general de ACHILA, expresó que "nuestro gremio estima absolutamente inaceptable que, frente a todo el país, un grupo de presión haya actuado ilegalmente, perjudicando a miles de personas que necesitan transportarse. El transporte aéreo es una actividad altamente estratégica y de utilidad pública, por lo que las autoridades no deben permitir que sea paralizada por grupos de presión".
En tanto, Mónica Zalaquett, Presidenta Ejecutiva de Fedetur, advirtió que la solución de esta contingencia no resuelve los problemas de fondo relacionados al mal funcionamiento que exhiben los aeropuertos del país, situación que se debe principalmente a una gobernanza deficiente en la gestión de estos recintos. "La institucionalidad actual no capaz de responder adecuadamente a los desafíos que tiene el país en materia de conectividad aérea. Hoy son varios los actores que intervienen en la operación de los terminales aeroportuarios y no existe un ente que los coordine y que facilite un proceso de toma de decisiones oportuno y eficaz. Se trata de infraestructura crítica fundamental para el normal funcionamiento del país, de los sectores productivos y del desarrollo de la vida cotidiana de las personas, que por su relevancia, el Estado tiene la obligación de garantizar su funcionamiento continuo".
