En su programa de Gobierno, bajo la promesa de "cambios concretos para un nuevo Chile", el Presidente Gabriel Boric se comprometió a promover la "Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir". En particular, el entonces candidato aseguró su intención de "legalizar el aborto, estableciéndolo como una prestación de salud garantizada y dotando a los centros de salud con métodos recomendados para la evacuación uterina, como mifepristona, misoprostol y AMEU".
Este compromiso fue ratificado por Boric en su última cuenta pública ante el Congreso Nacional, donde afirmó: "Como Presidente de la República estoy convencido de la necesidad de dar un debate democrático en materia de derechos sexuales y reproductivos, y pese a que algunos diputados hombres se opongan, durante el segundo semestre de este año ingresaremos un proyecto de ley de aborto legal, que someteremos a la discusión correspondiente con el compromiso que anima a nuestro Gobierno de avanzar y de no retroceder".
Sin embargo, el Ejecutivo, a través de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, anunció que la presentación del proyecto se postergará para el próximo año.
"Técnica legislativa"
La razón que dio Orellana para este retraso es que aún existen aspectos de "técnicas legislativas" que deben resolverse antes de avanzar con la iniciativa. En particular, la ministra explicó que están a la espera del pronunciamiento de la Contraloría General de la República respecto al reglamento de la ley de aborto en tres causales, el cual, según Orellana, ha tardado más de lo previsto debido, entre otros factores, a la cantidad de opositores.
En una entrevista con Radio Cooperativa, la secretaria de Estado expresó: "Actualmente, debemos recibir en Santiago a niñas víctimas de violación o a menores con embarazos avanzados que están al borde de las semanas, porque el sistema sanitario, con el reglamento vigente, no logra atenderlas en sus regiones de origen". Esta situación busca corregirse mediante las modificaciones propuestas al reglamento.
Por lo tanto, el Gobierno espera la respuesta de la Contraloría para determinar si este tema podrá incorporarse a través del reglamento o si deberá ser incluido en el proyecto de ley y discutido en el Congreso Nacional.
No están los votos en el Congreso
Si bien el Gobierno argumenta que la demora se debe al trámite en la Contraloría General de la República, desde la oposición advierten que un proyecto como el que propone el Ejecutivo no sería viable políticamente, especialmente porque el oficialismo no tiene mayoría en ninguna de las Cámaras del Congreso Nacional.
En la práctica, no se contarían con los votos necesarios, ya que la Democracia Cristiana, aliada electoral de los partidos oficialistas en las últimas elecciones, ya ha anunciado que no respaldará la iniciativa. Según el diputado y vicepresidente de la Cámara, Eric Aedo (DC), la bancada de diputados, compuesta por seis parlamentarios, está comprometida con "preservar la vida" y se opone al aborto libre.
Asimismo, desde Chile Vamos han señalado que este retraso se debe a que La Moneda se dio cuenta de que la iniciativa no prosperará en el Congreso. Además, han instado al Ejecutivo a avanzar en proyectos que unan fuerzas, en lugar de generar divisiones.
Esta discusión, cargada de un alto componente ideológico, podría agitar aún más el ambiente en el Congreso Nacional y poner en riesgo el avance de otros proyectos de ley que requieren la construcción de mayorías. Por ello, algunos parlamentarios consideran que este retraso podría deberse a que el foco debe centrarse en otros temas, como alcanzar un acuerdo en materia de pensiones y no generar posibles obstáculos que puedan afectar el progreso de la tramitación de otras iniciativas.
La imagen de Orellana
Otro aspecto que podría explicar el retraso en la presentación de la ley de aborto sin causales es la situación de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, quien sufrió un fuerte golpe a su imagen tras la denuncia por violación y abuso sexual contra el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve.
Aunque el presidente Gabriel Boric y la ministra del Interior, Carolina Tohá, no informaron a Orellana sobre la denuncia antes de que esta fuera publicada en los medios de comunicación — lo cual fue lamentado por la secretaria de Estado — su actuación posterior fue objeto de numerosas críticas por parte de la oposición y también personeros del oficialismo. Estas incluyeron su falta de condena rápida y enérgica ante los hechos, el impasse que generó al afirmar que Monsalve no era "un portero" y que por ello se tomaron más medidas antes de exigir su salida, así como su intervención ante la Cámara de Diputados, donde arremetió directamente contra algunos legisladores.
A finales de octubre, Orellana compareció en una sesión especial en el hemiciclo de la Cámara, acompañada por la ministra del Interior, Carolina Tohá, y la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, para dar cuenta de las acciones del Gobierno tras la denuncia contra el exsubsecretario.
Durante el debate, los parlamentarios de oposición acusaron a la ministra de la Mujer de tener un "doble estándar" a la hora de condenar la violencia hacia las mujeres.
En respuesta, Orellana afirmó: "Se nos acusa de doble estándar, cuando los hechos de la gestión del ministerio muestran todo lo contrario. Sí podríamos hablar del estándar de quienes, teniendo a un compañero de trabajo imputado por abuso sexual infantil reiterado (Francisco Pulgar), no han dicho una palabra (...) No se dijo nada, tampoco en esta sala, que me acusa de tener doble estándar, cuando un diputado (Enrique Lee), vulnerando el secreto de sumario, se defendió de una acusación de acoso sexual también entregando la identidad de la denunciante".
Esta declaración generó malestar entre los diputados, incluso entre algunos oficialistas, ya que se sintieron reprochados por la secretaria de Estado, quien acusó a toda la Corporación de guardar silencio ante estos casos. En ese contexto, varios legisladores exigieron disculpas públicas de parte de la ministra.
Por qué no se presentó antes
Una de las críticas que han surgido desde las organizaciones feministas es por qué el Gobierno esperó hasta el último año de administración para iniciar esta discusión en el Congreso Nacional, cuando se trataba de un tema clave en la agenda feminista que el Presidente Boric quería impulsar.
En ese contexto, un año legislativo marcado por elecciones parlamentarias y presidenciales podría no ser el escenario más adecuado para avanzar en este asunto.
En relación a por qué no se presentó la propuesta años atrás, Orellana explicó en una entrevista con Radio Cooperativa que "el primer año estábamos con un proceso constituyente, en el que, de hecho, la misma Coordinadora 8M fue de la idea de poner esto en la misma constitución".
Además, subrayó que "era difícil presentar un proyecto con esa discusión detrás".
