Una posible nueva arista inicia en torno al caso del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve, quien se encuentra en prisión preventiva desde el 19 de noviembre tras ser formalizado por la Fiscalía Centro Norte por los delitos de abuso sexual y violación, los que habría cometido contra una subordinada.
La denunciante, de 32 años, ingresó -mediante la representación del Estudio de Abogados RFU- un escrito con el objetivo de llevar adelante una eventual demanda contra la Subsecretaría del Interior.
La acción, presentada ante el 2° Juzgado de Letras de Santiago, señala: "Con el fin de preparar las eventuales acciones que se podrían ejercer, en especial la de tutela de derechos fundamentales con relación funcionaria vigente (...), vengo en deducir medida prejudicial probatoria en contra de Fisco de Chile", reveló La Tercera.
En el escrito también se señala: "La presente solicitud se funda en los actos de acoso laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo de los que fui objeto durante la relación contractual con la requerida, tras ser víctima de actos constitutivos de estos mismos, así como delitos de violación y abuso sexual durante la noche del 22 a la madrugada del 23 de septiembre del 2024, actos perpetrados por mi jefatura directa, esto es el exsubsecretario del Interior, con ocasión de la labor, episodios que en sí mismos afectaron gravemente mi integridad física y psíquica e intimidad, además de mi derecho a la no discriminación y libertad de trabajo".
Por lo mismo, la denuncia acusa que ha sufrido diversas presiones que afectan su integridad y sin que el Estado, su empleador, cumpla con la protección que debe realizar.
Reacciones de parlamentarios
Emitieron diversas reacciones los parlamentarios que integran la Comisión Investigadora del caso. El presidente de la instancia, el diputado Miguel Mellado (RN), dijo que la desprotección de la víctima demuestra que "el Gobierno no tenía ni procedimientos, ni protocolos para actuar" en este tipo de casos, recordando que "la ministra de Interior (Carolina Tohá) nos dijo, incluso en la comisión, que actuaron tarde, mal e improvisadamente".
Afirmó que la denunciante "está en su derecho" de emprender esta acción y que espera que "las feministas también apoyen a la víctima". "Ella está actuando sola y todavía está sola", planteó.
Con todo, aseguró que desea que el Ejecutivo le pida "perdón a la víctima y a su familia", además de "actuar de una forma más proactiva y también asumir una responsabilidad política".
El diputado Álvaro Carter (UDI), emitió declaraciones en el mismo tenor que su par. "Esto sucede cuando un gobierno no tiene una conducción clara y la ideología maneja las decisiones", dijo, calificando como "gravísimo" que el Estado no implementara medidas de protección que resguarden la integridad de la víctima ante "un ambiente susceptible de vulneraciones".
"Este pseudo Gobierno feminista fracasó. Han demostrado que solo protege a las suyas, a las que piensan como ellas o a sus amigas", cuestionó, planteando que "ojalá la denunciante haga valer con toda la fuerza de la ley sus derechos fundamentales. Y de pasada, que la ministra (de la Mujer), (Antonia) Orellana, renuncie a su cargo".
Finalmente, dijo que "no necesitamos más policías de la moral como ella se ha planteado desde el inicio de este Gobierno".
La jefa de la bancada de diputados Demócratas, Joanna Pérez, sostuvo que "la víctima está en todo su derecho de utilizar los instrumentos que le da nuestro ordenamiento jurídico y especialmente para su tranquilidad, la de su familia".
"En este caso también intervinieron actores del propio Estado, instituciones, por lo tanto, eso es complejo y ella tiene que tomar todos los instrumentos que pueda determinar la justicia", sostuvo.
Por otro lado, la diputada Camila Musante (Ind-PPD) sostuvo que "la denunciante contra el señor Monsalve está en todo su derecho de demandar al Estado si considera que el manejo de este caso le ha provocado un daño o un perjuicio por parte del Estado".
Afirmó que como comisión "no estamos para pronunciarnos como tribunal de justicia, ni mucho menos dictar una sentencia" y planteó que "lo que tenemos que hacer es fiscalizar los actos de Gobierno. Por eso hemos citado a la ministra del Interior, al director de la Policía e Investigaciones (Eduardo Cerna), al general director de Carabineros (Marcelo Araya) y a la exjefa de Inteligencia (Cristina Vilches), que esperamos pueda asistir, para darnos claridades sobre estas órdenes de revisión de cámaras, y quienes pudieron haber colaborado a infringir las normas que establece la ley de inteligencia".
A su vez, la diputada Carla Morales (RN) indicó: "Encuentro razonable y prudente que la denunciante de 32 años abra un proceso para demandar al Fisco por actos de acoso laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo de parte del exsubsecretario del Interior".
"Lo anterior, se debe a que la denunciante lo debe estar pasando bastante mal no solo en lo anímico, sino también en lo familiar, y además, en lo laboral, porque la situación que vivió será difícil luego encontrar un trabajo estable. Asimismo, este Gobierno reaccionó tarde, muy tarde en la ayuda psicológica y psiquiátrica", completó.
La diputada Gloria Naveillán (Ind), señaló que "me parece justo y necesario que la denunciante de Manuel Monsalve demande al Estado, porque el Estado se rio en su cara", aludiendo a que el Gobierno mantuvo al imputado en su cargo por 48 horas, luego de que el Ejecutivo se enterara de la acusación.
"El gobierno pudo hacer más, por supuesto que el Estado debió hacer más, pero desgraciadamente no lo hizo y eso significa que aquí hay una víctima que merece una justa reparación", concluyó sobre su punto.
Si bien no conforma la comisión, el diputado del Partido Social Cristiano, Roberto Arroyo, planteó que la acción "evidencia graves fallas institucionales en la protección de los derechos fundamentales. La víctima denunció actos de acoso laboral y sexual, violencia en el trabajo, así como delitos de violación y abuso sexual perpetrados por su jefatura directa, lo que expone una preocupante falta de respuesta efectiva por parte del gobierno y las instituciones responsables".
"Ante estos hechos, es fundamental que el Estado asuma su responsabilidad por los errores cometidos bajo su representación. La búsqueda de justicia para la denunciante debe ser prioritaria, al igual que la implementación de medidas estructurales para prevenir y sancionar este tipo de vulneraciones en el futuro, restaurando la confianza pública en las instituciones", cerró.
En tanto, Marlene Pérez (IND.-UDI) aseveró: "Los antecedentes de este caso son de público conocimiento, hubo omisiones, contradicciones, y un actuar tardío de parte del Gobierno. Por lo mismo, me parece que es un proceso que corresponde, pues evidentemente el Estado no la protegió ni le dio contención a la víctima, una vez conocida la denuncia".
"Es más, Manuel Monsalve se mantuvo en su cargo por 48 horas después de conocida la denuncia, la víctima fue amenazada por una funcionaria y la PDI fue a buscarla a su departamento, por lo que el Estado, en lugar de protegerla, básicamente la amedrentó", finalizó.
