Tras conocerse que la Corte de Apelaciones de Valparaíso no dio lugar a una nueva solicitud de suspensión del desalojo de la megatoma de San Antonio, el presidente de la comisión de Vivienda de la Cámara criticó la situación que complica ahora al Gobierno.
Esto, porque el pasado 31 de enero expiraron los dos meses extra de plazo que dio el tribunal luego de que la Delegación Presidencial de Valparaíso solicitara más tiempo para desplazar a las 10.251 personas que habitan en las 4.136 viviendas ilegales, según datos del último catastro del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).
En esa línea, el presidente de la comisión de Vivienda de la Cámara, Juan Manuel Fuenzalida (UDI) señaló que
"es gravísimo lo que está ocurriendo respecto del fallo de la Corte Suprema que ordena el desalojo de la toma de San Antonio, en el sentido de que acá las autoridades que están obligadas a ordenar esa acción estarían cayendo en el
desacato de una resolución judicial y pretenden salvar su responsabilidad sobre texto de que no están las condiciones".
En conversación con Emol, Fuenzalida aseguró que "este es un tema que se viene viendo desde hace mucho tiempo. Nosotros incluso en la Comisión de Vivienda tuvimos la comparecencia de los dirigentes de la toma. Se puso en conocimiento del Ministerio de Vivienda y del Ministerio del Interior respecto a esa situación".
"Entonces ahora, después de más de dos años, vienen a decir que no tienen las condiciones como para poder proceder cuando deberían haber actuado con sentido de urgencia para buscar una solución, una solución real para el problema de esa toma", criticó el parlamentario.
En esa línea, el diputado UDI concluyó que "creo que acá, si no se cumple con esta resolución judicial, creo que las consecuencias jurídicas y sociales serían muy graves desde el punto de vista del funcionamiento del Estado de Derecho".
