El pleno del
Tribunal Constitucional (TC), determinó esta tarde, por unanimidad, que no abrirán un proceso de presentación de pruebas en torno al requerimiento de un grupo de parlamentarios, para que se evalúe el cese del cargo de la senadora Isabel Allende (PS), y pasarán directamente a revisar el fondo del asunto.
Recordar que la acción de los diputados de Republicanos ocurrió en enero de este año, a raíz de la fallida compraventa de la casa del ex Presidente Salvador Allende al Estado, documento que fue firmado por la senadora Isabel Allende, y por la entonces ministra de Defensa, Maya Fernández, quien renunció a su cargo el pasado 10 de marzo, también a raíz de la polémica.
A través de un comunicado, el TC detalló que "con esta fecha, el Pleno del Tribunal Constitucional, integrado por su Presidenta, Ministra señora Daniela Marzi Muñoz, Ministras señoras Nancy Yáñez Fuenzalida y María Pía Silva Gallinato, Ministros señores Miguel Ángel Fernández y Raúl Mera Muñoz, Ministra señora Catalina Lagos Tschorne, Ministro señor Héctor Mery Romero, Ministras señoras Marcela Peredo Rojas y Alejandra Precht Rorris,
acordó por unanimidad de los Ministros y Ministras, no recibir la causa a prueba por no haber hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos que acreditar. La resolución estaría disponible durante el transcurso de la tarde".
"La causa se originó por los requerimientos deducidos por grupos de Honorables Diputadas y Diputados en ejercicio, para que se declare la cesación en el cargo de la Honorable Senadora señora María Isabel Allende Bussi", añaden.
Asimismo, el tribunal detalló que "de conformidad a lo establecido en el artículo 124 de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional de esta Magistratura, la causa quedará en estado de dictarse autos en relación, para que el Pleno pueda conocer el fondo del asunto".
Tras la decisión del tribunal, la senadora Isabel Allende (PS) manifestó que "fue mi abogado, Gabriel Osorio, quien solicitó esto. Fuimos nosotros que solicitamos que el Tribunal Constitucional considerara la posibilidad de que no hubiese un periodo probatorio".
Argumentó que "el abogado siente que la defensa fue suficientemente clara, que aquí no hubo un contrato. Evidentemente, este proceso no continuó, no se llevó a cabo, no hay un pago, no está escrito, etc. Y aparte de eso, obviamente, que era un bien público y de ahí el interés del Ejecutivo en este momento por interés público"
Finalmente, señaló que "creemos que nuestros argumentos son muy sólidos, muy claros y, por lo tanto, vamos a esperar el final".
