Autoridades manifestaron sus reacciones en torno a la llamada a Carabineros que alertaba de un posible ataque de "Los Gallegos", brazo operativo del Tren de Aragua, a una comisaría de la Región de Arica.
La Fiscalía de Arica obtuvo distintas penas que suman cerca de 560 años de presidio efectivo contra 34 miembros del clan, responsables por delitos de asociación ilícita, tráfico de drogas, tráfico de armas, secuestro y homicidios, entre otros graves ilícitos.
El caso se trata de un llamado telefónico a inicios de marzo, "como muchos que se reciben continuamente", explican conocedores del caso. Sin embargo, las autoridades tomaron cartas en el asunto.
Es así como, de acuerdo con diferentes fuentes, hay un reforzamiento en la protección de las unidades policiales de la región.
Consultada por Emol, la delegada presidencial de la región, Camila Rivera, sostuvo hoy que "no vamos a dejar que el crimen organizado nos intimide".
En ese sentido, detalló que "nuestras policías activaron sus protocolos de manera inmediata y de forma preventiva para proteger tanto a nuestros funcionarios y funcionarias, como también a los cuarteles en el cual operan".
A su vez, destacó que "nuestro país tiene un Estado donde la institucionalidad sí opera y el engranaje es necesario para que este sistema funcione, especialmente el sistema de persecución penal, razón por la cual nos parece intolerable este tipo de amenazas que solo nos fortalecen como Estado y nos compromete a seguir trabajando articuladamente y de manera directa contra el crimen organizado".
Por otro lado, el gobernador de Arica, Diego Paco, sostuvo que "las instituciones de la región están enfrentando al crimen organizado con toda la fuerza del Estado y, como es habitual cuando se estrecha el cerco, estas bandas reaccionan con amenazas".
"He conversado con cada una de las instituciones, respaldando su trabajo, y estamos actuando de manera coordinada para enfrentar a estas bandas criminales. No nos van a intimidar", agregó.
Sin embargo, subrayó que "hay algo urgente". "Necesitamos que el Ministerio del Interior, a través de su delegada presidencial, dé la orden de desalojar y demoler las tomas del Cerro Chuño".
Afirmó que con esa medida se puede "desarticular el espacio físico donde estas bandas operan y se refugian".
Congreso
El senador UDI, José Miguel Durana, quien integra la comisión de Seguridad de la Cámara Alta, sostuvo que "estas amenazas del crimen organizado contra las policías hay que tomarlas en serio, porque son bandas muy violentas, que están dispuestas a todo y que tienen un alto poder de fuego".
Planteó que "esto es lo que ocurre cuando el Estado no es capaz de imponer el imperio de la ley. El Estado de derecho y el orden público. Estos grupos delictuales actúan sabiéndose impunes, lo cual es inaceptable y responsabilidad absoluta de este gobierno incompetente en materia de seguridad".
En tanto, Karen Medina, diputada (IND-.DC), quien participó de la comisión investigadora en torno a la persecución de la delincuencia, que "la gravedad de la situación es alarmante ya que, a pesar de que no se ha concretado ningún incidente, el hecho de que Carabineros esté siendo amedrentado y que se estén preparando ante posibles actos vandálicos y de violencia por parte de este grupo criminal, indica que existe una amenaza latente".
"El simple hecho de recibir llamadas amenazantes sobre posibles ataques a comisarías es preocupante y demuestra la vulnerabilidad en la que se encuentran las fuerzas de seguridad. La seguridad de las instalaciones policiales y la integridad de los funcionarios encargados de velar por ellas están en juego. Es esencial que se tomen medidas preventivas y se investigue a fondo cualquier amenaza recibida, para garantizar la seguridad y el orden público", completó.
