Cerca de 12 mil estudiantes se encuentran sin poder asistir a clases a raíz del paro de profesores del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de la Región de Magallanes, el cual cumple ya cuatro semanas. Por su parte, los docentes demandan un reajuste salarial, que el Mineduc indica no poder satisfacer debido a un déficit financiero del SLEP producto de deudas municipales.
Lo anterior se suma al intrincado inicio del año escolar 2025, que ha incluido movilizaciones en varias ciudades del país, como la convocada el lunes por el Colegio de Profesores a nivel nacional contra la violencia hacia los docentes en las comunidades educativas.
En Magallanes son cerca de 1.500 profesores movilizados desde el 5 de marzo, según el magisterio. En tanto, desde la Dirección de Educación Pública (DEP) señalan que el paro afecta a 12 mil alumnos, de acuerdo a lo informado por El Mercurio.
El Colegio de Profesores local asegura que la demanda por mejoras salariales ya había sido planteada al Ministerio de Educación (Mineduc) luego del traspaso de los establecimientos desde el Municipio al SLEP a inicios de 2024. Sin embargo, la presidenta regional del gremio, Alicia Aguilante, señala que las autoridades no adoptaron las medidas solicitadas, ni se han respetado los sueldos acordados en negociaciones con las municipalidades previo al traspaso.
"Hemos llegado al extremo de que hay asistentes de educación que ganan más que un profesor ¿Cómo va a ser posible que un profesor, que es quien imparte las clases, gane menos?", se pregunta Aguilante.
Respecto al origen de las protestas, el director de Educación Pública, Rodrigo Egaña, señaló a través de una columna en La Prensa Austral que esta derivó de "expectativas fuera de lugar", luego de una promesa de mejoras salariales por parte del director del SLEP de Magallanes, Mario García al profesorado.
"El director del SLEP de Magallanes ofreció, de forma inconsulta e irresponsable, un aumento de remuneraciones docentes absolutamente inviable, tanto desde el punto de vista legal como presupuestario. Esta propuesta, realizada sin respetar el marco normativo ni contar con atribuciones para ello, generó expectativas fuera de lugar en el sector", reza el escrito.
Preocupación entre apoderados
Los apoderados manifestaron su preocupación por la paralización en la región, que lleva semanas sin poder iniciar las clases con normalidad. Por lo mismo, grupos de familiares y apoderados de Punta Arenas se sumaron el fin de semana pasado a una caravana en protesta por la extensión del paro docente.
En razón de lo anterior, la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, viajó a la ciudad austral, donde mantuvo conversaciones con apoderados. "Como Ministerio de Educación nuestra prioridad es que los niños (...) y jóvenes puedan retornar y dar continuidad a su trayectoria formativa. Hacemos un llamado urgente a retornar a las aulas y a a reiniciar el año escolar 2025", afirmó.
Asimismo, desde la Fundación Escuelas Abiertas, calificaron como "inaceptable" la situación, originada por "la mala administración". Asimismo, informaron que se han reunido, junto a padres y apoderados, con la subsecretaria Arratia para abordar el tema.
"Es inaceptable que llegando al mes de abril, 12.000 niños no hayan iniciado el año escolar. El daño que se está generando en los niños, sobretodo en los más vulnerables es tremendo y el Gobierno central tiene la atribución de tomar sanciones drásticas para que no se siga transgrediendo el derecho constitucional a educación", dijo María Teresa Romero, directora de Escuelas Abiertas.
Déficit financiero
Por otro lado, desde el Mineduc señalaron a El Mercurio que actualmente existe un déficit financiero estructural en el SLEP de Magallanes, "producto de la absorción de deudas municipales, lo que afecta su sostenibilidad y limita la posibilidad de responder a demandas salarias del profesorado".
Asimismo, la cartera indica que antes del traspaso de los establecimientos al SLEP, "la región ya enfrentaba problemas financieros en la educación pública, reflejados en dificultades para el pago de sueldos completos, cotizaciones previsionales y de salud".
"El déficit anual, debido a la gestión municipal anterior, supera los $20 mil millones, requiriendo aportes fiscales por más de $25 mil millones en 2024", detalló el organismo.
No obstante, el Mineduc aseguró que durante el primer año en funcionamiento, se "pagó a tiempo y forma todas las prestaciones adeudadas a trabajadores de la educación". Además, añadieron que el pago de convenios colectivos asumidos por los distintos sostenedores previo al traspaso al SLEP implican un costo anual de más de $13 mil millones.
Por último, afirmaron que, particularmente, en el caso de Punta Arenas, los altos sueldos de los asistentes de la educación, establecidos previo al cambio de sostenedor, son los responsables de provocar un desorden en la distribución de los recursos.
Costos operativos del sistema
En respuesta a lo anterior, la Municipalidad de Punta Arenas señaló que hay un "desconocimiento" de la situación, ya que las deudas corresponden al déficit estructural de operación anual que tiene el sistema educativo en Magallanes, el cual era "absorbido íntegramente" por los diez municipios del territorio y que con la reforma ha pasado a manos del SLEP.
"Debemos aclarar que el traspaso generado de la Municipalidad de Punta Arenas y de la Corporación Municipal a los SLEP de los colegios públicos no tuvo ningún tipo de deuda de arrastre, ya que todas fueron pagadas conforme a la norma al 31 de diciembre del año 2023", declaró el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich.
Asimismo, detalló que "la normativa para el traspaso impedía expresamente traspasar deudas. Las deudas las pagaba la Municipalidad. Pagamos con fondos municipales todo lo que podíamos, salvo algunos convenios de luz y gas, que ya se pagó ahora; mutualidad, tasa de compensación, convenios pactados que los paga la municipalidad, no el SLEP".
El jefe comunal apuntó que lo que hoy existe en todas las municipalidades de la región es que "los gastos operativos de la educación pública en Magallanes son muy superiores a los ingresos normales que tiene el sistema". En ese sentido, los $20 mil millones mencionados como deudas son "exactamente el mismo monto que las municipalidades tenían que aportar".
A lo que agregó que esta es una brecha que ha ido aumentando por varios factores, como la baja sostenida en las asistencias y en matrículas, lo que genera menores ingresos. También destacó el fenómeno del crecimiento en las matrículas de alumnos vinculados al Programa de Integración Escolar (PIE) —de un 8% en 2017 a un 22% en el año 2023—, que ha aumentado los costos de planillas, por la necesidad de contratar profesionales asistentes a la educación (kinesiólogos, psicólogos, psicopedagogos, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, entre otros).
