En una tensa sesión presidida por el diputado Gaspar Rivas (Ind.) — cuya conducción fue cuestionada desde el inicio —, marcada por arremetidas cruzadas entre los bloques políticos y sanciones a parlamentarios por incumplir el orden en la sala, la Cámara de Diputados rechazó la acusación constitucional contra la exministra de Defensa, Maya Fernández, a propósito de la fallida compra venta de la casa del ex Presidente Salvador Allende.
Con 64 votos a favor y 70 en contra, la ofensiva de la oposición —impulsada por los diputados Gustavo Benavente (UDI), Henry Leal (UDI), Luis Fernando Sánchez (Partido Republicano), Cristián Labbé (Ind.), Christian Matheson (Ind.-EVO), Chiara Barchiesi (Partido Republicano), Harry Jürgensen (Partido Republicano), Camila Flores (RN), Miguel Mellado (RN) y Sara Concha (PSC)— no prosperó. Además de los diputados oficialistas, la bancada de la Democracia Cristiana y los diputados Andrés Jouannett (Amarillos); Rubén Oyarzo (Ind) y René Alinco (Ind) lo rechazaron.
Este nuevo traspié de la oposición se suma a una serie de intentos fallidos por impulsar acusaciones constitucionales contra secretarios de Estado, entre ellos las exministras del Interior Izkia Siches y Carolina Tohá; el exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson; el exministro de Educación, Marco Antonio Ávila; la exministra de Justicia, Marcela Ríos; y el actual ministro de Vivienda, Carlos Montes.
Posturas enfrentadas
El diputado del Partido Republicano, Luis Sánchez, presentó los argumentos para respaldar el libelo contra Fernández, marcado por duros reproches políticos. El diputado acusó que “existe una vergonzosa operación de la familia Allende a costa del erario público. Un plan de jubilación para la senadora y una pasadita para la exministra, donde se le metió la mano en el bolsillo a todos los chilenos.
"Este es el legado de Salvador Allende y la Unidad Popular, robaron con la reforma agraria y siguen robando hoy en día. No saben otra cosa sino vivir con el bolsillo de los trabajadores. Son los mismos trabajadores que ellos dicen proteger pero que hoy en día están más pobres que nunca antes. La decisión que debemos tomar hoy es no solo jurídica. Sí, acá se violó la constitución, pero se ha violado también el alma de Chile, la confianza depositada en nosotros por nuestros compatriotas. Hoy día el Congreso debe levantar la voz a nombre de los millones de chilenos que hoy día nadie escucha. Exigirle al Gobierno que maneje los recursos públicos con responsabilidad y con prudencia", añadió.
La abogada de la exministra, Claudia Sarmiento, quien argumentó que no se materializó ningún contrato y que solo hubo actos preparatorios.
Asimismo, indicó que "la decisión de adquirir la vivienda donde doña Maya Fernández es una comunera, no es de ella. El impulso asociado a la compra, tampoco. La señora Fernández Allende no redactó ni una sola cláusula de la escritura pública, no fijó parte del precio, no negoció elemento alguno, no participa del destino de la propiedad. El interés público asociado a la decisión del Poder Ejecutivo de adquirir la casa del otrora presidente Salvador Allende encuentra su justificación en la conservación de la memoria histórica de nuestro país. La historia de nuestra democracia, su pérdida, su recuperación, del reencuentro entre los chilenos está atada a la vida de los expresidentes Salvador Allende y Patricio Aylwin. Para que la promesa del nunca más en Chile sea imperecedera, es razonable que las futuras generaciones puedan conocer su historia. La necesidad de preservar las casas, el ecosistema, si se quiere, de quienes dirigieron los destinos de esta nación, no puede estar ni podrá ser objeto de una acusación constitucional".
"Solo puede acusarse a quien ha actuado en su cargo o investidura fuera de lo autorizado por el ordenamiento jurídico. En el presente caso, las funciones propias del cargo que ostentó nuestra representada, Ministra de Defensa Nacional, son absolutamente ajenas a los cargos que se le imputan. No se ha ofrecido ningún antecedente que permita concluir que, a través de su cargo, doña Maya Fernández Allende intervino de modo alguno en los actos preparatorios cuestionados en este libelo”, añadió.
Por su parte, el diputado Jaime Naranjo (Ind.-PS), presidente de la comisión revisora de la acusación, reprochó que la oposición “abandonara” la acusación al no presentarse a la comisión para respaldarla, lo que, a su juicio, provocó su “caída por sí sola”. Además, aseguró que la intención detrás de la acusación era “hacer daño político” a través de un acto constitucional.
La defensa de Fernández también se apoyó en la última intervención de la contralora general de la República, Dorothy Pérez, ante la comisión investigadora que indaga sobre la fallida compraventa. En su testimonio, la máxima autoridad del organismo aclaró que solo se tomó razón de un acto preliminar y que el proceso de compraventa no llegó a concretarse.
La llegada y respaldo a Fernández
Parte de la bancada del Partido Socialista esperó la llegada de la exministra para reunirse brevemente en la oficina del colectivo en el Congreso Nacional.
En este encuentro no participaron los diputados Danisa Astillado, Nelson Venegas, Daniel Melo, Marcos Ilabaca, Ana María Bravo y Emilia Nuyado. Al saludar a quienes la aguardaban, la exsecretaria de Estado se mostró visiblemente emocionada y, en su camino hacia el hemiciclo, solo señaló: “Estoy tranquila y respetando al Congreso, como siempre lo he hecho”. Asimismo, cruzó a la Cámara para darle su apoyo a Fernández, la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic.
Aunque ya no ejerce como autoridad de Gobierno, la exministra fue acompañada en la testera por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde; la vocera de Gobierno, Aisén Etcheverry; la titular de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos; y el ministro de Educación, Nicolás Cataldo.
La presencia de este amplio despliegue de secretarios de Estado fue cuestionada por el Partido Republicano, cuyos representantes interpelaron a las autoridades presentes, preguntándoles si habían solicitado un día administrativo para participar en lo que calificaron como un acto político.
Ante el aumento de las críticas, el secretario de la Corporación aclaró que los ministros de Estado pueden asistir a cualquier sesión y no requieren una citación para ello.
