El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, y el fiscal nacional, Ángel Valencia, se reunirán el 28 de marzo en La Haya con autoridades de la Corte Penal Internacional (CPI).
El objetivo de ello es entregar información de contexto vinculada al crimen del ex teniente venezolano Ronald Ojeda, que podría ser de utilidad para la Corte en la investigación que actualmente está llevando a cabo y que se llama "La situación de Venezuela I".
En total serán tres reuniones: una con la presidenta de la CIP, Jueza Tomoko Akane; una con el Fisca
l de la CPI, Karim A.A. Khan KC; y una con el secretario de la CPI, Osvaldo Zavala Giler.
El canciller sostuvo que "vamos a La Haya para respaldar el trabajo que realiza la Corte Penal Internacional y también para entregar antecedentes que mostrarían que el crimen contra el exteniente Ronald Ojeda puede ser relevante en la investigación que ya lleva a cabo la Fiscalía de la CPI producto de la remisión presentada por Chile y otros países en 2018 por la comisión de crímenes perpetrados en Venezuela a partir del 12 de febrero de 2014".
En las reuniones se entregarán elementos y antecedentes que respaldan la tesis de la Fiscalía Nacional sobre que el crimen tiene una motivación política.
Valencia dijo que "las investigaciones de la Fiscalía nos han llevado a concluir que las motivaciones tras el asesinato contra Ronald Ojeda no responden a las características típicas de los delitos cometidos por el Tren de Aragua".
Cabe destacar que hasta la fecha se han identificado al menos 16 personas como participantes en este crimen, siete de las cuales se encuentran detenidas en Chile. Dos sospechosos adicionales se encuentran en Colombia, mientras que otros dos se encuentran en Estados Unidos, y Chile está actualmente en proceso de solicitud de extradición de todos ellos.
Los otros cinco aún no han sido localizados, pero existe una alerta roja internacional vigente en su contra.
La "situación de Venezuela I" fue una remisión presentada el 27 de septiembre de 2018, por parte de Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, quienes solicitaron la apertura de una investigación sobre crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en territorio venezolano.
El 6 de septiembre de 2024, Uruguay se sumó a la remisión. El 9 de enero de 2025, lo hizo Ecuador.
