La legislación española permite a toda persona mayor de 16 años solicitar el cambio legal de sexo sin necesidad de informes psicológicos ni someterse a un proceso médico para modificar su cuerpo.
El Mercurio (Imagen referencial)
Una polémica se ha levantado en España luego de que un hombre que fue condenado a tres años de cárcel por violencia de género, al maltratar a sus dos últimas parejas, se cambiara de sexo registrándose como mujer, y pidiera al Gobierno el indulto para no entrar a prisión, argumentando que tras cambiar de sexo es "una persona nueva", distinta a la que fue condenada por violencia de género.
La abogada María José Atoche, que se encargó de la defensa de las dos mujeres maltratadas, explicó a EFE que tanto ella como sus defendidas supieron del caso por el recurso que el individuo presentó en el juzgado para evitar entrar en prisión.
El condenado, oriundo de la ciudad andaluza de Sevilla, cuenta con dos sentencias por violencia machista en su contra, de las cuales la segunda ya está a firme. Pero en julio pasado acudió al Registro Civil y se cambió el nombre a Milan (su verdadero nombre es Antonio), alegando que se siente mujer a pesar de haber nacido hombre.
En la legislación española, la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas transgénero y de garantía de los derechos de las personas LGTBI, conocida como "Ley Trans", permite a todo español mayor de 16 años solicitar en el Registro Civil el cambio legal de sexo sin que sea necesario para ello presentar informes médicos o psicológicos ni someterse a un proceso médico para modificar su cuerpo.
Tras registrarse como mujer, el individuo pidió un indulto, contra el que la abogada lamenta no poder hacer nada por el momento, a la espera de que se abra el plazo para pedir su impugnación.
Según la abogada, el condenado nunca presentó rasgo o indicio de querer cambiar de sexo, "e incluso en el proceso judicial pasó por dos pruebas psiquiátricas y nunca mostró circunstancia alguna parecida", además de que en el proceso alegó que sufría una psicopatía, algo que quedó descartado.
Las dos víctimas mantuvieron una relación con el ahora condenado hace cuatro años y sostienen que en ocasiones, al mismo tiempo y sin saber que también lo estaba haciendo la otra, denunciaron al hombre por malos tratos, lesiones, coacciones o vejaciones.
La abogada explicó que el individuo, que llegó a quebrantar las dos órdenes de alejamiento de sus víctimas y estuvo ocho meses en prisión preventiva, lleva ahora un dispositivo electrónico que lo controla para que no se acerque a una de ellas, algo que dejará de estar en vigor en 2024.
