VALDIVIA.- El vicepresidente de la estatal Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), Gonzalo Rivas, negó hoy que se hayan suspendido las licitaciones de las sanitarias de la VII y la IX Región.
"En los procesos de incorporación de capital privado en Essam y Essar, los bancos asesores aún no emiten su recomendación, por lo que no podemos saber aún qué hacer. Es por esa razón que no se ha avanzado en los procesos, pero no están suspendidos", dijo Rivas a El Mercurio Online.
A priori, aseguró, la opinión del Gobierno "es incorporar capital privado en las empresas sanitarias. En algunos casos puede que se justifique el B.O.T. (Build, Operate and Transfer), como por ejemplo en el norte; pero en el sur, no".
Con relación a la discusión que se ha dado entre parlamentarios y el Gobierno sobre la materia, aseveró que "se ha armado una 'batahola'. Yo estuve presente en la reunión política del PPD el lunes pasado y nadie estaba en contra de la privatización de Essbío".
Por otra parte, afirmó que "no es cierto que las inversiones se hayan retrasado en las sanitarias privatizadas. En Emos se han adelantado, incluso están contratando más personal para hacer las plantas de tratamiento. En Esval se atrasó sólo una inversión, que es la planta de Concón, pero como contrapartida se están adelantando obras en La Ligua".
Explicó que esta manera de proceder es obvia porque "mientras más rápido se concluyan las obras, más rápido pueden cobrar por ellas y el negocio de estas empresas está en la tarifa, es decir en ampliar el rango de sus operaciones".
El ejecutivo argumentó que es de conocimiento general que los precios del agua no dependen "de si las sanitarias son privadas o públicas, porque las fija la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS)".
Recordó que las tarifas subieron alrededor de un 70% en la década de los años 90. "Entonces todo lo que dicen algunos parlamentarios es por puro desconocimiento del caso", dijo.
Con respecto a los despidos ocurridos en las empresas privatizadas en 1999, Rivas sostuvo que "es cierto que las empresas pueden decidir el despido de trabajadores, pero cada funcionario, como mínimo, se va con 24 meses de indemnización".
