SANTIAGO.- El vicepresidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Manuel Riesco, lamentó hoy la carta abierta de 49 connotados economistas del país que plantearon la inconveniencia de elevar el arancel máximo consolidado para el azúcar, propuesta que forma parte del reciente acuerdo en la Mesa de Diálogo Agrícola y que los expertos consideran proteccionista y contraria a la política de libre comercio que ha seguido Chile en las últimas décadas.
"Llama profundamente la atención que este grupo de economistas desconozca la amplitud y naturaleza de los compromisos que conlleva la OMC y que, además, intente alarmar a la opinión pública y a las autoridades afirmando que la renegociación del arancel consolidado atenta contra la imagen del país", dijo Riesco, quien también preside el Consorcio Agrícola del Sur (CAS).
En la misiva, los profesionales hacen ver que una renegociación de las tarifas implicaría perder credibilidad internacional; caer a las presiones de intereses particulares; reducir la competencia de sectores agrícolas; complicar las futuras negociaciones comerciales y con ello hacer más vulnerable al sector exportador.
Los economistas firmantes -entre los que se encuentran Vittorio Corbo, Dominique Hachette, Alejandro Micco, Raphael Bergoeing, Ricardo Paredes, Francisco Rosende, Raimundo Soto, Salvador Valdés, Joseph Ramos, Rolf Lüders, Andrés Velasco y Patricio Rojas- advierten sobre el peligro que encierra el sistema de cuotas de importación, que es un mecanismo destinado a compensar a los abastecedores de azúcar del país por el eventual perjuicio que el aumento del arancel les traería.
A juicio de Manuel Riesco, mal podría ponerse en entredicho el prestigio internacional de Chile si el proceso en el que pretende embarcarse en los próximos meses está contemplado y debidamente normado por la propia OMC, constituyendo entonces un derecho que el país tiene.
"En consecuencia, la renegociación lejos de significar que 'nuestros compromisos valen poco', como se afirma en la carta, es una clara señal de transparencia: se hace uso de los procedimientos que la propia OMC define para ello, con plena información a las partes", aseveró.
Para el dirigente empresarial, cualquier análisis académico del tema requiere ser riguroso con la verdad y usar toda la información disponible. Por ello, consideró altamente preocupante que profesionales chilenos con estudios de postgrado comprometan sus nombres en una declaración que contiene errores de hecho, derivados de una desinformación total respecto de los acuerdos alcanzados en la Mesa de Diálogo Agrícola propiciada por el gobierno, de la forma como opera la OMC, de los compromisos efectivos de Chile ante la comunidad internacional y de otras materias legales pertinentes al caso.
Riesco aclara carta de los economistas
En primer lugar, la carta comienza asegurando que el mecanismo de cuotas para la importación de azúcar proveniente de Guatemala, Argentina y Brasil, contemplado en la propuesta para iniciar el proceso de renegociación del arancel consolidado, castigará a los sectores exportadores que utilicen el producto como materia prima.
"Este es el primer punto de desinformación, porque es de amplio conocimiento público que los exportadores chilenos que ingresan azúcar al país como materia prima, cuentan con un sistema de reembolso por los aranceles pagados. Por ende, no se verán afectados por la medida como tampoco están afectados hoy", dijo Riesco.
Como segundo argumento, los economistas continúan afirmando que la decisión del gobierno es una "mala señal", que desprestigia la imagen de Chile ante los países miembros de la OMC al "incumplir" el compromiso adquirido de establecer aranceles efectivos inferiores al arancel consolidado.
"Lo anterior vuelve a demostrar falta de información y conocimiento específico de cómo funciona la institucionalidad OMC", replicó.
En efecto, dijo, dentro de los compromisos que nuestro país adquirió al firmar el Acuerdo de Marrachesch en 1994, se encuentra el Artículo XXVIII de la OMC, que contempla en forma precisa el procedimiento que se debe seguir para realizar un proceso de renegociación del arancel consolidado.
Por ello, "malamente se podría decir que el país 'falta a sus compromisos' cuando decide iniciar una renegociación con procedimientos definidos en los propios compromisos firmados. ¿A qué compromiso se está faltando?. Vale la pena decir también que dicho procedimiento es el que ha utilizado Estados Unidos en el caso del tabaco, Finlandia, Suecia y República Dominicana en otros productos agrícolas, sólo por mencionar algunos. Entendemos que dichos países no se han 'desprestigiado' en modo alguno por estas iniciativas".
En tercer lugar, Riesco manifestó su preocupación por el hecho de que se sugiera, tendenciosamente, que lo que se persigue con la renegociación del arancel consolidado sea
la modificación de la protección para beneficiar al sector, porque a su juicio, lo que
realmente se busca sólo es asegurar el funcionamiento de la banda, considerando el precio
internacional del azúcar.
"Lo que el Gobierno busca no es otra cosa que mantener las bandas de precio tal como han funcionado siempre, y esto, en el caso del azúcar, no es técnicamente posible sin la renegociación del arancel consolidado. No es una renegociación para subir el arancel: es una renegociación para que pueda continuar operando la misma política de estabilización de precios que el país ha mantenido por los últimos quince años", sostuvo.
Más adelante la carta hace referencia a las cuotas de importación, asegurando que su asignación sería discrecional y que 'la experiencia con este tipo de instrumentos indica que una vez establecidos es difícil eliminarlos, y peor aún, se generan presiones para aumentar la cuota vigente y establecer cuotas a otros productos'.
Para Riesco, dicha aseveración no sólo es falsa -puesto que la asignación de cuotas que se ha propuesto no es discrecional sino que a través de un sistema de licitación-, sino que además es contradictoria, ya que es de conocimiento general que mientras más cuotas preferentes se otorguen a más cantidad de países, menor sería su efectividad para la operación de la banda, que es lo se busca en último término.
Finalmente, los economistas afirman que la agricultura tradicional ha tenido '30 años' para 'ajustarse a las reglas del juego de la economía abierta'. "Este es otro error: lamentablemente hace 30 años la agricultura chilena, lejos de estar en ajuste a una economía abierta pasaba por un proceso expropiatorio con lamentables consecuencias sobre la escala de producción que gravitan hasta hoy en la competitividad del sector. El verdadero ajuste hacia una economía abierta se produjo hacia fines de los años 70, y fue en un corto período de tiempo, no 30 años. Hoy, podemos decir con orgullo que a agricultura chilena, incluida la tradicional, es una de las más integradas del mundo y que el sistema de bandas de precio, que mitiga las fluctuaciones bruscas de precios
internacionales pero en ningún caso aísla a los productores de las señales de largo plazo
del mercado internacional, ha sido un instrumento altamente funcional a este resultado", añadió.
