SANTIAGO.- Tras una prolongada audiencia, la Corema de la Región de Atacama resolvió -por 15 votos a favor y 3 en contra- suspender la tramitación ambiental de la Central Castilla, con lo que la iniciativa vuelve a quedar para análisis futuro sobre el particular, retrasando los planes de los inversionistas brasileños al respecto.
Así, el proceso quedó suspendido en el día 178 de los 180 que tienen para pronunciarse. De no hacerlo, el proyecto sería aprobado por "silencio administrativo".
De acuerdo con lo explicado por la intendenta de Atacama, Ximena Matas, era imposible que se emitiera un pronunciamiento ya que primero se debe esperar la decisión del Seremi de Salud respecto a la calificación del proyecto, cuyo cambio de "contaminante" a "molesto" -hecho por el ex Seremi de Salud, Raúl Martínez Guzmán- fuera declarado ilegal por la Corte Suprema el 15 de noviembre pasado.
Además Matas explicó que "aprobamos la suspensión del proceso de calificación porque ante la solicitud de invalidación de la calificación (que presentó el 19 de noviembre la empresa MPX) es imposible que se tome una resolución habiendo un pronunciamiento pendiente".
El proceso se encuentra detenido desde hace cuatro meses, luego de que la Corema decidiera interrumpirlo tras ser notificada a fines de julio de la orden de no innovar decretada por la Corte de Apelaciones de Copiapó.
El citado proyecto -liderado por el millonario brasileño Eike Batista y que concita una inversión de US$ 4.400 millones para producir 2.345 MW de energía-, ha desatado una importante polémica entre ambientalistas y las autoridades.
Los inversionistas del proyecto han hecho trascender que no contaban con demasiado tiempo para enfrentar la tramitación ambiental del megaproyecto termoeléctrico, porque ya están de algún modo compitiendo por la provisión del servicio eléctrico a grandes proyectos mineros de la zona norte del país, que pueden ir siendo captados por otros generadores eléctricos.
Reacciones opositoras
Patricio Escobar, uno de los abogados que representa a Atacama sin Carbón y a la familia Domínguez -opositora al proyecto- señaló que "se trata de una actuación ilegal del Seremi de Salud y de la Corema, quienes sin contar con facultades legales han actuado para favorecer de manera abierta a MPX. Creemos que la autoridad debe explicar al país por qué esta tarde se ha violado la institucionalidad para favorecer a Castilla".
Escobar agregó que "hicimos ver a la Corema que no tiene facultades legales para suspender el procedimiento. La interposición de una nueva solicitud de invalidación
ante el Seremi de Salud, además de ser improcedente, no justifica ninguna suspensión, y se trata de un nuevo intento de la empresa por seguir manipulando el proceso en su favor, que lamentablemente ha contado con la colaboración de la autoridad".
"Esto demuestra que el Seremi no tiene ningún interés en recibir descargos de los afectados, de otro modo no habría fijado un plazo tan breve", añadió.
Respecto de los argumentos planteados por MPX y considerados por la Corema para suspender el trámite ambiental, el abogado sostuvo que "hemos llegado a una situación absurda, ya que la autoridad da a entender que el proyecto no será votado jamás, a menos que se encuentren dadas las condiciones para su segura aprobación. En otras palabras, sólo cuando MPX esté segura que el proyecto se aprobará, sólo entonces la Corema se atreverá a votar el proyecto".
El abogado señaló que sus representados “evaluarán las acciones a seguir respecto de esta resolución, además de exigir al Seremi de Salud que rechace la invalidación".