Ministro de Justicia verifica avances en la reconstrucción de la cárcel de San Miguel

SANTIAGO.- Con el fin de ver el estado de avance de la nueva infraestructura, alimentación, seguridad, disminución del hacinamiento y condiciones de vida de los internos, el ministro de Justicia, Teodoro Rivera, visitó hoy la cárcel de San Miguel.

El ministro manifestó que en la cárcel las personas están privadas de libertad, "pero no de su dignidad". "Haremos un gran esfuerzo para que aumenten las condiciones de dignidad en las cárceles y también aumenten las condiciones de seguridad de los detenidos pero también de los gendarmes, queremos con ellos implementar mejoras sustanciales en el corto y mediano plazo”, indicó.

Rivera declaró que los presos mientras terminan de cumplir su pena, están preparándosee para reingresar a la sociedad gracias a que muchos asisten a cursos de capacitación en Infocap. "Estamos trabajando con las familias, con los detenidos y con el medio externo para que la persona no solamente estudie sino que cuando concluya sus estudios y haya cumplido su pena tenga posibilidades laborales”, agregó.

NUEVAS CÁRCELES

El ministro aprovechó la ocasión para dar a conocer las intenciones del Presidente Piñera de construir cuatro nuevos centros penitenciarios. Cada uno contaría con capacidad para 2.400 detenidos, con extensiones que oscilarían entre las 60 y 100 hectáreas de superficie, y que contarán con oportunidades para que los reos puedan acceder a trabajos y educación.

Sobre la construcción del centro penitenciario en Alhué, Rivera declaró: "En el caso particular de Alhué es un proyecto (...) que está ya absolutamente en marcha pero, sin embargo, yo una vez que me haya compenetrado más del tema voy a invitar al alcalde de Alhué, Yoonitt Sepúlveda, y a los concejales para conversar con ellos porque eso es lo que procede en una sociedad democrática”.

Tanto la ciudadanía como el propio municipio de la comuna ubicada en la provincia de Melipilla, han mantenido su rechazo ante la construcción de este recinto penitenciario, cuya decisión se tomó durante la labor del ex ministro de Justicia, Felipe Bulnes. Las autoridades locales aseguran no haber sido consultados desde los gobiernos regional y central.