Miles de pasajeros se vieron afectados el jueves de la semana pasada por una movilización que iniciarion los trabajadores de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), demandando un bono escalonado de entre $150 mil y $350 mil por trabajador, que habrían negociado con el ministerio de Defensa pero para el cual Hacian habría puesto trabas, según fuentes al interior del sindicato.
La movilización causó caos en distintos aeropuertos a nivel nacional. El saldo final fue de al menos 117 vuelos cancelados y unos 22.300 pasajeros afectados. El viernes los trabajadores advirtieron que si no llegaban a un acuerdo con el Gobierno la movilización continuaría de manera indefinida, lo que finalmente no ocurrió.
En medio de eso, distintos gremios mostraron indignación por lo que sucedía.
"Lo que sigue ocurriendo en los aeropuertos del país es total y completamente inaceptable. Frente a todo a Chile, un grupo de presión que infringe la ley en forma evidente, mantiene una posición de fuerza que afecta a decenas de miles de personas, que ven afectado su derecho al libre tránsito", indicó la Asociación de Líneas Aéreas (Achila).
Mientras en una declaración conjunta con Fedetur -gremio del turismo- agregó que "las autoridades de gobierno tienen la obligación de adoptar todas las medidas legales que correspondan para que nunca más se paralicen los aeropuertos".
"La institucionalidad actual no es capaz de responder adecuadamente a los desafíos que tiene el país en materia de conectividad aérea. Hoy son varios los actores que intervienen en la operación de los terminales aeroportuarios y no existe un ente que los coordine y que facilite un proceso de toma de decisiones oportuno y eficaz", añadió la presidente de la entidad, Mónica Zalaquett.
"Frenar los abusos"
Tras lo sucedido, otros actores comenzaron a manifestar su descontento con la situación. Uno de ellos fue el exsenador y otrora subsecretario del Interior Felipe Harboe, quien advirtió en una carta a El Mercurio que "durante los últimos años, Chile se está acostumbrando a soportar paros, ralentizaciones, brazos caídos y todo tipo de medidas que afectan el normal funcionamiento de servicios críticos".
"Lo más deleznable -añadió- es que son planificados en las épocas de mayor impacto para los usuarios (DGAC en época de alto tráfico aéreo o trabajadores portuarios en época de exportación de frutas)".
"Sería bueno pensar en ordenar la casa, frenar estos abusos y enfrentar de una vez la necesaria reforma laboral del sector público, poniendo al mérito y capacidades por delante, incentivos de buena gestión y sanciones ejemplarizadoras para quienes chantajean a toda una nación por sus causas particulares", señaló también.
En su misiva, Harboe aludió a una paralización en Estados Unidos en 1981, que involucró a 11.000 trabajadores, durante el gobierno del expresidente Ronald Reagan.
"Reagan dispuso que sus labores fueran asumidas de inmediato por la Fuerza Aérea norteamericana y decretó el despido inmediato de los 11.000 controladores aéreos que paralizaron. No contento con ello, Reagan dispuso una ley que impidió que esas personas volvieran a ser contratadas por el servicio público norteamericano por toda su vida. Pasaron casi 30 años de prohibición de trabajo en el sector público", narró.
Y precisó que "a partir de ese episodio, nunca más un grupo de funcionarios públicos de servicios estratégicos (con prohibición expresa de paro 0 huelga) paralizó un servicio, ya que el impacto económico de su proscripción laboral generó graves daños a los despedidos".
Pero no solo Harboe se mostró molesto con lo ocurrido. Y es que la semana pasada fue el exministro de Hacienda Ignacio Briones quien también se manifestó contra la huelga. "Paro funcionario ilegal que, por un bono, colapsa aeropuerto y perjudica a miles", escribió el otrora secretario de Estado en su cuenta de X, luego de haber sido acusado por la ANEF de un supuesto maltrato a una trabajadora.
"¿Maltrato? Falso e insólito. 'Ojalá les vaya mal en su paro', es lo que le expresé directamente a funcionaria", expresó al respecto Briones, quien además agregó que se trataba de "un ejemplo de captura y de que reformar empleo público es clave para un mejor Estado".
Desde el parlamento también hay quienes creen que es necesario mirar la legislación y ver de qué manera se puede mejorar para evitar que servicios esenciales se vean afectados. El diputado Roberto Arroyo del PSC señaló que " Si bien es importante garantizar el derecho a huelga como mecanismo por parte de los trabajadores es igualmente crucial que esta no se convierta en un chantaje que afecte gravemente a la población".
"Sobre las sanciones por huelgas ilegales ya existen normativas al respecto en Chile -agregó-. Sin embargo, la efectividad de estas sanciones y su aplicación en la realidad pueden ser aspectos a revisar. Asimismo, se podría estudiar la posibilidad de establecer mecanismos que permitan identificar y sancionar de forma más efectiva a quienes promuevan o realicen paros ilegales que afecten gravemente a la población sobre todo en relación al funcionamiento de servicios esenciales".
Luego, explicó que "este debate sobre las sanciones a las huelgas ilegales debe ser abordado con cuidado, considerando tanto el derecho de los trabajadores como la necesidad de proteger los servicios críticos para el país. La clave está en buscar un equilibrio que garantice los derechos de todas las partes involucradas".
El diputado Miguel Ángel Calisto (Demócratas) también cree que "un servicio esencial no debiera parar en ningún caso". No obstante, señala que " para poner esa norma antes debemos dar garantías para el correcto funcionamiento del servicio y eso pasa por solucionar las demandas históricas de los funcionarios DGAC".
Por su parte, la diputada Yovana Ahumada (Ex PDG) sostuvo que "el paro de la DGAC dejó claro que los trabajadores tienen razones legítimas para movilizarse, como son el exigir contar con las condiciones mínimas de seguridad que hasta el día de hoy no están garantizadas, pero también me parece evidente que los ciudadanos no pueden ser los más afectados cada vez que se producen estos conflictos".
"Considero que debemos legislar para equilibrar los derechos de los trabajadores y la necesidad de proteger a los usuarios de los servicios esenciales, que muchas veces quedan prácticamente secuestrados cada vez que se producen estos paros. Sin embargo, más que castigar las huelgas, hay que prevenirlas mediante acuerdos justos y oportunos", concluyó.
