José Quezada junto al fiscal Pablo Sabaj, quien investigó las responsabilidades penales de esta tragedia.
Carla Pinilla, El Mercurio.SANTIAGO.- El padre de una de las víctimas que perecieron durante el incendio que el año pasado afectó a un módulo de la Cárcel de San Miguel, y que dejó 81 reos muertos, a casi un año de la tragedia insistió en que tras esta tragedia hay responsabilidades penales, pero también las hay a nivel político. Esto pues según recordó las autoridades fueron advertidas en reiteradas ocasiones sobre las posibilidades de un siniestro de esta magnitud debido al hacinamiento del sistema penitenciario.
José Quezada, en conversación con Radio Cooperativa recordó que "(La fiscal judicial de la Corte Suprema) Mónica Maldonado muchas veces informó al Senado, al Gobierno, hablando de que podría generarse una tragedia de esta magnitud y nadie escuchó".
Dijo que como familiares "sabemos que hay una responsabilidad judicial de las personas que estaban a cargo de estos jóvenes al interior de la cárcel, pero también hay una responsabilidad en el poder político y en el Gobierno de estar informado, de que existía hacinamiento, de que iba a suceder esta tragedia, pero nadie quiso escuchar".
Tras esta tragedia, los parientes de las víctimas crearon la ONG "81 razones para luchar" que tiene por objetivo obtener justicia para sus seres queridos, pero además trabajar para terminar con el hacinamiento en las cárceles del país y en mejorar las condiciones de los internos en los penales.
"Establecimos un grado de relación con Gendarmería en el tema del hacinamiento y las condiciones intrapenitenciarias, pensando que hubo responsabilidades no solo del personal que se encontraba ese día en el lugar (...) Pero las condiciones de hacinamiento no recaen solamente sobre Gendarmería, acá habido un problema del poder ejecutivo y político", señaló Quezada a Cooperativa.