SANTIAGO.- El mayor en retiro del Ejército, Carlos Herrera Jiménez, confesó haber participado como autor en el crimen del carpintero Juan Alegría Mundaca, hecho ocurrido en julio de 1983.
El abogado Roberto Puelma, defensor del ex uniformado indicó que hoy informó de la declaración de su cliente a la Corte Suprema, donde se realizó hoy la audiencia relativa al recursos de casación que habían sido acogidos.
En su confesión, Herrera Jiménez explica que actuó por orden del ex jefe operativo de la disuelta Central Nacional de Informaciones (CNI) Alvaro Corbalán y del fallecido general (r) Humberto Gordón, quien en 1983 era director nacional del organismo de inteligencia.
SE QUEBRÓ SILENCIO DE EX AGENTES
Las coincidencias en los testimonios de los inculpados de acciones atribuidas a los servicios de inteligencia en cuanto a negar la participación, hasta hace poco era la norma en los procesos judiciales, pero por diversos factores esa unidad se quebró, surgiendo la confesión de Carlos Herrera Jiménez como un símbolo de la nueva realidad.
En los últimos dos años, diversos factores fueron empujando a los ex agentes hacia la confesión el último de los cuales y tal vez el más duro para ellos fue la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago de aplicar penas de presidio perpetuo por el homicidio del carpintero Juan Alegría Mundaca.
Las causas abiertas por hechos no contemplados en el período cubierto por el decreto ley de amnistía de 1978 tienen la particularidad de que se repiten en ellas los nombres de varios de los participantes. Se trata en su mayoría de ex agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI), creada tras la disolución de la DINA. Sólo en el caso del homicidio del presidente de la Anef, Tucapel Jiménez, aparece la mano de miembros de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), aunque con Herrera involucrado, agente que estuvo tanto en el organismo militar como en la CNI.
Si bien en general se vincula lo ocurrido con estas causas con la detención del senador vitalicio Augusto Pinochet en Londres, el proceso de cambios se comenzó a producir antes en una fecha más cercana al retiro del ex gobernante de la comandancia en jefe del Ejército, registrado el 10 de marzo de 1998.
Ya el 23 de marzo de 1998, la Corte Suprema resolvió nombrar un ministro civil para investigar la muerte de doce miembros del Frente Manuel Rodríguez en la llamada "Operación Albania" (15 y 16 de junio de 1987). Fue una resolución que marcó el futuro del caso, puesto que en tres ocasiones anteriores el pleno del alto tribunal había decidido mantener el caso en manos del juez militar.
En otro caso clave en las imputaciones contra la CNI, el ministro en visita Sergio Valenzuela Patiño a fines de 1998 tomaba resoluciones que marcarían su propio destino en la investigación por los homicidios del líder sindical Tucapel Jiménez y del carpintero Juan Alegría Mundaca.
En el caso Alegría, Valenzuela absolvió a los inculpados: Alvaro Corbalán, Carlos Herrera Jiménez, Armando Cabrera Aguilar y Osvaldo Pincetti. Paralelamente rechazó la petición de los querellantes de dictar nuevos procesamientos por el asesinato de Tucapel Jiménez y cerró el sumario con un solo procesado (Carlos Herrera).
Ya en el primer semestre de 1999, comenzó a caer la tesis del ministro Valenzuela. La Corte de Apelaciones de Santiago procesó a doce personas por el crimen del sindicalista y la Corte Suprema sacó al magistrado del caso y puso en su reemplazo a Sergio Muñoz Gajardo.
En julio de este año, la Corte de Apelaciones dictó condenas a presidio perpetuo contra Corbalán, Cabrera y Herrera y de 10 años para Pincetti. Ese fallo será revisado, vía casación, por la Sala Penal de la Corte Suprema en su sesión del martes.
Con 16 procesados, el caso Tucapel Jiménez recibe ahora la confesión de Herrera que ratifica las inculpaciones contra la DINE y abre insospechadas perspectivas al ministro Muñoz.
Al igual que en el caso de la "Operación Albania", marzo de 1998 fue una fecha clave para la causa por el homicidio del periodista José Carrasco Tapia, del electricista Felipe Rivera Gajardo, del publicista Abraham Muskatblit Eidelstein y del profesor Gastón Vidaurrázaga Manríquez, homicidios registrados horas después del atentado contra la comitiva presidencial en el Cajón del Maipo. Se nombró entonces a cargo de la causa a la ministra Dobra Lusic, quien en dos años y medio de investigación ya obtiene los frutos que esperaba, puesto que hay inculpados que están colaborando.
En este caso, hay varias coincidencias de nombres con el de la operación Albania, puesto que es una acción que se atribuye a agentes de la CNI.
El 30 de noviembre del año pasado, la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó al ministro Alfredo Pfeiffer la reapertura del caso por el homicidio del vocero del MIR Jécar Neghme, registrado en 1989. En esta causa, sin embargo, no se han producido novedades, aunque los querellantes insisten en culpar a agentes involucrados en los casos Albania y Carrasco.
Junto con las decisiones judiciales, que han ido minando la posición de los inculpados al cerrarles cada vez más sus caminos de absolución, se ha producido una diferencia en el enfoque de las defensas.
Entre los querellantes consideran un elemento que les favoreció la salida de la Auditoría General del Ejército del general Fernando Torres Silva.
Estiman que con el general Juan Romero ahora los inculpados y los abogados toman caminos distintos entre sí. Un ejemplo claro de ello es la posición de Herrera Jiménez y de su abogado Roberto Puelma, que por años mantuvieron en pie la tesis de la inocencia.
Especialmente entre los suboficiales y oficiales que eran subordinados cuando ocurrieron los hechos ha cundido la percepción de que no tendrían salida judicial posible, salvo colaborar y buscar así una pena menor a la de sus mandos, como lo pretende Herrera. Asimismo, tienen la idea de que el Ejército no se la va a jugar por ellos y ven como inevitable el camino a Punta Peuco.
En el caso de los homicidios posteriores al atentado, la ministra Lusic podría dictar nuevas resoluciones ante nuevas revelaciones de varios de los inculpados que se encuentran en un cuaderno secreto.
En la causa por la "Operación Albania" algunos ex agentes están precisando su actuación con el fin de que se les culpe sólo por aquellas ejecuciones en las que habrían intervenido. Próximamente el ministro Juica estaría en condiciones de aprovechar ese nuevo material para precisar responsabilidades.
