El 10 de diciembre se cumplieron treinta años del regreso de la democracia a la Argentina. Sin embargo, la libertad de expresión no tiene motivo alguno para celebrar: si se acepta que esta libertad es uno de los pilares del Estado de Derecho y del pluralismo, se podría decir que nuestro sistema tambalea. Desde hace diez años, medios y periodistas argentinos comenzaron a ser víctimas de todo tipo de maniobras políticas y también de agresiones físicas, especialmente en el interior del país. Allí, en las provincias, según el monitoreo de la libertad de expresión del Foro de Periodismo Argentino (Fopea), vienen creciendo en los últimos años los atentados contra la integridad física y los bienes materiales de periodistas y medios de comunicación pequeños.

"El cambio debe hacerse en todos los niveles. En lo inmediato, hay que solucionar los problemas que presenta la ley de medios audiovisuales, pero también los vicios que están muy generalizados, como la manipulación de la publicidad oficial, las presiones, las intimidaciones. Pero esos vicios no son exclusivos del Gobierno nacional, sino que también están arraigados en todas las provincias. Hay que cambiar la cultura política", afirma el ex titular de la Secretaría de Comunicaciones de la Argentina Henoch Aguiar, un jurista especializado en medios y telecomunicaciones.

En efecto, desde hace diez años, el clima de la libertad de expresión se vino enrareciendo hasta volverse bastante asfixiante. Medios y periodistas pasaron a soportar, como algo cotidiano, persecuciones; presiones; escraches; agresiones físicas; cepo oficial para que las grandes cadenas de supermercados no pauten en los diarios críticos; intimidaciones del organismo recaudador (AFIP); falsas denuncias penales; fuerte hostigamiento público por parte de la presidenta Cristina Kirchner o de sus ministros; y, por la aplicación de la ley de medios audiovisuales, la directa posibilidad del desguace del Grupo Clarín o su fractura en unidades más débiles. En fin, una robusta hidra de cien cabezas parece haberse deslizado desde las páginas mitológicas de Jorge Luis Borges para multiplicarse en múltiples estrategias de censura indirecta.

Para la presidenta Cristina Kirchner y sus funcionarios nunca hubo en el país mayor libertad de expresión. "Cualquiera dice lo que quiere, y hasta puede mentir", suele afirmar Martín Sabbatella, presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), organismo encargado de aplicar la controvertida ley de medios, cuya constitucionalidad fue ratificada por una ajustada mayoría en la Corte Suprema. Ante las críticas a su política de comunicación y de relación con los medios (prácticamente no ha dado conferencias de prensa y sólo dio entrevistas acordadas con periodistas seleccionados), el gobierno Kirchner muestra en su defensa la derogación del delito penal de injurias y calumnias (que tenía penas de cárcel), algo que el Estado argentino sancionó luego de un fallo adverso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, organizaciones como Fopea o la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), reclaman que además se ponga límites a los montos de indemnizaciones que piden los funcionarios en las demandas civiles contra periodistas.

La batalla del gobierno contra los medios que no ajustan su línea editorial al parecer oficial y el intento por dividir a los periodistas entre oficialistas y opositores fue seguido por la sociedad argentina con espíritu deportivo: como un partido que se disputa gol a gol, y que tras la derrota electoral del kirchnerismo en las elecciones legislativas de este año 2013 parece haber quedado empatado y sin resolución inminente. Así, en los últimos cinco años, el debate, la sanción y la aplicación de la ley de medios (que fija un extremo esquema de desguace de empresas de comunicación) tuvo cierto apoyo popular al principio que fue diluyéndose en los años sucesivos ante el incumplimiento de las promesas de mayor "democratización de los medios" y "multiplicidad de voces"

"La ley de medios es uno de los temas pendientes. La Corte la declaró constitucional, pero en el futuro habría que reformarla para que una nueva ley asegure la sustentabilidad de los medios críticos frente al Gobierno. Sin embargo, para mejorar el clima de opresión, hay que corregir otros temas centrales, como suprimir el cepo publicitario que asfixia financieramente a los diarios críticos, establecer reglas equitativas para distribuir publicidad y facilitar el acceso a la información oficial", dice Martin Etchevers, Gerente de Comunicaciones Externas del Grupo Clarín.

"En la Argentina los periodistas tenemos dos problemas muy serios. Uno, personal, porque somos víctimas de persecuciones. Y el otro, profesional, porque es casi imposible acceder a información oficial", apunta Joaquín Morales Sola, columnista del diario La Nación.

Morales Solá, en una de sus habituales notas, acaba de afirmar que la Argentina ocupa "un lugar entre los peores en libertad de expresión" y evaluó que "únicamente se puede decir que esta libertad está bien si sólo se la compara con lo que sucede en Venezuela y Ecuador y, en realidad, tampoco está mucho mejor que en esos países". Su apreciación no es nada exagerada, más teniendo en cuenta que pocos meses atrás expuso en Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como integrante de un grupo de ocho periodistas que, hace dos años, se animaron a planear sus denuncias. Hay cientos que nunca se atrevieron.

Tras aquella exposición en la OEA, Magdalena Ruiz Giñazú, una periodista de muy larga trayectoria que había acompañado a Morales Solá a esa reunión, fue visitada sorpresivamente por inspectores de la agencia impositiva. Y Alfredo Leuco, un periodista de Radio Continental, fue asaltado y golpeado cuando llegaba a la radio donde trabaja. "Fue muy sospechoso. No me parece que haya sido sólo un robo cometido al azar", afirmó.

Ese clima de opresión también es recogido por los organismos internacionales y locales. Así, al concluir aquella audiencia que se celebró el 1 de noviembre, la CIDH, en un comunicado, expresó su doble "preocupación" por "la situación de la libertad de expresión en la Argentina" y por "las descalificaciones a las que se vieron sometidos los periodistas solicitantes de la audiencia".

Por su parte, la Corte Suprema ya dictó varios fallos en materia de publicidad, en las causas diario Rio Negro y Editorial Perfil, pero el Gobierno sigue desoyéndolas. Así, continuando con la práctica que se inició en 2003, durante 2013 el diario Tiempo Argentino recibió el equivalente a 595 páginas de publicidad oficial; Crónica, 341 y Página 12, 225 páginas, mientras que los diarios más vendidos del país, entre los dos, sumaron apenas 2 páginas: Clarín 1,6 páginas y La Nación se quedó con 0,4 páginas. Y algo similar ocurre con la televisión: mientras que la TV pública (Canal 7) se quedó con 270 millones de pesos y los oficialistas Canal 9, con 143 y, América recibió 126 millones, Canal Trece del Grupo Clarín se queda tan sólo con 1,5 millones.

Pero para alimentar la propaganda política, el Gobierno, en 2009, diseñó otro conducto: el ciclo Futbol para Todos, un espacio que emite publicidad oficialista durante la trasmisión de los partidos de fútbol, que como es natural concitan la mayor audiencia: mientras que ese año el Estado gastó 600 millones, en 2012 superó los 1200 millones, y en 2013 superó los 1500 millones de pesos.