“La violencia es probablemente el riesgo más grave en la región para los periodistas. La violencia más brutal proviene del crimen organizado que busca imponer su agenda informativa. Las investigaciones periodísticas sobre corrupción o violaciones a los DD.HH. de funcionarios muchas veces tienen consecuencias similares. Pero el peor de los escenarios es la violencia generada por el crimen organizado coludido con funcionarios corruptos. En estos casos, las autoridades que deben proteger a los periodistas se convierten en sus agresoras”.

“Porque además de atentar contra la vida de periodistas de gran valentía, la democracia se debilita cuando la sociedad pierde la posibilidad de informarse y con ello, la capacidad de reaccionar y adoptar a tiempo las medidas necesarias para corregir el rumbo. No es ocioso recordar que muchas veces investigaciones periodísticas han revelado la captura de instituciones locales por parte de las mafias, abusos en el ejercicio del poder, graves violaciones a DD.HH. y escándalos de corrupción. Muchos de estos hechos no se hubieran conocido si no fuera por la prensa y por periodistas que han arriesgado su vida”.

“Primero, reconocer el problema a tiempo, condenar la violencia, capacitar a funcionarios que tengan a su cargo proteger a los periodistas en riesgo e investigar judicialmente estos atentados. En la región, pese a la gravedad de la situación, hay experiencias exitosas que dejan importantes lecciones que hay que aprender para salvar la vida de quienes arriesgan todo para que podamos estar adecuadamente informados”.

“Como lo ha señalado la CIDH, en Venezuela existe un problema serio de falta de independencia del Poder Judicial, lo cual compromete la garantía más importante para el ejercicio de la libertad de expresión. A lo anterior se suma un marco jurídico que establece prohibiciones muy amplias y ambiguas, y ello da lugar a la apertura de procesos penales, disciplinarios y administrativos contra medios y periodistas críticos sin que estos puedan contar con garantías suficientes que los amparen en el ejercicio de su derecho.

Además, los periódicos se encuentran al borde de enfrentar una gravísima escasez de papel prensa, y hemos registrado graves agresiones contra periodistas en ejercicio de su labor, sin que existan investigaciones que conduzcan a la sanción de los responsables. Todo esto acompañado de una aguda polarización y un discurso muy agresivo que incluso ha sido cuestionado por la Corte Interamericana en sus sentencias sobre el tema”.

“La libertad de expresión se protege de manera reforzada no solo en el sistema interamericano sino en la mayoría de las constituciones del mundo democrático, no porque sea más importante que otros derechos, sino porque es el instrumento más poderoso para proteger otros derechos y para controlar los abusos. Claro que es mucho más difícil ser corrupto o abusar del poder cuando se está bajo el escrutinio público.

En este sentido no es difícil constatar que en aquellos lugares donde no hay garantías para un debate desinhibido y plural, donde la gente tiene miedo a pensar distinto y a decir lo que piensa y no hay garantías para el periodismo de investigación, existen mayores abusos, más corrupción y mayor exclusión. A la larga, los gobiernos que controlan a los medios y periodistas terminan siendo víctimas de la falta de control y finalmente pasan a la historia con un récord lamentable.

Y al contrario, allí donde se garantiza el ejercicio incluyente, robusto y abierto de la libertad de expresión, hay menos corrupción, menos autoritarismo y mayores y mejores garantías para el ejercicio de los restantes derechos, incluyendo los derechos sociales de los sectores más vulnerables. Cuando la gente no tiene miedo de expresarse y puede hacerlo libremente y tiene la posibilidad de acceder a ideas y pensamientos de toda índole, entonces podemos comenzar a hablar de democracia”.

“Como lo ha señalado la CIDH, en Venezuela existe un problema serio de falta de independencia del Poder Judicial, lo cual compromete la garantía más importante para el ejercicio de la libertad de expresión. A lo anterior se suma un marco jurídico que establece prohibiciones muy amplias y ambiguas, y ello da lugar a la apertura de procesos penales, disciplinarios y administrativos contra medios y periodistas críticos sin que estos puedan contar con garantías suficientes que los amparen en el ejercicio de su derecho.

“Creo que esa discusión quedó saldada. Algunos estados fueron muy fuertes y firmes, entre ellos Chile, defendiendo al sistema interamericano y a la Relatoría de Libertad de Expresión”.

“En la región no hay otra ley de comunicación más restrictiva que la ecuatoriana, con excepción de las normas cubanas. Hemos escrito varios informes dirigidos a las autoridades para exponerles nuestras preocupaciones y esperamos que las mismas sean tenidas en cuenta para corregir la situación”.

“Algunos ejemplos: la ley de comunicaciones les ordena a los medios publicar información que el gobierno considere que es de interés público y sanciona a los medios que publiquen información que al gobierno le parezca que no es de interés público. En esos términos, el público solo podrá leer aquello que el gobierno encuentre que merece ser informado.

Según la ley, cualquier información u opinión que pueda ofender a cualquier persona puede dar lugar a una sanción, incluso las caricaturas, que son la expresión por excelencia de las opiniones. Por esta razón, hay diarios que han debido 'rectificar' caricaturas que ofendieron a importantes servidores públicos.

Los medios deben abrir un espacio para que en sus sedes puedan operar funcionarios elegidos por agencias estatales que tienen, según la ley, la función de 'defender a las audiencias'. Los periodistas que incomodan a las autoridades con sus críticas e investigaciones son usualmente estigmatizados por los más altos funcionarios públicos, valiéndose de un poderoso conglomerado de medios administrados por el Ejecutivo e incluso pueden terminar condenados penalmente a varios años de cárcel o a indemnizaciones millonarias a favor de los funcionarios que se sintieron ofendidos.

La ley sanciona duramente a los medios que publiquen información reservada como, por ejemplo la que se conoció gracias a las filtraciones de Snowden o Assange. En fin, comprenderá que en esas condiciones el ejercicio libre del periodismo en Ecuador es realmente muy difícil. Esperamos que las autoridades atiendan nuestras recomendaciones”.