En los últimos siete meses, el gobierno del presidente Rafael Correa cerró el círculo legal con el cual el poder político en el Ecuador puede controlar y sancionar a la prensa independiente.

Entre junio del 2013 y enero pasado, el oficialismo logró poner en vigencia dos leyes orgánicas (Comunicación y Código Integral Penal), dos reglamentos (el de aplicación de la Ley de Comunicación y otro que regula el papel de las ONG), y se designó a las autoridades encargadas de monitorear, crear normativas y aplicar sanciones a todos los medios de comunicación.

La severidad con la cual se vigila a la prensa privada calificada por Correa de corrupta y mercantilista es distinta a la comodidad con la que trabaja la prensa estatal compuesta por medios públicos, oficiales, incautados-, abiertamente alineada con la denominada revolución ciudadana.

Es preciso hacer un poco de cronología. Si entre agosto del 2009 y mayo del 2013 al oficialismo se le hizo imposible aprobar la Ley Orgánica de Comunicación, a la Asamblea que se posesionó en mayo del 2013 le tomó un mes conseguirlo.

La razón: en las elecciones presidenciales y legislativas de ese año, Alianza País obtuvo mayoría absoluta en la Asamblea, con lo cual el bloqueo de cuatro años de la oposición fue neutralizado. De esta manera, se dejó de lado toda la preocupación internacional por el contenido de esa ley y sus alertas sobre la posible inobservancia de estándares mundiales sobre la libertad de expresión y de prensa. Así, la nueva Ley de Comunicación abrió espacios discrecionales para que el poder político controle y sancione a los medios, reforzando el ambiente de autocensura en el periodismo al crear figuras como el llamado ‘linchamiento mediático’ y la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom).

Desde junio pasado, tras la vigencia de la ley, se nombró al Consejo de Regulación de la Comunicación, con cinco miembros, de los cuales cuatro tienen vínculos con el oficialismo. De igual forma, se eligió a Carlos Ochoa como superintendente de la Información, hombre crítico de la prensa privada y quien por varios años fue el jefe de noticias de Gamatv, uno de los canales incautados que el oficialismo controla.

Mientras el Consejo de Regulación completa la normativa para aplicar esta ley, Ochoa puede de oficio vigilar y amonestar a los medios. La primera sanción económica que la Supercom impuso contra un medio fue, precisamente, el viernes 31 de enero cuando multó a diario El Universo con el 2% de su facturación promediada en los últimos tres meses (más de USD 90.000), por haber permitido la publicación de una caricatura, en el espacio de opinión, con información que, a criterio de Ochoa, no fue verificada y que afecta el principio de presunción de inocencia. Es decir que la primera sanción económica de la Supercom fue por una pieza de humor. Las críticas nacionales e internacionales no se hicieron esperar.

En junio pasado, el Gobierno expidió el llamado Decreto 16. Este instrumento obliga a todas las organizaciones sociales, internacionales y ONG que operan en Ecuador a someterse a un registro ante el Gobierno, a través del cual estas entidades están limitadas para realizar lo que el Régimen considera como “actividades políticas”. Uno de los primeros resultados de este Decreto 16 es que por ejemplo la organización Fundamedios, entidad encargada de monitorear el ejercicio de la libertad de prensa en el país, pasó a ser controlada por la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom). Fundamedios ha sido particularmente crítica con el papel de esta entidad, por considerarla el brazo ejecutor de la política anti medios que en su criterio libra el Gobierno.

Hace pocas semanas, el Gobierno expidió el reglamento de aplicación de la Ley de Comunicación que, entre otros temas, pone énfasis en la regulación de contenidos publicitarios y editoriales. En este documento se explica que las redes sociales y los contenidos de ciudadanos en la Internet no serán controlados, salvo que estos usen plataformas virtuales de medios de comunicación. Este reglamento también insiste en que los contenidos de opinión en los medios sobre asuntos de trascendencia pública no deben ser censurados ni sujetos de rectificaciones. Sin embargo, este principio contradice la resolución del superintendente Ochoa adoptó en el caso de la caricatura de Bonil, al obligarlo a rectificar.

En cuanto al nuevo Código Integral Penal, se mantienen las sanciones para los responsables de los medios que no proporcionen información requerida por las autoridades, sobre contenidos periodísticos relacionados o que deriven en procesos judiciales. Si bien es un artículo que data de 1971, la Federación Nacional de Periodistas lo considera atentatorio al principio de libertad de expresión, porque ‘reedita la penalización del periodismo’. Adicionalmente, este organismo dice que el Código Penal mantiene la penalización de la calumnia y la injuria cuando en otras legislaciones se ha traslado este delito al ámbito civil. Además porque se incluyen delitos como el pánico económico que, al ser penados, pueden restringir la libre circulación de información.

A este círculo legal cabe sumar otras resoluciones tomadas años atrás por el Gobierno, como el fin de la exención del IVA al papel periódico o la prohibición de que haya accionistas en los medios de comunicación vinculados al sector financiero. Todo ello generó un ambiente de desinversión económica en las empresas periodísticas. A inicios del 2010, la Ley de Participación Ciudadana ya definió al periodismo como un servicio público, buscando que los medios privados e independientes rindan cuentas ante las autoridades estatales del llamado Quinto Poder.

El panorama se completa con el permanente enfrentamiento que el presidente Correa libra en contra de la prensa independiente, a la cual critica con duros calificativos en sus enlaces sabatinos y cadenas nacionales por radio y TV. Esto sin contar la jurisprudencia que Correa ha sentado al interponer juicios millonarios como en el caso El Universo y contra los autores del libro ‘El Gran Hermano’, que tras ser condenados por la justicia por injuria calumniosa y daño moral, recibieron el ‘perdón’ presidencial y la anulación de las penas.