Si bien Panamá no registra las condiciones alarmantes de violencia de otros países en cuanto a riesgos para los periodistas, la situación es preocupante en virtud del estado que registra la libertad de expresión y el nulo acceso a la información pública.

Lo señalado es consecuencia del deterioro de la institucionalidad democrática a cuenta del proceder de Gobierno, el cual ha hecho letra muerta de la separación de los poderes del Estado. Al controlar el Legislativo, a través de una mayoría parlamentaria lograda mediante prácticas clientelistas, y la Corte Suprema de Justicia, con la designación de varios allegados como parte de esta, se ha roto el equilibrio y los contrapesos de caracterizan y definen un juego democrático participativo.

La clara intención del presidente de la República, Ricardo Martinelli, quien tiene vedado constitucionalmente su reelección inmediata es asegurar el continuismo político del oficialista partido Cambio Democrático, del cual es máximo dirigente.

El propósito mencionado pasa por la creación y reorganización de varias entidades y empresas estatales cuyos titulares, todos designados por el Presidente, verán extendidos sus períodos más allá de la próxima administración, a instalarse el 1 de julio de 2014 gracias a reformas legislativas que el gobierno de Martinelli ha impulsado en la Asamblea Nacional, que, como se dijo, está bajo su absoluto control.

La actitud intransigente del Gobierno ha ocasionado en estos años diferentes situaciones críticas de carácter público que, reprimidas con fuerza excesiva y desproporcionada, ha causado la muerte de varios ciudadanos, al igual que incontables heridos.

En marco tal, y a lo largo de esta administración, los medios independientes han asumido un rol de contrapeso del quehacer gubernamental que ha expuesto ante la opinión pública, además del carácter arbitrario de la administración, numerosos casos de corrupción en los que, invariablemente aparecen comprometidos familiares del gobernante, copartidarios, altos funcionarios de su Gobierno así como personas de su círculo más cercano.

La labor de la prensa independiente es vejada y cuestionada por el Gobierno, bajo el alegato de que esta es vocera de una oposición que conspira de manera orquestada y permanente contra “la estabilidad del país”.

Así, se ha dispuesto un cerco informativo ordenado públicamente por el propio presidente Martinelli que limita de manera severa el trabajo de periodistas y medios que buscan informar sobre las inversiones y gastos de las entidades estatales, en abierta violación de la legislación vigente sobre transparencia y acceso a la información pública.

Si bien bajo el actual gobierno se creó la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la instancia concentra toda su capacidad de acción en el titular de la entidad, sin que, a diferencia de instituciones similares, exista un organismo interno de contrapesos deliberativos que equilibre sus pronunciamientos o imprima dinamismo a sus actuaciones.

Pese a invocar de forma constante, incluso mediante presentación de habeas data, el derecho de acceso de la información púbica, este es desconocido de manera sistemática por el Gobierno. Al punto de que el mismo Jefe de Estado aceptó en una entrevista de televisión haber instruido a sus ministros para que no suministren información, convocar a conferencias de prensa o dar entrevistas a medios “opositores”.

Como es obvio, este blindaje informativo –instrumentado para resguardar a los funcionarios del escrutinio público– ha hecho aún más difícil el trabajo del periodismo investigativo por parte de medios independientes. Con todo, ha sido precisamente la labor de la prensa, la que ha hecho posible revelar numerosos casos de corrupción, lográndose, incluso, la reversión para el Estado de bienes que, de otra manera, hubieran terminado en robos escandalosos.

Las presiones contra el periodismo investigativo independiente contemplan también la discriminación en cuanto al otorgamiento de publicidad estatal, favorable, no obstante, a los medios afines al oficialismo, en violación de normas y prácticas establecidas universalmente relativas a las libertades de expresión e información.

En el sentido anterior, cabe señalar la adquisición, por parte del presidente de la República, reconocida por él mismo, de diferentes medios que le permiten hoy controlar un amplio conglomerado de impresos, estaciones de radio y canales de televisión. Dichos medios, con el obvio apoyo de pauta oficial, son utilizados tanto para la divulgación de las campañas políticas del oficialismo como para atacar con saña infamante a periodistas y medios independientes.

La actual administración utiliza la descalificación para desprestigiar, estigmatizar y linchar públicamente a periodistas y medios independientes, lo que corre a cargo del propio jefe del Ejecutivo y sus más cercanos funcionarios y allegados. Con frecuencia, esto se da a través de internet con la utilización de un call center gestionado por simpatizantes para oficiales del gobierno, conocidos como los “Gladiadores”.

En una conferencia de prensa en la que se ventilaban denuncias de corrupción en el gobierno, incómodo por la pregunta sobre el tema de un comunicador, el Presidente arremetió contra este haciendo público un problema personal del periodista. Los gremios del sector reaccionaron en solidaridad con el agraviado. Tres días después, el gobernante se disculpó, eso sí, diciendo que se él había sentido atacado, y que, “el que lleva, trae”

Una modalidad socorrida por la administración es el acoso fiscal, mediante la práctica de auditorías fiscales dispuestas por el gobierno contra de empresas o firmas de ciudadanos “opositores” (Guillermo Antonio Adames, ex presidente del Consejo Nacional de Periodismo y propietario de Omega Stereo; Fernando Berguido, ex presidente de la casa editorial La Prensa; Ebrahim Asvat, ex presidente del conglomerado periodístico El Siglo La Estrella).

Las represalias van desde la determinación de “alcances impositivos” millonarios por “evasión tributaria” (Roberto Eisenmann, fundador del diario La Prensa); la divulgación ilegal de declaraciones personales de rentas (Angélica Maytín, presidente Transparencia Internacional de Panamá); la destitución del cargo bajo la acusación de abuso de autoridad (Ana Matilde Gómez, hoy ex procuradora general de la Nación) o querellas impulsadas por el propio Presidente de la República (la opositora Balbina Herrera, ex ministra de Estado y ex candidata presidencial, por divulgar de correos electrónicos del mandatario con un imputado de varios delitos en Italia, entre ellos, corrupción internacional, presuntamente perpetrado en Panamá).

Contra el diario La Prensa han sido presentadas demandas que superan los 40 millones de dólares, entre los que hay personas del entorno gubernamental, que en algún momento han sido objeto de investigaciones periodísticas por supuestas acciones de corrupción.

Un resumen de La Prensa, con base en registros del Ministerio Público y el Órgano Judicial, da cuenta que en los últimos años fueron iniciados al menos 24 procesos contra 33 periodistas y medios de comunicación por supuestos delitos de contra el honor.

A manera de ejemplo del estímulo gubernamental a los acosos judiciales, en 2010 el entonces procurador general de la Nación se mostró por completo de acuerdo con la penalización de la calumnia y la injuria.

En octubre de 2011, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) consignó que los principales medios y periodistas independientes de Panamá “son objeto de algún tipo de amenaza”, intimidación, insulto o calumnia por parte de medios afines al Gobierno, tales son los casos de periodistas de TVN, La Prensa y La Estrella. En sus asambleas generales de los dos años siguientes la SIP reiteró su preocupación acerca de los embates gubernamentales contra la prensa independiente.

Y, al igual que la SIP, los pronunciamientos contra de esta política de Gobierno de negar información y de acometer contra periodistas de medios independientes, alcanzan a otras organizaciones, entre otras, como Reporteros Sin Fronteras, el Comité para la Protección de Periodistas; el Centro Simon Wiesenthal (organización judía internacional de derechos humanos con estatus de organización no gubernamental ante la ONU), así como organizaciones gremiales nacionales e internacionales.